La abogada de la UE ve legales las ayudas fiscales de Luxemburgo a Amazon

Adelanto de un nuevo revés para la política de competencia de la Comisión Europea: la abogada general de la Unión Juliane Kokott considera que Bruselas se equivocó al declarar que Luxemburgo había concedido a Amazon ayudas de Estado ilegales en forma de beneficios fiscales. Tras haber perdido el caso en primera instancia en 2021, la opinión publicada este jueves —que no es vinculante, pero que suele guiar a los jueces comunitarios— avanza un nuevo varapalo judicial para la autoridad comunitaria de la competencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El caso se remonta a una investigación abierta en 2014, que determinó que un esquema ofrecido por el Gran Ducado permitió al gigante del comercio electrónico ahorrarse de ingresar al fisco el 75% de sus ganancias en Europa entre mayo de 2006 y junio de 2014. Bruselas obligó a Luxemburgo a recuperar 250 millones de euros en impuestos que consideró que Amazon no pagó por haberse beneficiado de ese sistema fiscal, que estimó contrario a la libre competencia.

El sistema fiscal utilizado entre el Ejecutivo luxemburgués y la compañía tecnológica se estructuraba en torno al canon de licencia —el precio que paga una empresa a otra por el derecho de utilizar una propiedad intelectual— que una de las filiales del gigante tecnológico, con sede en Luxemburgo, le cobraba a su otra subsidiaria en la Unión. Los beneficios de esta, según Bruselas, se transferían casi íntegramente a la otra como canon por esos derechos. La clave era que, a mayor canon, menor cantidad a pagar en el impuesto de sociedades: entre los dos, hicieron un cálculo de este canon superior al que la Comisión Europea consideraba correcto, por lo que se ahorraron hasta 250 millones de euros.

Amazon y Luxemburgo interpusieron recurso de anulación frente la decisión de la Comisión ante el Tribunal General, que anuló la decisión en mayo de 2021. Basándose en las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Tribunal no llegó a la conclusión de que se hubieran determinado erróneamente los precios de transferencia (las cantidades establecidas para transacciones entre empresas de, por ejemplo, un mismo grupo). Los jueces comunitarios consideraron en primera instancia que la Comisión no había demostrado que se hubiese reducido artificialmente la carga fiscal como consecuencia de una sobrevaloración del canon.

Error en los criterios de cálculo

La Comisión recurrió aquella primera decisión judicial y, ahora, antes de que el TJUE se pronuncie, la abogada general recomienda al Tribunal que rechace el recurso. Los argumentos expuestos se basan, una vez más, en el cálculo del canon: la abogada recrimina a Bruselas que se basase exclusivamente en las directrices de la OCDE para su cálculo —más gravoso para la multinacional—, en lugar de tomar como referencia el derecho nacional del Gran Ducado. Este, señala, no hacía ninguna referencia a estas directrices.

“Como consecuencia de ese error, todas las demás observaciones contenidas en la Decisión de la Comisión adolecen también de errores de Derecho. Por consiguiente, el Tribunal General anuló acertadamente la Decisión ―si bien por otros motivos— al no haberse probado la existencia de una ventaja selectiva”, concluye la abogada.

De seguir la opinión emitida por la abogada, la sentencia del TJUE supondría un nuevo varapalo de los jueces comunitarios a la Autoridad de Competencia de la Unión en materia de ayudas de Estado. Se uniría así a la anulación, en julio de 2020, de la decisión de que Apple devolviera a Irlanda 13.000 millones de euros por ayudas de Estado ilegales. O a la sentencia del propio TJUE que anuló un dictamen de la institución dirigida por la danesa Margrethe Vestager, que consideraba ilegal el régimen belga de “ayudas extraordinarias” del que se beneficiaron al menos 35 multinacionales. Los jueces comunitarios también rechazaron en septiembre de 2019 el dictamen que obligaba a Starbucks a devolver 30 millones a los Países Bajos.

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