Los ministros europeos y latinoamericanos buscan concretar inversiones prometidas por la UE

La Unión Europea y los países latinoamericanos quieren traducir a hechos concretos los 45.000 millones de euros que el bloque comunitario prometió en inversiones en la cumbre de líderes el pasado julio. Los ministros de Economía y Finanzas de ambas partes se reúnen este viernes en Santiago de Compostela para poner letra a la música que sonó en Bruselas hace dos meses. Fuentes de la propia organización del encuentro así lo apuntan, y señalan que es el momento de ir aterrizando lo que el propio presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva, calificó como “tremendo éxito” nada más acabar aquel encuentro.

El objetivo es dar un paso más en la hoja de ruta diseñada en la capital comunitaria en la Cumbre UE-Celac, en la que se acordaron cerca de 130 puntos sobre los que ambos bloques debían comenzar a trabajar. Los ejes sobre los que desarrollarán las conversaciones versan sobre la promoción de la seguridad alimentaria, la lucha contra la deforestación en territorios como la Amazonia y la apuesta por las energías verdes.

Como ya sucediera en julio, el empeño que ha puesto la UE en este encuentro revela el interés recobrado del Viejo Continente por América Latina, empujado por la nueva situación geopolítica (por ejemplo, por la invasión de Ucrania por Rusia o la pujanza de China) y las necesidades de la transición medioambiental y digital (materias primas). Esta ocasión, la responsabilidad de la organización ha recaído en España, por ser el país que ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE, y otra vez las cifras vuelven a mostrar la inusual dimensión del encuentro: la reunión prevé la participación de 60 países de las dos regiones (los 27 de la UE y 33 de la Celac), que representan en torno al 14% de la población y el 21% del PIB mundial, según los datos de fuentes de la propia organización.

Pero todo no son buenas palabras entre la UE y Latinoamérica, donde han resurgido de nuevo las críticas al reglamento contra la deforestación de la UE, que entró en vigor a comienzos del verano. Este documento legal prohíbe la entrada en territorio comunitario de productos confeccionados con madera procedentes de zonas deforestadas. La medida, argumentan los propios responsables europeos, busca frenar la deforestación en el mundo y que la industria europea compita en condiciones de igualdad en su propio mercado. Pero desde la otra parte se apunta que esta actuación, igual que otras como la del control del carbono en frontera, se ven como medidas proteccionistas y, en cierto modo, coloniales.

Reducir la pobreza

En un texto difundido por el Ministerio de Exteriores brasileño se criticaba que la norma cuenta con un “carácter punitivo y discriminatorio”. “Los pequeños productores pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos”, indicaba la carta. Ese documento lo suscribieron 10 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), a Indonesia (que cuenta con uno de los mayores bosques tropicales del mundo), Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia.

La inversión prometida por la UE en julio surgió como una visión para tratar de reducir el impacto de la pobreza y la desigualdad en el territorio latinoamericano, azotada por ambas problemáticas. La región de América Latina y el Caribe cuenta con el mayor nivel de desigualdad del mundo, según los datos de CAF, que apuntan a que su índice de Gini es un 15% superior a la segunda región más desigual, África Subsahariana, superando el dato del 45%. El índice, que mide la desigualdad en un territorio, pone el barómetro entre el 0 (la perfecta igualdad) y el 100 (la máxima desigualdad).

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