Investigado el paraíso fiscal de los embalses en Portugal

La multinacional EDP siempre fue más que una empresa de energía en Portugal. Su buena relación con el poder se mantuvo después de ser privatizada en sucesivas oleadas que duraron quince años. La salida definitiva del Estado luso abrió la puerta a la empresa China Three Gorges, que se convirtió en accionista mayoritario en 2011. Las relaciones entre la energética y el poder político no siempre fueron por el camino recto: el antiguo presidente de EDP, António Mexia, y el presidente de EDP Renovables, João Manso Neto, son “arguidos” (sospechosos) en cuatro casos de corrupción activa que supuestamente beneficiaron al exministro de Economía, Manuel Pinho, durante el Gobierno socialista de José Sócrates, y a otros tres altos cargos. Una de las ramificaciones de este proceso que se investiga desde hace 12 años se está juzgando estos días en Lisboa y tiene como acusados a Pinho y su esposa, además de Ricardo Salgado, el otrora todopoderoso presidente del Grupo Espíritu Santo (GES). El exministro recibió durante años cerca de 15.000 euros mensuales del GES, que ingresaba en una cuenta offshore. Pinho ha reconocido en público el fraude fiscal, pero no la corrupción.

En paralelo, la Fiscalía investiga si se cometió otro fraude fiscal en la venta de los seis embalses de EDP en el Duero a un consorcio liderado por la francesa Engie por 2.200 millones de euros a finales de 2020. En esta operación, la empresa, que necesitaba sanear sus cuentas, ingresó una cantidad que no estaba muy lejos de lo que había ingresado el Estado portugués en la última privatización (2.693 millones) y se benefició de importantes exenciones fiscales. “En nuestra opinión tendrían que haber pagado el impuesto del sello [grava el timbre de actos jurídicos documentados] y el impuesto municipal de transmisiones, estamos hablando en total de unos 200 millones de euros”, defiende Vítor Bernardo, concejal de la Cámara Municipal de Miranda do Douro, donde se ubica uno de los pantanos y que batalla desde hace años contra estos beneficios tributarios.

“La operación fue hecha con un esquema fiscal agresivo para hacer parecer a la administración que era una reestructuración empresarial”, sostiene por teléfono. EDP y Engie crearon otras empresas para realizar la venta, rechazada por los técnicos de la Agencia de Medio Ambiente en julio de 2020 por su dudoso interés público. En su informe, contrastaban el desequilibrio entre el valor que EDP atribuía a sus explotaciones en el Duero a la hora de venderlas y el que les había atribuido en 2007 cuando se negoció la ampliación de las concesiones con el Ministerio de Economía, entonces en manos de Manuel Pinho. Los tres pantanos del tramo internacional del río se valoraron en 78 millones de euros frente a los 1.722 millones de evaluación para la venta en 2020.

Manuel Pinho ha negado en recientes entrevistas que hubiese beneficiado a EDP durante su etapa de ministro, entre 2005 y 2009. Lo cierto es que bajo su mandato la energética logró prórrogas de la explotación hidráulica que revalorizaron los embalses, que se habían construido durante la dictadura tras un acuerdo entre los dictadores Salazar y Franco, que se atribuyeron tres pantanos en el tramo internacional del Duero para cada país. El final de la concesión de las infraestructuras portuguesas estaba fijado para 2029. En la etapa de Pinho, EDP logró extenderlas hasta 2063, en algunos casos.

Una de las negociaciones más llamativas fue la concesión del aprovechamiento hidroeléctrico del Baixo Sabor durante 75 años, desde 2015 a 2090, sin que EDP tuviese que realizar ninguna contrapartida al Estado portugués por el uso privativo de bienes de dominio público. A la hora de la venta en 2020, se evaluó en 222 millones de euros. A pesar de la opinión contraria de sus técnicos, el ministro de Medio Ambiente de entonces, João Pedro Matos Fernandes, dio luz verde a finales de 2020 a la venta de los pantanos de EDP. “El ministro falló al autorizar el negocio sin defender el interés público”, opina José Maria Pires, integrante del Movimiento Tierra de Miranda.

La operación sumó ahorros tributarios, que se agregaban al que ya beneficiaba a los embalses portugueses desde 2016, tras ser eximidos de pagar el Impuesto Municipal sobre Inmuebles (IMI) por la Agencia Tributaria. Las 166 centrales hidroeléctricas en Portugal comenzaron a disfrutar de un particular paraíso fiscal en sus localidades que dura una década, ya que la decisión tuvo carácter retroactivo y obligó a algunos de los 88 ayuntamientos afectados a devolver lo que habían cobrado los cuatro años anteriores. “Todos reconocen ahora que ese despacho violó la ley y también violó un parecer del Consejo Consultivo de la Procuradoría General de la República de 2005 que la Agencia Tributaria estaba obligada a cumplir”, denuncia el Movimiento Tierras de Miranda, el colectivo social que comenzó la lucha contra los beneficios fiscales de EDP y Movhera, la empresa que ahora explota los seis embalses del Duero.

Después de sucesivas protestas, apoyadas por el Partido Social Demócrata (centroderecha) y el Bloco de Esquerda, el actual Gobierno socialista comenzó a dar pasos para revertir la situación. En febrero el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, Nuno Santos Félix, firmó un despacho donde ordenaba a la Agencia Tributaria que cobrase el impuesto municipal por los embalses. En agosto, ante la falta de ejecución de su orden, firmó un segundo despacho para reiterar su petición. La oposición exigió la comparecencia de Nuno Santos y la directora de la Agencia Tributaria, Helena Borges, para explicar sus discrepancias. “No aceptamos y no comprendemos esta injusticia y por qué EDP continúa teniendo una situación de privilegio en este país”, criticó la coordinadora del BE, Mariana Mortágua.

En la Asamblea, la directora de la Agencia justificó el retraso por la necesidad de comprobar si todos los 166 aprovechamientos hidroeléctricos están sujetos al pago del impuesto de inmuebles. Los municipios afectados han reclamado que se agilice el cobro para evitar que prescriba la liquidación de 2019. “Nuestra principal reivindicación es que las poblaciones se beneficien del dinero que generan los pantanos”, señala José Maria Pires, que compara la filosofía extractivista de los embalses del Duero con la que se aplicó en la construcción de la gigantesca presa de Cahora-Bassa, en Mozambique, cuando era colonia portuguesa.

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