La pobreza se redujo en España en 2022 hasta los niveles previos a la pandemia

La pobreza y la desigualdad se corrigieron en España con la recuperación tras la pandemia y a pesar del brote de inflación. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este lunes por el INE, la población que presenta una situación de carencia material y social grave bajó en 2022 hasta el 7,7% frente al 8,3% registrado el año anterior. Se trata de la misma cifra que había en 2019, antes del coronavirus, y supone una mejora sustancial respecto al 10,7% que llegó a anotarse con la Gran Recesión en 2014, el primer dato de esta serie.

Aun así, los números absolutos son terribles: alrededor de 3,6 millones de personas se encontraban en tales condiciones a mediados de 2022. Para llegar a esa conclusión, los entrevistados declararon que sufren privación en hasta 7 necesidades de una lista de 13: no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; comer una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no puede afrontar gastos imprevistos por valor de hasta 800 euros; ha tenido retrasos en los últimos 12 meses en el pago de la hipoteca, el alquiler, los recibos o en compras a plazos; no puede disponer de automóvil; no puede sustituir muebles estropeados o viejos; no puede cambiar ropa estropeada o permitirse dos pares de zapatos en buenas condiciones; no puede permitirse una vez al mes reunirse con sus amigos para comer o tomar algo; no puede participar regularmente en actividades de ocio; no puede gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo y no puede costearse internet.

A pesar de la mejora, en 2022 se notó con fuerza la crisis energética y de precios. Incluso con el mecanismo ibérico y las bajadas de impuestos y ayudas en las facturas de luz y gas, empeoró sustancialmente el porcentaje de hogares que no pudo permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada: del 14,3% al 17,1%. También aumentó la población que manifestó no tener capacidad para atender gastos imprevistos: un 35,5%, una proporción superior al 33,4% del año precedente. Y subieron los que no podían costearse una semana de vacaciones al año: un 33,5% frente al 32,7%. Sin embargo, al mismo tiempo, la cantidad de familias que experimentó retrasos en sus recibos descendió del 14,4% al 13,2%. Las entrevistas con las que se elabora este indicador se hicieron en el segundo cuatrimestre de 2022, en un contexto en el que el mercado laboral mostraba un buen comportamiento pese a la inflación y la incertidumbre por la crisis energética y la guerra de Ucrania.

En cambio, si se coge el indicador habitual de carencia material grave, del que hay datos desde 2008 y que comprende un número más limitado de preguntas, este muestra ahora los peores registros de la serie: un 8,1% de la población frente al 7,3% de 2021, el 7,1% de 2014 o el 3,6% de 2008.

Cuatro millones de personas, con “mucha dificultad” para llegar a fin de mes

Por otra parte, la encuesta del INE también pregunta cuántos hogares tuvieron “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. En un momento en el que las subidas de precios daban profundas dentelladas en los bolsillos de los ciudadanos, la proporción se quedó prácticamente igual que el año anterior: un 8,7% frente al 8,8% del año precedente. Estos son unos 4,1 millones de personas. A la luz de estos cifras, parece que la mejora del empleo y las ayudas públicas paliaron el golpe de la inflación.

Pese a los abrumadores datos en números absolutos, tradicionalmente España no ha estado mucho peor que la media de otros países europeos en este tipo de estadísticas sobre privaciones materiales, si bien desde 2017 y con la pandemia ha trazado una peor recuperación que sus pares comunitarios. Y figura relativamente bien en las que miden el patrimonio acumulado, como en la Encuesta de Riqueza del BCE, en gran parte por la elevada proporción de familias que tienen su vivienda en régimen de propiedad. Sí que aparece bastante peor en las cifras de desigualdad en ingresos, también recogidos en la encuesta del INE divulgada este lunes. Con datos de 2021, la población en riesgo de pobreza se situó en el 20,4%, por debajo del 21,7% del año anterior y la tasa más baja desde 2013. Como explica el INE, se trata de “un indicador relativo que mide desigualdad; no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población”.

El umbral para determinar el riesgo de pobreza se fija en el 60% de los ingresos medianos. La renta mediana alcanzó en 2021 los 16.814 euros, frente a los 15.892 euros del año de la irrupción del coronavirus y los 16.043 euros de 2019. En consecuencia, el umbral de riesgo de pobreza se ha colocado en 2021 en los 10.088 euros por persona y en los 21.185 euros para un hogar de dos adultos y dos niños.

Otro indicador distinto es la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, la llamada tasa Arope que diseña la Comisión Europea y que arroja que, con datos de 2021, un 26% de las personas en España estaba en riesgo de pobreza, una cifra inferior al 27,8% de la encuesta precedente. ¿Significa eso que uno de cada cuatro es pobre? No exactamente. Esta estadística se construye a partir de los individuos cuyos ingresos se sitúan por debajo del 60% de la mediana ajustada según la composición del hogar. Además, se suman las familias que padecen carencia material grave, y aquellas en las que sus miembros trabajan pocas horas, un 8,6% en 2021 frente al 11,6% del año anterior. Fruto del cruce de estos tres grupos, la población en riesgo de pobreza asciende al 26,4%. En realidad, representa más bien un indicador de desigualdad. En la UE esta tasa se colocó en el 21,9% en 2019 y en el 21,7% en 2020. De ahí que España tenga como un reto pendiente corregir la desigualdad de ingresos. Estos datos se dan a pesar de que el Gobierno haya puesto ya en marcha el ingreso mínimo vital, un instrumento que busca reforzar las ayudas sociales que brindan las comunidades, en muchos casos consideradas insuficientes.

Como señala el INE, el riesgo de pobreza es mayor en la población con menos estudios y en las familias formadas por un adulto con hijos dependientes. El 49,2% de las personas que vivían en hogares de un adulto con niños a cargo se hallaba en riesgo de exclusión social. Al haber menos adultos aportando ingresos, la renta per cápita de la familia disminuye significativamente.

El desempleo es la mayor causa de riesgo de exclusión. Los ocupados presentan lógicamente una tasa de riesgo de pobreza mucho menor que la de los parados: un 16,5% en comparación con el 55,7%, respectivamente. Y los jubilados tienen un porcentaje de riesgo de exclusión muy similar al de los trabajadores: un 17,4%.

Otra forma de medir la desigualdad es comparar las rentas del 20% con mayores ingresos frente a las del 20% que menos gana. En 2020, los primeros ganaban 6,2 veces más que los segundos. En 2021 esta ratio desciende hasta las 5,6 veces. El último dato de la media de la Unión Europea, del año anterior, son 4,97 veces, según Eurostat. Si se toma el índice Gini, que considera el valor cero como la equidad perfecta y el 100 como la situación de máxima desigualdad, España arroja un 32,0, una mejora de un punto sobre el 33,0 anotado en 2020 pero todavía un poco lejos del entorno del 30 que lleva registrando la media de los Veintisiete durante la última década.

Por comunidades autónomas, Canarias (13,4%), Andalucía (11,7%) y Extremadura (11%) fueron aquellas en las que más personas declararon que llegaban con muchas dificultades a final de mes. En cambio, en La Rioja (3,3%), País Vasco (3,9%) e Islas Baleares (5,7%) fue donde más bajos eran estos porcentajes.

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