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El gigante automovilístico Stellantis advierte del cierre de su planta en el Reino Unido si no se renegocia el tratado del Brexit

Las nuevas normas que regirán a partir de 2024 obligan al fabricante a pagar un 10% de aranceles. El Gobierno de Sunak se reúne con la dirección de la empresa para atender sus demandas

El primer ministro británico Rishi Sunak, durante la cumbre del Consejo de Europa celebrada en Reykjavik (Islandia) esta semana.
El primer ministro británico Rishi Sunak, durante la cumbre del Consejo de Europa celebrada en Reykjavik (Islandia) esta semana.ANTON BRINK HANSEN (EFE)
Rafa de Miguel

El gigante automovilístico Stellantis, que da trabajo a 5.000 personas en el Reino Unido y agrupa marcas como Vauxhall, Citroen, Fiat, Peugeot o Alfa Romeo, ha pedido al Gobierno de Rishi Sunak que renegocie el tratado comercial derivado del Brexit si quiere mantener abierta la planta de fabricación de Ellesmere Port, una de las dos instalaciones que la empresa tiene en territorio británico.

No ha sido una amenaza sino una advertencia. La guerra de Ucrania, la elevada inflación —superior al 10% en el Reino Unido—, y las tensiones en la cadena de suministros han trastocado los planes de Stellantis para la fabricación de una nueva generación de vehículos eléctricos. El tratado comercial negociado entre Londres y Bruselas impone las llamadas “normas de origen”: a partir de 2024, cualquier bien fabricado en una planta británica debe tener al menos un 45% de componentes de origen local para evitar un arancel a la exportación del 10%.

La batería de un vehículo eléctrico supone aproximadamente la mitad del coste total. El 80% de los coches fabricado en suelo británico están destinados a la exportación.

“No va a haber suficiente producción de baterías ni en el Reino Unido ni en Europa para 2025 o para 2030, a pesar del hecho de que esta condición era clave para cumplir con las normas de origen del actual Acuerdo de Comercio y Cooperación”, ha advertido la dirección de Stellantis en un documento entregado a la comisión parlamentaria de Economía y Empresas, que se ha hecho público esta misma semana. “Esto es una amenaza para nuestro negocio de exportación y para la sostenibilidad de nuestras plantas en el Reino Unido. Para reforzar la continuidad de estas plantas, el [Gobierno] del Reino Unido debe reconsiderar sus acuerdos comerciales con Europa”, reclama Stellantis en un texto que, a pesar del cuidado y de la diplomacia empleados en su redacción, contenía un mensaje claro: las condiciones derivadas del Brexit han restado competitividad al sector automovilístico de la isla.

La ministra británica de Comercio Internacional, Kemi Badenoch, se ha reunido este mismo martes con representantes de Stellantis para buscar una solución. El anuncio de la empresa se ha dado a conocer en un momento en que, entre los diputados y el electorado conservador, comienza a extenderse la sensación de que el Brexit ha resultado un fiasco. Hasta Nigel Farage, el político populista que impulsó la salida del Reino Unido de la UE, ha admitido este lunes a la BBC que el experimento ha resultado un fracaso.

A corto plazo, la empresa podría intentar extraer de Badenoch el compromiso alcanzado para la fabricación e importación de componentes con Serbia y con Marruecos. A medio-largo plazo, se pondría sobre la mesa la posible renegociación del Acuerdo Comercial con la UE que ya se contempló al firmar el pacto en diciembre de 2020.

De momento, Stellantis quiere que el Gobierno de Sunak relaje la normativa y busque algún tipo de prórroga con Bruselas hasta 2027. La misma comisión parlamentaria que ha recibido la queja del fabricante automovilístico —la primera vez que una gran empresa pide a Downing Street que cambie las reglas del Brexit— ha podido escuchar de boca de los expertos en producción eléctrica que el Reino Unido se halla a la cola del resto del mundo en la fabricación de baterías.

Pérdida de empleo muy cualificada

“El cierre de la planta en el Reino Unido supondrá reducciones significativas de empleo, la pérdida de una mano de obra muy cualificada y un impacto negativo para la economía del país”, ha advertido Stellantis.

El conglomerado automovilístico, el cuarto mayor del mundo, tiene en estos momentos dos plantas de fabricación en el Reino Unido, en Ellesmore Port (al norte de la ciudad de Liverpool) y Luton IBC. La primera, que es la que corre el riesgo de desaparecer, se halla en la actualidad en fase de transformación, para pasar a fabricar la nueva flota de vehículos eléctricos, que incluirá el Vauxhall Combo, el Citroen Berlingo, el Peugeot Partner y el Opel Combo. El malogrado Kwasi Kwarteng, ex ministro de Economía del Gobierno de Liz Truss, llegó a prometer a la compañía decenas de millones de euros en ventajas fiscales para su planta de Ellesmore, que debería haber comenzado ya a producir vehículos. Los planes, sin embargo, se han retrasado hasta septiembre.

“Me temo que la industria automovilística del Reino Unido afronta una especie de crisis existencial”, ha dicho a la BBC David Bailey, profesor de Economía de los Negocios de la Universidad de Birmingham. “Y el acuerdo desarrollado a partir del Brexit no ha ayudado (...) Los fabricantes llevan ya mucho tiempo lanzando advertencias. No van a ser capaces de cumplir con la nueva normativa y van a acabar teniendo que hacer frente a nuevos aranceles”, ha señalado Bailey.

No ha llegado aún el momento de que el Reino Unido, o sus políticos, se atrevan a plantear abiertamente la idea misma del Brexit, pero noticias como la de la advertencia de Stellantis han dado alas a la oposición laborista, a la que las encuestas sitúan dentro de un año en el Gobierno, para prometer una renegociación a conciencia del tratado. “No vamos a volver a entrar en la UE, pero tenemos que mejorar ese acuerdo (...) Hay puestos de trabajo en juego, y las familias de los empleados de Vauxhall [Stellantis] o de plantas similares están hoy profundamente preocupadas”, ha dicho Keir Starmer, el líder de la formación.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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