Amenazas empresariales fuera de lugar

Causa estupor la destemplada reacción de destacados directivos empresariales ante la propuesta de la coalición PSOE – Sumar de “readaptar y mantener” los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas una vez que expire su periodo de aplicación en 2023 y 2024. Unos gravámenes que han proporcionado unos 3.000 millones de euros a las arcas públicas, en su primer ejercicio, según indicó con lógica satisfacción la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Los gravámenes fueron aprobados el pasado diciembre por la Ley 38 /2022, ante las expectativas de mayores beneficios de las energéticas y entidades de crédito por la subida de precios tras la invasión de Ucrania. El propósito de la norma es aumentar los recursos de la acción pública para sostener a los más desfavorecidos.

La mencionada ley justifica los gravámenes exclusivamente en los principios de la Constitución: “España se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho”; “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo (...) sean reales y efectivas” y se garantiza que el Estado podrá planificar la actividad económica para “atender las necesidades colectivas y estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución”, entre otros.

La realidad es que los beneficios bancarios baten récords. CaixaBank y Sabadell, por ejemplo, han ganado más en nueve meses que nunca en todo un año. La causa principal ha sido la subida de los tipos de interés que han trasladado plenamente a las hipotecas y mínimamente a la remuneración de los ahorros. Las entidades de crédito reciben además un trato privilegiado del banco central que les retribuye los depósitos al 4%, mecanismo por el que logran una tercera parte de sus beneficios. Por otra parte “el impacto anual estimado del gravamen apenas representa un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades de españolas”, según el Dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, de noviembre de 2022.

También han sido fabulosos los beneficios de las energéticas Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, que en 2022 aumentó sus ganancias en un 70% hasta 4.251 millones y en los nueve primeros meses de 2023 ha obtenido los segundos mejores de su historia. Beneficios que conviven con una subida de la pobreza energética, que ya alcanza al 17% de las familias, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

Resultados excelentes que revelan que ambos sectores son los más privilegiados de la sociedad española gracias en parte a una favorable regulación.

En este escenario resultan fuera de lugar los calificativos y amenazas en que están coincidiendo destacados ejecutivos empresariales. Es difícil justificar que se trata de un gravamen “ilegal, discriminatorio y anticonstitucional”, y sobre todo la amenaza de llevar las inversiones a otros países si se mantiene la contribución. Palabras que confirman el injusto desequilibrio existente entre estas empresas y sus usuarios, pues estos no pueden optar por irse del país. La Constitución es para todos.

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