Golpe a Apple: el abogado la UE pide anular la sentencia que eximió el pago de 14.300 millones de impuestos en Irlanda

Bruselas ha encontrado un aliado en el abogado general de la UE para su batalla contra los multimillonarios beneficios fiscales que Apple obtuvo de Irlanda. El abogado Giovanni Pitrucella rechaza la sentencia del Tribunal General de la UE que tumbó la reclamación de Bruselas a Apple por 14.300 millones de euros en impuestos impagados en Irlanda entre 2007 y 2014 gracias a los beneficios fiscales que ese país ofrecía la multinacional estadounidense y que la Comisión Europea considera que son ayudas de Estado ilegales. Ese fallo está recurrido ante el máximo tribunal comunitario, el TJUE, y en su informe previo Pitrucella le pide que lo anule y vuelva a juzgarse desde el principio.

“El Tribunal General incurrió en una serie de errores de derecho al declarar que la Comisión no había demostrado de manera suficiente que las licencias de propiedad intelectual de Apple Sales International y Apple Operations Europe [dos filiales del gigante tecnológico] y los beneficios correspondientes, generados por las ventas de productos Apple fuera de los Estados Unidos, debían atribuirse a efectos fiscales a las sucursales irlandesas”, explica el comunicado emitido por los tribunales europeos este jueves. Esta exposición lleva al abogado general Pitrucella a concluir que “es necesario que el Tribunal General proceda a una nueva apreciación del asunto.

Las conclusiones del abogado general, que la mayor parte de veces coinciden con lo que decide finalmente el TJUE, resucitan las esperanzas del Ejecutivo comunitario de vencer en el caso más emblemático y de mayor cuantía económica de los que tiene abiertos en su batalla contra los regímenes fiscales ventajosos para las empresas que crean capitales como Dublín.

Ya hace nueve años que el poderoso departamento de Competencia de la Comisión Europea puso en marcha esta pelea al concluir que el régimen fiscal que Irlanda aplicaba a Apple eran ayudas de Estado. Abrió entonces una investigación que concluyó en 2016 declarando que entre 1991 y 2014 el gigante tecnológico estadounidense se había beneficiado de una situación tributaria que distorsionaba la competencia y reclamaba a Irlanda que le exigiera a la empresa el pago de 14.300 millones no tributados entre 2007 y 2014.

Tanto la empresa como Irlanda, país con acuerdos fiscales similares con otras grandes empresas tecnológicas, rechazaron esta decisión y la recurrieron ante los tribunales con sede en Luxemburgo. En primera instancia, la decisión de los jueces les sonrió. El Tribunal General de UE falló que la Comisión Europea no había demostrado que Irlanda diera una ventaja competitiva al gigante norteamericano mediante pactos fiscales. Ahora, en cambio, es el abogado general el que opina que son estos magistrados los equivocados y tienen que volver a juzgar el asunto.

El caso de Apple e Irlanda es el mayor de los que ha abierto Bruselas contra los regímenes fiscales que otorgan varios países de la UE a grandes compañías para que se instalen en su territorio. De hecho, la decisión de Bruselas provocó en 2016 que el Tesoro de Estados Unidos acusara al Ejecutivo comunitario como una “autoridad fiscal supranacional”. Además de la isla británica, otros como Países Bajos, Luxemburgo o Bélgica tienen litigios abiertos por situaciones similares, aunque con mecanismos distintos.

Uno de los problemas con los que choca el mercado interior en la UE es la falta de una armonización fiscal entre los distintos países. Eso permite tratamientos tributarios distintos a las empresas en los Estados miembro e, incluso, una competencia fiscal a la baja entre países para atraer sedes de multinacionales y, por extensión, los beneficios que conlleva: empleo, recaudación o efectos tractores sobre la economía (investigación, formación...).

Para evitar esa carrera entre países y mantener el juego limpio –y al mismo tiempo lograr cierta armonización fiscal por una vía indirecta– Bruselas emprendió hace años una batalla contra este tipo de regímenes fiscales. Hasta ahora, la pelea del Ejecutivo comunitario se ha saldado con más derrotas que victorias: una de ella fue, por ejemplo, el tratamiento que Luxemburgo daba a Fiat (ahora parte del grupo automovilístico Stellantis). En noviembre, el TJUE dio la razón a la empresa y al Gran Ducado y anuló la reclamación de la Comisión de que se recuperaran 30 millones de euros en impuestos no pagados. El mismo destino corrió, esta vez en el Tribunal General, una reclamación sobre Starbucks y los Países Bajos, aunque esta decisión no es firme.

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