La OCDE recomienda a España subir los impuestos a los carburantes

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vuelve a poner sobre la mesa un asunto espinoso en materia tributaria: la fiscalidad de los carburantes. En su último informe sobre reformas económicas Going for Growth 2023, publicado este martes, recomienda a España subir los impuestos que gravan los combustibles “para reflejar mejor las emisiones de CO₂”. La medida, añade, debería ir acompañada de un esquema redistributivo para compensar a los hogares más vulnerables, que en proporción sobre su renta sufrirán más el incremento.

No es la primera vez que el organismo multilateral aconseja a España revisar al alza su tributación medioambiental. Ya antes de la pandemia, la institución animó en varias ocasiones a Madrid a elevar los impuestos verdes y en particular a equiparar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina, una cuestión que aún no ha logrado abordarse. Los motivos de la sugerencia son diversos y no se limitan a la dimensión recaudatoria, puesto que la aportación de los impuestos verdes a los ingresos públicos está por debajo del 2% del PIB y de la media europea. Para la OCDE, una subida reflejaría mejor el coste medioambiental de las emisiones dañinas, contribuiría a reducirlas y financiaría la transición ecológica.

La OCDE tampoco es la única voz de peso que ha instado a España a subir los impuestos verdes. También el FMI considera que hay margen para elevarlos. Y las recomendaciones del informe de expertos para la reforma fiscal, publicado el año pasado, proponían medidas para recaudar 15.000 millones más en fiscalidad medioambiental a través de subidas fiscales a los carburantes y la equiparación de la gasolina al diésel, entre otras. A la vez, sugerían diseñar políticas redistributivas para resarcir a los más vulnerables.

El estudio que publica este martes el think tank con sede en París analiza la reformas que sus socios —y otros países seleccionados— han implementado e incluye una serie de recomendaciones para cada uno de ellos en función sus puntos débiles. La principal prioridad reformista que identifica para las economías avanzadas pasa por las llamadas políticas de transición verde, que se han convertido en uno de los desafíos más complejos y urgentes de esta época. Hay, sin embargo, otros desafíos, que agrupa en cuatro pilares: mejorar el diseño y la gestión de los programas de apoyo en tiempos de crisis; eliminar los obstáculos a la utilización eficaz de los recursos; avanzar más rápido hacia la descarbonización y aprovechar al máximo la transformación digital como motor del crecimiento de la productividad”.

La invasión rusa de Ucrania ha hecho aún más empinada la cuesta hacia la descarbonización, al menos en el corto plazo. La fuerte subida del precio del gas causada por el conflicto, que se ha contagiado rápidamente al resto de la economía, desatando una dinámica inflacionaria inédita desde los años ochenta, ha llevado a los Gobiernos a aprobar medidas de apoyos a hogares y empresas no siempre compatibles con los objetivos de emisiones cero marcadas para el futuro. España, al igual que otros países, aprobó al inicio de la crisis bonificaciones al carburante y sigue manteniendo rebajas fiscales a los suministros eléctrico y gasista, unas políticas que han sido tachadas de contraproducentes porque, en lugar de desincentivar el consumo energético, lo favorece.

“El precio de las emisiones es un elemento clave de cualquier paquete de políticas ambicioso para acelerar el ritmo de la descarbonización. Poner un precio a las emisiones desalienta la producción y el consumo de bienes con alto contenido de carbono y estimula la innovación y las inversiones en tecnología con bajas emisiones”, subraya la OCDE en su informe, en el que también recomienda a España acelerar los planes de inversión en materia de ahorro energético, renovación de edificios y transporte sostenible.

Reducir las diferencias regulatorias entre regiones

La OCDE identifica otras áreas en las que considera mejorable el desempeño de España. Entre ellas, las normativas dispares entre regiones “en algunos sectores, como los servicios profesionales y el comercio”, que en su opinión dificultan la expansión de las empresas emergentes. También cree que las diferencias entre territorios generan “impedimentos” a la movilidad laboral, y aconseja asegurar “la plena portabilidad” de las ayudas regionales, por ejemplo, a la vivienda, para que los residentes que se mueven de una comunidad a otra no pierdan los beneficios que tienen reconocidos. En la misma línea, defiende la eliminación “gradual” de las distintas regulaciones existentes en función del tamaño de las empresas.

El informe también destaca la baja productividad de España —86,3 dólares por trabajador en 2022 frente a los 89,1 dólares de la media del bloque—, el alto porcentaje de paro femenino, la existencia de ineficiencias administrativas que dificultan el correcto funcionamiento de las políticas dirigidas a reducir la desigualdad y la elevada tasa de pobreza entre la población joven. Unas dificultades ante las cuales lanza distintas propuestas, desde ofrecer más apoyo público a la educación y el cuidado de la primera infancia a la reforma de los beneficios fiscales para eliminar los desincentivos para que las mujeres participen en el mercado laboral. La institución también detecta brechas en el ámbito tecnológico, por lo que propone una mayor colaboración público-privada y el desarrollo de programas de capacitación dirigidos a trabajadores poco calificados y de mayor edad.

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