Sánchez anuncia la construcción de 20.000 viviendas más para alquiler social en suelos de Defensa
Las promociones se harán a través de Sepes y se sumarán a las que ya contempla la entidad pública de suelo en la Operación Campamento de Madrid y en otras actuaciones
Nueva promesa del Gobierno en materia de vivienda. El asunto se ha convertido en uno de los temas calientes de la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Aprovechando su comparecencia de este martes en el Senado, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado la intención de promover 20.000 pisos más para alquiler social y asequible en suelos del Ministerio de Defensa. Se trata de una operación adicional a las anunciadas hasta ahora, que sumaban 163.000 viviendas, y por ello Sánchez ha elevado el compromiso del Gobierno en la materia hasta las 183.000 viviendas. Esto, han enfatizado en un comunicado de La Moncloa, “multiplica por 115″ las viviendas que proyectó el PP entre 2011 y 2018, que cifran en 1.600. No obstante, y como con algunos de los anuncios anteriores, hay que tener en cuenta que su edificación llevará años.
El Gobierno no ha difundido todavía el detalle de dónde se ubicarán esas 20.000 viviendas, que promoverá Sepes, la entidad pública del suelo. Sí ha destacado que se trata de unidades nuevas, que no tienen nada que ver con las 12.000 que ya hay proyectadas sobre suelos militares en Madrid, la denominada Operación Campamento. El anuncio se refiere, precisan en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (del que depende Sepes) a suelos que son titularidad del Ministerio de Defensa y en los que se ha identificado la posibilidad de darles finalidad residencial. El primer paso será que Sepes o el ministerio del que depende se los compren a Defensa, lo que requiere el acuerdo del Consejo de Ministros, para que pasen a titularidad de la entidad del suelo.
En función del tamaño, prosiguen las fuentes gubernamentales, Sepes se podría plantear la promoción directa. Pero lo normal, porque lo que habitualmente se hace, es que se busquen fórmulas de colaboración público-privada. Estas fórmulas se refieren, por ejemplo, a la posibilidad de ceder los derechos de superficie para que una compañía privada construya y explote los pisos en arrendamiento durante décadas (el máximo legal son 80 años) a un precio acotado en el concurso público. “Hay que definirlo”, insisten en Transportes.
La nueva actuación tampoco tiene que ver con los pisos que, en el marco del plan de 100.000 viviendas que promueve el ministerio encabezado por Raquel Sánchez, ya tenía identificados Sepes. Serán, por tanto, 20.000 nuevas viviendas que el presidente del Gobierno ha enmarcado en la “apuesta contundente por construir un parque de vivienda pública semejante al de los países europeos avanzados”. Esta es una de las asignaturas pendientes de España: como durante años construyó viviendas protegidas para venta que podían descalificarse y perder esa condición, el parque público se ha ido descapitalizando. Especialmente en la última década, cuando la construcción de nueva vivienda protegida se ha desplomado como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo. El Gobierno calcula el parque social y asequible español en el 2,5% del total de las viviendas, frente al 9% de la media europea.
Los planes del Gobierno para revertir esta situación contemplan hasta 183.000 viviendas tras los anuncios de las últimas semanas. Pero mezclan diferentes actuaciones, conceptos y situaciones. Algunas son viviendas que ya se usan con fines sociales (como las del fondo que en 2012 se acordó con la banca) y la mayoría son nuevas promociones que están en diferentes fases y tardarán años en materializarse. También se sumaron 50.000 casas de la Sareb, la entidad conocida como el banco malo, de las que 21.000 son inmuebles ya construidos que se ponen a disposición de las comunidades y ayuntamientos para que las compren o las pidan en cesión. Sin embargo, es difícil que por su situación y estado de conservación, muchas de ellas acaben en los parques públicos que gestionan las Administraciones locales y autonómicas.
Pocos suelos disponibles en Cataluña
La construcción de viviendas en suelos de Defensa no es nueva. El Gobierno no ha informado todavía de las ubicaciones de los suelos en los que plantea las 20.000 nuevas viviendas, pero sí se sabe que en algunas comunidades el Ministerio de Defensa tiene pocas parcelas disponible. En Cataluña el Ejército ha cedido el grueso de que tenía en las últimas décadas a Ayuntamientos u otras administraciones.
En la capital catalana, los grandes terrenos o edificios militares que había se traspasaron en las últimas tres décadas y los tres inmuebles que quedan están en uso: son el cuartel del Bruc, Capitanía y el Gobierno Militar. En el caso de los terrenos, los antiguos cuarteles de Sant Andreu, en el distrito del mismo barrio, a lado y lado de la avenida de Torres i Bages, se cedieron hace 20 años y ya están en desarrollo, con vivienda pública, privada, equipamientos y parques. Barcelona también tenía los antiguos cuarteles de la Ciutadella, hoy reconvertidos en los edificios de la Universidad Pompeu Fabra.
Fuentes militares enumeran casos parecidos en el resto de Cataluña: en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la antigua academia de ingenieros es hoy la Ciudad de la Justicia; en Tarragona se cedió otro campo de maniobras para construir la cárcel de Mas d'Enric; en Lleida y Tarragona también se cedieron terrenos para la universidad; y en Reus (Tarragona) eran militares los terrenos del aeropuerto.
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