La justicia europea da la razón a Amazon, que se salvará de devolver 250 millones de euros a Luxemburgo

Nuevo varapalo de la justicia europea a la política de competencia de Bruselas. El Tribunal General de la UE ha anulado la decisión de la Comisión Europea de obligar a Amazon a devolver 250 millones de euros a Luxemburgo por presuntas ayudas de Estado ilegales. Los jueces consideran, una vez más, que el departamento dirigido por Margrethe Vestager no pudo demostrar que el entramado societario del gigante norteamericano en el Gran Ducado le permitiera reducir “artificialmente” su carga fiscal en la UE ni que esas prácticas constituyeran una ventaja respecto a la competencia. La
decisión mete presión a Bruselas para armarse con leyes que le permitan hacer frente a los agujeros fiscales que aprovechan las grandes tecnológicas para tributar menos. En especial, después de los golpes que supusieron las anulaciones de otras de decisiones sobre ayudas de Estado a Starbucks, Apple o un conjunto de multinacionales que aprovechaban ventajas fiscales en Bélgica.

La recuperación de las ayudas de Estado se ha convertido en una de las principales líneas de actuación de la Comisión Europea bajo los mandatos de los comisarios Joaquín Almunia y Margrethe Vestager. Sin embargo, Bruselas ve cómo la justicia europea está tumbando, uno tras otro, los casos con los que pretendía poner coto a la ingeniería de grandes multinacionales como Amazon o Apple gracias a las ventajas que hallaban en Estados como Irlanda, Luxemburgo o los Países Bajos.

El caso que ha examinado la justicia europea se remonta a una investigación abierta en 2014, que determinó que un esquema ofrecido por el Gran Ducado permitió al gigante del comercio electrónico ahorrarse de ingresar al fisco el 75% de sus ganancias en Europa entre mayo de 2006 y junio de 2014. Bruselas obligó a Luxemburgo a recuperar 250 millones de euros en impuestos que consideró que Amazon no pagó por haberse beneficiado de ese sistema fiscal, que estimó contrario a la libre competencia.

La Comisión concluyó que Amazon usaba dos compañías para su negocio en la Unión Europea: una con sede en Luxemburgo con actividad y una segunda que solo usaba para cobrar los derechos de propiedad intelectual del negocio para Europa. Los beneficios de la primera, según Bruselas, se transferían casi íntegramente a la otra como canon por esos derechos. Tras esta operación, la primera sociedad acaba reduciendo de forma drástica su base imponible del impuesto de sociedades. La segunda, en cambio, solo servía para transferir esas cantidades a la matriz de Estados Unidos y solo tenía obligaciones fiscales en esa jurisdicción. La Comisión concluyó que esas cantidades eran demasiado elevadas teniendo en cuenta los precios de mercado y, por lo tanto, Luxemburgo estaba dando una ventaja selectiva a Amazon, que dejó de aplicar ese sistema desde que Bruselas abrió su investigación.

La sentencia considera que el análisis efectuado por los servicios de la Comisión es “erróneo por varias razones”. El juez señala que los servicios de Competencia creyeron que esa segunda sociedad era un “mero titular pasivo de los activos intangibles”, sin tener en cuenta las funciones de explotación de la empresa ni los riesgos que eso entrañaba. Tampoco cree que ese esquema diera una ventaja a la empresa sobre la competencia y, en última instancia, pone en duda el cálculo realizado sobre ese canon cuestionado por Bruselas, puesto que la actividad de la empresa, a su juicio, no puede “asimilarse a una prestación de servicio de bajo valor añadido”. La sentencia señala, además, que Bruselas tampoco pudo demostrar “por qué las funciones” de esa firma “habrían debido necesariamente dar lugar a una remuneración mayor”. “El Tribunal General concluye que los elementos aducidos por la Comisión con carácter principal no permitirían demostrar que la carga fiscal de LuxOpCo [la empresa que explotaba los derechos] hubiese disminuido artificialmente como consecuencia de una sobrevaloración del canon”, apunta la sentencia.

La empresa norteamericana celebró en un comunicado la decisión del tribunal, que consideró “en línea” con su posición de que cumplen “con todas las leyes aplicables y que Amazon no recibió un trato especial”. “Nos complace que el Tribunal lo haya dejado claro”, sostuvo la firma.

En otra sentencia dictada este mismo miércoles, el Tribunal europeo sí considera probado que Luxemburgo ofreció un trato fiscal ventajoso e incompatible con las reglas europeas de competencia a la energética francesa Engie. El juez confirmó la decisión de Bruselas de obligarle a devolver 120 millones de euros.

La justicia europea hasta ahora había sentenciado sobre cuatro casos en los que Bruselas había obligado a los países a reclamar las ayudas de Estado. Y el marcador ya era muy desfavorable para los intereses de la Comisión: solo avaló una de las cuatro decisiones. El mayor varapalo fue la anulación de la decisión de que Apple devolviera a Irlanda 13.000 millones de euros por ayudas de Estado consideradas ilegales, pero el TJUE también echó atrás su dictamen de considerar ilegal el régimen belga de “ayudas extraordinarias” del que se beneficiaron al menos 35 multinacionales y anuló el que obligaba a Starbucks a devolver 30 millones a los Países Bajos. En cambio, avaló que ordenara que Fiat retornara 20 millones a las arcas de Luxemburgo.