La nueva ortodoxia

Hacía mucho tiempo que no se anunciaba una maniobra tan nacionalizadora como la de que el Estado español vaya a comprar el 10% de la gigantesca multinacional de las telecomunicaciones Telefónica. ¿Supone ese paso una excepción o es la nueva regla para reindustrializar los países y dotarlos de servicios públicos más potentes después de un cuarto de siglo de deslocalizaciones y de haberse demostrado su fragilidad ante acontecimientos como la pandemia de la covid? Esa es la cuestión.

En el último cuarto de siglo el sector público empresarial casi ha desaparecido del todo y las privatizaciones han formado parte del paisaje cotidiano. Hubo dos etapas de privatizaciones muy diferenciadas en España: las de los primeros Gobiernos socialistas hasta el año 1996, que tenían ante todo un carácter instrumental —reducir el déficit y la deuda pública— y que fueron privatizaciones parciales, sin perder el control de las empresas públicas. Los socialistas declaraban por aquel entonces no participar de la creencia de que las empresas públicas están peor gestionadas que las compañías privadas.

La segunda etapa, con los Gobiernos conservadores de José María Aznar, fue muy agresiva. Entre 1996 y 2003 se privatizaron unas 60 empresas, por un valor equivalente a casi el 7% del PIB. El Partido Popular se embarcó en una profunda dinámica de desmantelamiento del sector público empresarial que afectó a la participación estatal en los principales sectores económicos del país. Esas privatizaciones, en declaraciones del expresidente y de algunos de sus principales ministros, tenían un carácter ideológico finalista, como las de Margaret Thatcher, pero con una peculiaridad: a través de las mismas el PP tomó el control de una amplia parte de los resortes económicos del país. Concedió las presidencias ejecutivas de las todavía empresas públicas a personas de su máxima confianza para que terminaran la privatización y se quedaran al frente una vez realizada la operación corporativa. Muchos de estos capitanes de empresa no tenían experiencia de gestión alguna en los sectores en los que fueron elegidos: se les proporcionó la presidencia por su cercanía ideológica o incluso personal a los dirigentes del PP. De esta manera se produjo un proceso de connivencia entre la derecha política y la nueva derecha económica. Hay varios ejemplos que así lo atestiguan. Francisco González asumió el liderazgo del sector financiero público, con Argentaria al frente, y poco después, en una operación casi increíble, se fusionó con el Banco Bilbao Vizcaya, quedándose el pez pequeño con el grande: así se forjó el BBVA. Y en el caso de Telefónica, Juan Villalonga se quedó con la presidencia de esta empresa básicamente por ser compañero de pupitre de José María Aznar. Hay un largo etcétera de casos parecidos. Juan Bravo, responsable de Economía del PP en la actualidad, debería conocer estos precedentes cuando se opone a la entrada del Estado en Telefónica como movimiento de resistencia al capital saudí. La política de privatizaciones del PP es una de las facetas más turbias de su política económica.

Queda partido por jugar en el caso Telefónica. Cuando por fin se ejecute esa adquisición por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) quedarán aún dos operaciones muy significativas por delante. Está por ver si se autoriza la ampliación oficial del porcentaje de acciones de los saudíes al 9,9%. Y también hay que aclarar si continúan al frente de la multinacional José María Álvarez Pallete y su equipo.

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