Otro varapalo para Hacienda: comienza a devolver los 1.000 millones de euros que cobró de más a las telecos por el IAE

Hacienda ha comenzado a devolver los importes cobrados de más en las liquidaciones del Impuesto Actividades Económicas (IAE) a las compañías de telecomunicaciones en las liquidaciones de este tributo desde 2013 hasta el año pasado. Vodafone ha recibido ya el abono de 30 millones de euros en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2022, que declaró que el gravamen era contrario a la directiva comunitaria relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, al considerar injustificada la mayor tributación por dicho impuesto de la telefonía móvil en relación con la telefonía fija, informaron a EL PAÍS fuentes de la compañía.

Pero esto es solo el principio. Desde el fallo del Supremo del verano pasado, se ha producido un goteo de victorias de las operadoras de telecomunicaciones en la Audiencia Nacional que ante la decisión del Alto Tribunal ha optado por tumbar las liquidaciones reclamadas por Vodafone, Telefónica y el resto de compañías. Dado que se trata de liquidaciones durante diez años y de varios operadores, fuentes del sector estiman que finalmente Hacienda deberá devolver más de 1.000 millones euros.

El origen del problema surge de la aprobación de una ley a finales de 2002 que modificaba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y establecía un nuevo sistema de cuantificación del IAE para la telefonía móvil basado en el número de antenas móviles junto con el parámetro ya existente de número de clientes, que también se vio incrementado. Esa reforma solo tenía un afán recaudatorio, sin ninguna justificación legal, como han señalado las sucesivas sentencias. Prueba de ello, es que la reforma supuso multiplicar casi por diez el tributo. El asunto se agravó por el despliegue sucesivo de las tecnologías 3G y 4G, lo que incrementó el número de antenas dispuesto por los operadores y, consecuentemente, disparó la recaudación por IAE.

Ante la catarata de sentencias desfavorables que se han ido produciendo desde finales del año pasado, el Gobierno no tuvo más remedio que recular. Introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 una enmienda para rebajar finalmente el IAE a la telefonía con la eliminación del factor “antenas” como elemento de cómputo y la reducción del factor “clientes” hasta igualarlo al que históricamente se aplicaba a la telefonía fija, siguiendo las directrices de la UE.

Y es que los tribunales españoles no han hecho más que seguir la doctrina de la interpretación que hizo el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia del 6 de octubre de 2020. Se refería precisamente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, pero se aplicaba también a este caso. Vodafone entendía que esta figura fiscal incumplía la Directiva Europea de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas por varias razones, entre las que destacaba que el hecho imponible ya se cubre con la tasa general de operadores. El TJUE le dio la razón. Y esto lo cambió todo. El Supremo el pasado verano se apoyó en esa sentencia y cambió su jurisprudencia, anulando una liquidación de 30 millones de euros a la filial de la operadora británica por IAE.

El fallo consideraba que la nueva tarifa del IAE para las empresas de la telefonía móvil, “tuvo una finalidad claramente compensatoria, que lejos de atender a los objetivos y fines antes enunciados, estuvo dirigida a procurar una mayor y mejor recaudación a las Haciendas locales”. Desde el primer fallo del Supremo, ha habido al menos otras tres sentencias de la Audiencia Nacional favorables a Vodafone, otra a Telefónica y la última a Digi, según los fallos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

La Abogacía del Estado intenta remitir cada una de las sentencias desfavorables de la Audiencia Nacional al Supremo, aunque fuentes del sector coinciden en que se trata de una maniobra dilatoria que no evitará que se tengan que producir las devoluciones. Y la mejor prueba de la Agencia Tributaria es consciente de que no va a poder revertir esos fallos, es que ya ha realizado la primera devolución a Vodafone.

Se trata de al menos cuatro liquidaciones por año de las cuatro compañías principales con red móvil (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil) desde 2013, por lo que la cantidad superará los 1.000 millones de euros, a los que habrá que añadir los intereses de demora si Hacienda se empeña en dilatar el proceso en el tiempo. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 3 de noviembre de 2022, a la que ha tenido acceso este diario, amparando el recurso de Telefónica contra la liquidación del IAE de los ejercicios 2013 y 2014, condena a Hacienda a devolver 74 millones de euros. Otra sentencia de la misma instancia de 11 de noviembre pasado, ampara un recurso de Vodafone contra la liquidación del impuesto en 2015 por 24,9 millones.

Se trata del mayor varapalo que sufre Hacienda en su cruzada recaudatoria contra las compañías de telefonía, tras la devolución que tuvo que hacer de 1.316 millones de euros a Telefónica el pasado mes de octubre por el contencioso que arrastraban ambas partes desde hace casi dos décadas a cuenta del impuesto de sociedades. Una sentencia del Tribunal Supremo de julio pasado confirmó los criterios de utilización de bases imponibles negativas y deducciones mantenidos por Telefónica, en relación con los acuerdos de liquidación derivados de la inspección del Impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2008 a 2011, y condenó a la Agencia Tributaria a la devolución de los importes y los intereses.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal