El Tribunal de Cuentas europeo advierte de “lagunas de fiabilidad” en la rendición de cuentas de los fondos de recuperación

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido este miércoles de que el sistema de control del histórico paquete de estímulo de más de 700.000 millones de euros elaborado por la Comisión Europea para reactivar las economías de los Veintisiete tras la pandemia, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que España es uno de los principales beneficiarios, puede tener algunas “lagunas de fiabilidad y rendición de cuentas” que ponen en cuestión la protección de los intereses financieros de la UE.

“Existen lagunas en cuanto a la fiabilidad que puede proporcionar la Comisión respecto al principal fondo de recuperación de la UE tras la pandemia y una falta de rendición de cuentas a escala de la UE”, ha advertido el presidente del TCE, Tony Murphy, al presentar el informe. Y eso es grave, ha subrayado, porque “los ciudadanos solo confiarán en nuevas formas de financiación de la UE si tienen la certeza de que su dinero se gasta correctamente”.

Bruselas no ha tardado en responder al tirón de orejas de Luxemburgo, asegurando que aplica un control “robusto” a los países. Le reprocha además que se haya centrado solo en los primeros pasos del programa —los datos fueron recopilados hasta abril de 2022—, lo que, ha recalcado una portavoz de la Comisión, “no refleja todo el trabajo del año pasado”. De hecho, hace apenas una semana, Bruselas anunciaba la suspensión de parte de un pago del MRR a Lituania por el incumplimiento de dos de los 33 objetivos establecidos en el plan lituano.

De acuerdo con el tribunal con sede en Luxemburgo, si bien es cierto que los Estados deben comprobar que los proyectos de inversión financiados por el MRR cumplen las normas nacionales y de la UE, la Comisión “dispone de escasa información verificada propia sobre esos controles y desconoce si los están llevando a cabo y de qué manera”. Y “sin garantías de que se cumplan estas normas, existe una falta de rendición de cuentas a escala de la UE”, concluyen los magistrados, que no analizan en su informe la situación de cada país, sino que se concentran en la labor de vigilancia de Bruselas.

El Ejecutivo europeo dice estar “fuertemente en desacuerdo” con esa evaluación. En una respuesta al informe enviada por una portavoz, la Comisión asegura que el programa prevé un “robusto” marco de control “proporcionado” y “diseñado a medida” de su “naturaleza única”. Asegura además que la regulación “claramente” exige rendición de cuentas, tanto a los Estados miembros, que son “responsables de aplicar todas las medidas apropiadas para proteger los intereses financieros de la Unión”, como a la propia Comisión, que “evalúa que los hitos y objetivos sean cumplidos” y que, además, “comprueba que los Estados miembros cumplen sus obligaciones en materia de audiciones y control”.

Tampoco hay que olvidar, agrega, que las principales instancias de control de fraude, tanto la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), como el propio Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina de la Fiscalía de la UE (EPPO, por sus siglas en inglés) “pueden acceder a los datos relevantes e investigar el uso de los fondos si lo consideran necesario”. Por todo esto, “las garantías y rendición de cuentas están claramente establecidas. No hay lagunas”, zanja.

El MRR constituye el elemento principal de NextGenerationEU, el paquete de estímulo más ambicioso de la UE, aprobado en julio de 2020 para impulsar hasta 2026 la recuperación económica tras el parón que provocó la pandemia de covid-19 y hacer a los Veintisiete más resilientes de cara a próximas crisis. De los 750.000 millones de euros previstos en este instrumento excepcional, el MRR se lleva 672.500 millones, de ellos 360.000 millones destinados a préstamos y 312.500 millones como transferencias no reembolsables. España es, junto a Italia, el mayor beneficiario de las subvenciones: han recibido, conjuntamente, el 45% del total.

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