Economía suspende la licencia de la filial de seguros de Herrero Brigantina

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía ha revocado la licencia a la filial de correduría de seguros del conglomerado financiero leonés Herrero Brigantina, según confirman a EL PAÍS fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño.

El Ejecutivo puso bajo el foco el pasado marzo a esta corporación, que ha anunciado su salida a Bolsa, después de que una investigación de este diario revelara irregularidades como usar sin permiso para colocar sus productos de inversión el aval de las aseguradoras Axa y Plus Ultra. Con estas tretas, el grupo recaudó presuntamente 40 millones de euros entre 2021 y 2022 con soluciones que prometían una rentabilidad de hasta el 50% en 10 años.

El supervisor ha detectado ahora supuestas anomalías contables en el área de seguros, un “incumplimiento sistemático” de las normas del gobierno corporativo y “falta de comunicación” de cambios en la propiedad de la sociedad que opera como correduría, según Economía.

Junto a las pólizas, Herrero Brigantina también comercializa soluciones de inversión, planes de pensiones, hipotecas y préstamos con los que asegura haber captado a 35.000 clientes —pymes, autónomos y familias— en Europa.

El Ministerio de Economía ha notificado por burofax su decisión de revocar la licencia a esta compañía fundada en 2011 por el economista Juan González Herrero. “Herrero Brigantina carece de medios electrónicos de comunicación”, destacan desde el supervisor, que añade que esto representa otra irregularidad de esta corporación que dice tener una treintena de oficinas en España y sedes en Londres, París, Miami, Ámsterdam y Hong Kong.

En el marco de sus pesquisas, la Dirección General de Seguros ya señaló a seis firmas del conglomerado por no estar autorizadas a operar como aseguradoras o empresas de distribución de seguros.

Con la batalla administrativa como telón de fondo, decenas de clientes han presentado en el último año demandas para recuperar sus inversiones contra este grupo que decía haber facturado 56,4 millones en 2022 y que está siendo investigado por estafa por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Los inversores, que llegaron a desembolsar hasta 300.000 euros por persona, denuncian que no han logrado rescatar su capital tras comunicar el desbloqueo con un preaviso de 30 días.

Números rojos

En su pugna en los tribunales, los ahorradores se están topando con la dificultad de embargar cautelarmente los fondos de la corporación leonesa para recuperar su dinero. Así, el Juzgado de Primera Instancia 22 de Sevilla dictó el pasado mayo una orden para retener 60.498 euros de dos sociedades del grupo: Herrero Brigantina Servicios Crediticios SAU y NAIBC Servicios Crediticios SA.

El embargo no pudo efectuarse porque las cinco cuentas bancarias asociadas a estas firmas arrojaban unos saldos mínimos, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario.

Una cuenta vinculada a Herrero Brigantina Servicios Crediticios Sau registraba el pasado 31 de diciembre un descubierto de 29.735 euros. El saldo de los otros depósitos en la misma fecha era de menos 43; 14; 6 y 0 euros, respectivamente, según los documentos.

“Los números de cuenta y saldos son confidenciales y están amparados por la normativa de protección de datos. Trasladar esa información de forma sesgada compromete nuestro secreto profesional. Y da por supuesto que los activos de esas empresas descansan en esos saldos”, responde Herrero Brigantina, una firma a la que el Financial Times situó en 2021 en el puesto 149 de las 1.000 empresas europeas que más rápido crecían

La corporación leonesa añade que pagará el dinero que adeuda a decenas de clientes. “Nos encontramos en un proceso de negociación muy avanzado con partners de valor (sic) llevado a término antes de final de año que redundará en una importante inyección de liquidez”, sostiene el grupo.

Sin embargo, resoluciones judiciales recientes apuntan a que la firma ideó un entramado societario para mover su capital. “Los hechos probados indican que, mediante una compleja maraña contractual, el Grupo Herrero Brigantina obtenía fondos de clientes para su inversión”, recoge una sentencia del pasado cuatro de septiembre del Juzgado de Primera Instancia 9 de Salamanca contra cuatro mercantiles del conglomerado. La resolución aprecia que el esquema mercantil recurrió a “sociedades interpuestas” y señala “una actuación para eludir responsabilidades”.

Un año antes, otro juzgado de Salamanca ya solicitó indagar si el conglomerado derivó fondos de los inversores a ampliar la red de oficinas, “rescatar y retribuir a clientes anteriores” y conseguir el “beneficio particular” de los directivos.

Bajo el foco de la sospecha se encuentran soluciones de inversión de Herrero Brigantina como el Top 25, un unit linked —seguro de vida cuya prima se invierte en una cartera de fondos— que ofrece un 25% de rentabilidad en cinco años y con el que la firma ingresó supuestamente 13 millones en tres meses. Se trata de una solución que se encuentra fuera del radar de supervisores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y cuyo control depende de la Dirección General de Seguros (Ministerio de Economía).

investigacion@elpais.es

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