Insolidaridad de las grandes corporaciones

La concentración empresarial es imparable en todo el mundo. Un trabajo elaborado por los economistas Spencer Y. Kwon (Universidad de Harvard); Yueran Ma, (Universidad de Chicago) y Kaspar Ximmermann (Leibniz Institute for Financial Research SAFE) concluye que en Estados Unidos, “la concentración empresarial ha aumentado con persistencia durante los últimos 100 años”. Precisa que el 1% de las mayores empresas posee el 97% de todos los activos, frente al 72% de hace un siglo.

La intensa concentración empresarial ha proporcionado un inmenso poder a las grandes corporaciones que han utilizado para reducir drásticamente su contribución fiscal. El Observatorio Fiscal de la Unión Europea destaca el fuerte descenso del tipo del impuesto sobre los beneficios de las sociedades que ha pasado del 50% en 1985 al 21% en 2020. A la reducción de los tipos oficiales se une la práctica de las multinacionales de localizar sus beneficios en paraísos fiscales en lugar de declararlos donde operan.

Ante esta situación en 2021, en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), unos 130 países acordaron un mínimo del 15% en el impuesto de las sociedades y exigir a las 100 mayores multinacionales tributar parte de sus ganancias en los países donde actúan a partir de 2024. El acuerdo, que comportaba el veto a la implantación de nuevos impuestos digitales nació con muchas carencias para su aplicación. Hay que recordar que la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT, por sus siglas en inglés) había pedido un tipo del 25% como mínimo.

Estos días hemos visto que 138 países de la OCDE han alcanzado un nuevo pacto para concretar las medidas para la aplicación del 15%, pero al mismo tiempo han aplazado el veto a nuevos impuestos digitales un año más, hasta 2025. La medida golpea a países agobiados por la crisis como Sri Lanka, que además ha recibido presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que abandone su plan de introducir un impuesto a los servicios digitales con el que recaudaría 105,5 millones de dólares.

La actuación del FMI ha provocado una contundente carta dirigida a su presidenta Kristalina Georgieva, firmada por los co-presidentes del ICRICT, los economistas Jayati Ghosh y Joseph E. Stiglitz, y otros destacados miembros de la Comisión como Thomas Piketty, Gabriel Zucman y Eva Joly. La misiva recuerda que Sri Lanka, al igual que Pakistán, Kenia y Nigeria, no respaldó el acuerdo de 2021, por lo que considera “inaceptable” que se vea obligado a “renunciar a su derecho soberano a introducir una política fiscal”. Lo más inquietante es que el ICRICT señala que “es poco probable que el resultado actual de de las negociaciones fiscales de la OCDE genere ingresos significativos o sostenibles para los países en desarrollo”. La carencia de ingresos fiscales afecta a todos los países que tuvieron que endeudarse para paliar las últimas crisis, como el nuestro. La insolidaridad de las grandes corporaciones atenta a la estabilidad social de millones de personas.

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