Los sueldos de Merlin no convencen al 19% de accionistas pese a rebajar más de la mitad la retribución del consejero delegado

Los sueldos que se pagan en Merlin Properties siguen sin convencer a una parte de sus accionistas. Según el detalle de las votaciones de la junta de accionistas que ha publicado la propia compañía, el Informe Anual de Remuneraciones obtuvo un 19,3% de votos en contra. Se trata de un porcentaje significativo (el tercero más negativo de los 20 puntos que se sometieron a consulta) pese a que en 2022 la compañía estrenó una nueva política que, a la postre, supuso la reducción del salario de su consejero delegado, Ismael Clemente, en un 61%.

Clemente ganó el año pasado 2,68 millones, frente a los siete millones de 2021. El otro cargo ejecutivo del consejo de administración, Miguel Ollero, ganó 2,3 millones frente a los 6,5 millones del año anterior, un 65% menos. Las menores retribuciones fueron consecuencia de una nueva política que se aprobó en la junta de 2022 con más de un 90% de votos favorables después de que esa cuestión aflorase durante el insólito enfrentamiento que vivió máximo órgano de la socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) a finales de 2021. El primer accionista de la firma, Banco Santander, apoyó la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo para votar la destitución a Clemente.

Sin embargo, esa crisis se cerró con la confirmación del consejero delegado y también del presidente del consejo, Javier García-Carranza, nombrado por el Santander. La paz se selló con la reforma de algunas comisiones y con una nueva política de remuneraciones. Durante las tensiones entre la dirección ejecutiva y el máximo accionista, este último alegaba que los salarios de Clemente y Ollero estaban muy por encima de lo que se habitúa en las empresas cotizadas. Por parte del equipo directivo, se alegaba que la empresa también paga muy bien a sus empleados (es la que tiene el salario medio más alto del Ibex 35, con una media de 121.000 euros por empleado).

El asunto ya fue motivo de controversia en algunas juntas en el pasado. En las votaciones de los accionistas que se llevaron a cabo en 2018 y 2019, más de un 40% votaron contra la política de remuneraciones, una votación obligada por la normativa de las empresas cotizadas, pero de carácter consultivo. La cuestión pareció apaciguarse en 2021, con solo un 6,2% de votos contrarios (en 2020 el consejo se había recortado mucho los salarios como consecuencia del coronavirus) y en la junta de 2022 volvió a crecer el descontento con un 17,6% de noes en el último año de la anterior política salarial. Este año, y pese al considerable recorte que han supuesto las nuevas normas para los consejeros ejecutivos, ese descontento se ha ampliado al 19,3%.

En el fondo, ese punto no solo recoge la opinión sobre los salarios. Es una de las votaciones que típicamente suelen usar los accionistas descontentos con algunos aspectos de la gestión para dar un tirón de orejas al consejo. Otros dos típicos, que han tenido una mayor contestación este año, son las autorizaciones al máximo órgano para aumentar el capital social o emitir deuda convertible en acciones. Se trata de dos puntos delicados porque pueden diluir la participación de los accionistas actuales al aumentar el número de acciones totales (a menos que pongan más dinero para que eso no suceda). Ambas recibieron más de un 28% de votos en contra, en un contexto en que las acciones de la socimi (como pasa con casi todo el sector inmobiliario en Europa) cotizan muy por debajo de su valor teórico. Merlin, la primera inmobiliaria española por volumen de cotización, ha cerrado este viernes con el valor de la acción en 8,01 euros y una ganancia semanal del 0,65%. El valor neto de los edificios que posee para arrendar (su negocio principal) supone, sin embargo, más de 15 euros por acción.

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