El Gobierno lanza un nuevo paquete de ayudas de 560 millones para el coche eléctrico

El Ministerio de Industria ya tiene lista la convocatoria de ayudas a los proyectos del sector de la automoción para impulsar el desarrollo y la fabricación de coches eléctricos y conectados. Previsiblemente, la publicará este jueves en el BOE, aunque desde hace unos días el documento figura en su registro de ayudas públicas. Ascienden a 559,6 millones de euros, que se irán repartiendo en función de cómo vayan llegando y aprobando las diferentes solicitudes hasta agotar disponibilidad. Según consta en el documento al que ha accedido EL PAÍS, los interesados podrán presentar sus solicitudes entre el 16 de agosto y el 15 de setiembre.

Esta línea de ayudas aúna 344,4 millones en subvenciones y 215,2 millones en créditos blandos, con tipos de interés más favorables a los del mercado, y complementa la que abrió el Gobierno en junio por un importe de 837 millones de euros para proyectos vinculados con el desarrollo de toda la línea de negocio vinculada a las baterías. En este caso, Industria se centra en el vehículo propiamente dicho, aunque también dará ayudas a la investigación industrial en baterías o pilas de combustible (las que requieren el uso de hidrógeno como combustible). Esa línea de actuación, junto a la renovación de líneas de producción para coches eléctricos y conectados o de fabricación de componentes para vehículos, solo podrá ser financiable si la inversión presupuestada supera los 500.000 euros. En el caso del resto de líneas de ayudas —sistemas de recarga y de reciclaje de baterías y la fabricación de componentes de hardware o software para coches cero emisiones y conectados— el presupuesto financiable mínimo por proyecto ha de ser de 100.000 euros. Industria ha dividido las ayudas máximas según diferentes requisitos, pero nunca un proyecto podrá obtener más de 35 millones de euros en ayudas.

Una de las cuestiones que preocupaba a los fabricantes de coches y a las compañías del sector auxiliar era el periodo de ejecución de las ayudas. En la primera convocatoria del PERTE, algunos fabricantes tuvieron que descartar su presentación porque veían imposible asumir los plazos que fijaba el Gobierno. En este caso irán más allá de 2026. El texto explica que serán computables “inversiones y gastos” realizados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud de la ayuda y que los solicitantes podrán decidir si ejecutan sus planes comprometidos con ayudas en 40 o 70 meses, lo que permitirá ejecutar las inversiones hasta 2028. La compra de terrenos para crear nuevas instalaciones no se podrán tener en cuenta como inversión financiable.

Desde junio, técnicos del ministerio y el propio comisionado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del vehículo eléctrico (PERTE-VEC), José María López, han mantenido reuniones para explicar a las empresas las convocatorias. Las patronales del sector esperaban ver ese texto aprobado antes de que concluyera este mes, aunque el Gobierno ha tenido que esperar hasta el último momento por la dilación que ha sufrido la aprobación y posterior traducción por parte de la Comisión Europea del reglamento de excepción por categorías. Este nuevo marco ofrece mayor margen para conceder subvenciones con cargo a fondos comunitarios Next Generation sin la necesidad de que sean aprobadas por la UE.

Ayudas más simples tras el fiasco

Las dos últimas líneas de ayudas públicas que ha puesto este verano sobre la mesa el Gobierno intentan resolver el fiasco en que quedó la primera convocatoria del PERTE-VEC, que apenas gastó uno de cada cuatro euros y dejó sin usar casi 2.200 millones de fondos europeos. Las expectativas que tenían las compañías del sector del motor no se vieron correspondidas, sobre todo por la complejidad de los proyectos que se tenían que presentar, pero también por los calendarios de inversión que la Unión Europea limitaba a 2026. Ahora, al establecer como marco de las ayudas de Estado el reglamento de excepción por categorías, la convocatoria pierde, de hecho, la esencia del PERTE original: los proyectos que compiten por el subsidio estatal no deben comprender diferentes subproyectos, ni repartirse entre diferentes comunidades autónomas ni integrar pymes. El paradigma de aquella convocatoria fue la que lideró Seat, que presentó un proyecto tractor que reunía a unas 40 empresas con el objetivo de invertir un total de 10.000 millones de euros con instalaciones implicadas repartidas por buena parte del territorio español. La inversión más visible de aquella macroinversión fue la gigafactoría de Sagunto, una de las que Grupo Volkswagen tiene intención de levantar en Europa.

Ahora cada empresa puede solicitar ayudas por cada uno de sus proyectos individuales, incluso aquellas que consiguieron ayudas en aquella convocatoria, siempre y cuando renunciaran a alguna inversión porque veían que el calendario de inversión sujeto a las ayudas era imposible de cumplir. La planta de Almussafes (Valencia) de Ford o la gigafactoría de Envision en Extremadura, que sí tienen preparados proyectos para esta segunda oleada de ayudas, son dos claros ejemplos.

Las ayudas hasta ahora comprometidas no alcanzan, sin embargo, el compromiso total que asumió el actual ministro de Industria, Héctor Gómez. En un comunicado del pasado 21 de junio, su gabinete aseguraba que se gastaría en la segunda convocatoria del PERTE, con la línea de las baterías y la cadena de valor del vehículo eléctrico, 1.500 millones, a lo que les sucedería una tercera por un importe de 1.450 millones.

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