Otra forma de medir el desempleo: las paradas de larga duración y baja formación soportan el 90% del coste social del paro

La tasa de desempleo en España es actualmente del 11,8% y refleja el número de personas sin trabajo del total de la población activa. Sin embargo, esta forma de medir el paro es meramente cuantitativa y no tiene en cuenta el impacto, medido en términos de pérdida de bienestar, que tiene en estas personas el hecho de no tener un empleo. El catedrático de la Universidad Pablo de Olavide e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Antonio Villar, junto con las investigadoras del Iseak, Sara de la Rica y Lucía Gorjón, han elaborado un indicador que mide el paro incorporando dicho impacto, calculando con ello lo que ha denominado “coste social del desempleo”.

Según este indicador, el estudio —que forma parte del programa de investigación en socioeconomía de la Fundación BBVA-Ivie— desvela un dato muy significativo que sería de enorme utilidad si lo manejaran quienes diseñan las políticas activas de empleo: los mayores de 45 años que llevan más de dos años en desempleo, no perciben prestación y tienen un nivel educativo medio-bajo, y son mayoritariamente mujeres, representan solo el 30% del total de parados pero soportan el 90% del coste social del desempleo.

Para medir dicho coste cualitativo del paro, este investigador interpreta el desempleo como una pérdida de bienestar (personal y social), que calcula partiendo de tres dimensiones: su incidencia (número de parados); su severidad (que es una función creciente de la duración media del desempleo y la renta perdida durante ese tiempo); y la histéresis (probabilidad de que el parado siga en situación de desempleo tras perder su trabajo).

Así, para calcular el coste social del desempleo, el estudio estima la renta que cada trabajador ha perdido por estar desempleado, determinando la diferencia entre el salario que obtendría si tuviera un empleo y el importe de la prestación o subsidio por desempleo —si lo hubiera— o la carencia de rentas. Una vez hecho esto se estima la pérdida completa del bienestar de cada parado extendiendo toda esa pérdida de renta a todo el periodo que permanece sin trabajo. Sus cálculos ponderan además dicha diferencia de ingresos con lo que supone para los perfiles de desempleados: “No es lo mismo dejar de ingresar 1.000 euros para unas personas que para otras”, explica Villar. De esta forma, “el coste social del desempleo se establece con la suma del total de las rentas perdidas por todas las personas desempleadas”, recoge el estudio. Es este cálculo, por tanto, es el que indica que siendo solo un tercio del total de los parados, las desempleadas poco formadas de muy larga duración sufren el 90% de esta pérdida de rentas.

Reducir la tasa de paro no basta

Con esta forma de medir el paro, el autor de la investigación asegura que pretende lanzar dos mensajes. El primero es que “la caída de la tasa de paro no ha sido suficiente para compensar la pérdida de bienestar de quienes acumulan mucho tiempo en el desempleo”. De hecho, aunque la tasa de paro ha bajado de casi el 27% en 2012 al 11,8% actual, más del 41% de los 2,8 millones de personas desempleadas son hoy en día parados de larga duración (más de un año sin empleo); y un 28% han permanecido paradas más de dos años. De todos ellos, dos terceras partes no reciben ayudas por desempleo.

Además, de este estudio se extrae otra conclusión: que la enorme diversidad de situaciones que se observan cuando se analiza el impacto del paro, tanto por tipo de persona desempleada como entre comunidades autónomas, hace que los resultados de la medición del desempleo “tengan un escaso valor informativo”. Esto lleva al segundo mensaje que lanza Villar y que consiste en que las instituciones y el mundo académico “deberían abordar el problema de la medición del desempleo con indicadores más informativos”. Esto permitiría el desarrollo de políticas públicas de fomento del empleo “diseñadas a medida” y centradas en los colectivos más vulnerables.

En este sentido, un ejemplo del desajuste entre la tasa de paro y el coste social del desempleo, que aconseja modificar la forma en la que se mide esta variable, lo muestra el hecho de que las mayores tasas se encuentran en Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Baleares, mientras que las que menos paro sufren son Navarra, Madrid y Aragón. Sin embargo, atendiendo a la clasificación que mide el coste social del desempleo, las regiones con mayor coste son Andalucía, Asturias y País Vasco; y Baleares es la que cuenta con menor coste social. “Esto se debe a que esta última comunidad es la región en la que la duración media en el desempleo es notablemente inferior al resto. El País Vasco, por el contrario, cuenta con una duración media del desempleo superior a la del resto de regiones y una pérdida salarial por la falta de empleo mayor (los salarios son más altos en esta comunidad), por ello, estas dos variables explican que su coste social del desempleo sea el más alto, pese a tener una de las tasas de paro más bajas”.

En este escenario, Villar concluye que “hace falta una nueva forma de medir el desempleo, que tenga en cuenta no solo la tasa de paro sino también la duración del tiempo que se está en paro y la renta perdida por las personas desempleadas”. Solo así, añade este catedrático, “se tendrá una visión precisa de las implicaciones de este problema social y una base adecuada para diseñar las políticas para combatirlo y valorar sus efectos”.

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