Las constructoras piden que se amplíen los plazos para los fondos europeos y se revisen los contratos con el IPC

La asociación de las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras (Seopan) ha exigido que se amplíe al menos un año el plazo para presentar los proyectos a las ayudas europeas de los fondos Next Generation, que expira a finales de 2023, dados los retrasos y la baja ejecución existente de los proyectos y los PERTE. La otra petición de las constructoras españolas es que el Gobierno prorrogue el mecanismo excepcional de revisión de precios de los concursos públicos para adaptarlos a la inflación, puesto en marcha el año pasado y que expira el próximo mes marzo porque, de lo contrario, estiman que un elevado porcentaje de la licitación pública en 2023 quedará desierta al no poder asumir ninguna empresa el riesgo de que se le disparen los costes por encima del precio de ejecución.

El presidente de la patronal, Julián Núñez, ha lamentado que solo el 6,7% de los fondos europeos se haya destinado a infraestructuras, es decir, 11.619 millones de euros de los 173.525 millones disponibles totales, pese al efecto multiplicador que cree que este sector tiene en la actividad económica y el empleo. En este sentido, ha comparado la situación de España con la de Italia, país que ha destinado una inversión seis veces mayor a la red de alta velocidad ferroviaria y casi el doble a la movilidad sostenible que en España, así como un paquete de 10.900 millones a la infraestructura urbana y puntos de recarga eléctrica, todo ello con los fondos europeos. El sector ha puesto de manifiesto la urgencia en modernizar y actualizar la regulación de la contratación pública en España para poder ejecutar hasta 2027 más de 212.000 millones de euros en ayudas financieras europeas.

Las previsiones de Seopan para 2023 apuntan a un crecimiento de la actividad de la construcción del 4%, motivado por el incremento del 12% en la obra civil y del 5,6% en la edificación no residencial. Sin embargo, prevé que la obra nueva residencial se estanque este año por el efecto de la inflación y de los tipos de interés. En 2022, la licitación en obra pública registró uno de los mejores datos de los últimos años, con un crecimiento del 33,8% hasta superar los 29.000 millones. La obra civil creció un 31,7% en 2022, mientras que la edificación se elevó un 37,2%.

Revisión de contratos

El presidente de Seopan criticó que “a menos de un mes” para que finalice el plazo del mecanismo de indexación de precios que se aprobó el año pasado por el incremento del IPC, el sector no tenga ninguna noticia sobre su posible ampliación, por lo que “todo indica que el Gobierno no va a prorrogar la medida ni a modificar la ley de contratos del sector público”. La patronal pide que se incluyan en esa revisión los precios de la energía, de la mano de obra y de los nuevos materiales, así como que se eliminen los límites de 5% de incremento de precio y del 20% de aumento del presupuesto que establece la actual norma.

La patronal ha estimado que el 85% de los contratos (100% si se incluye la energía) superaron el límite del 20% de revisión excepcional que marca la ley. Según su previsión, con una estimación de inflación para el año de 2023 de entre el 4% y el 5%, habrá “importantes” obras de comunidades autónomas y corporaciones locales que van a quedar “desiertas o semidesiertas”.

“La inexistencia de sistemas de revisión de precios en estos contratos hace insostenible su ejecución al representar sus costes salariales y de energía, de media, un 30% (vías y ferrocarriles) y un 31% (ciclo del agua), respectivamente”, ha explicado. Además, pese a que algunos materiales como el acero, cobre y aluminio están reduciendo sus precios un 6% el primero y un 12% el segundo y tercero, continúan siendo un 51%, 38% y 33% superiores, respectivamente, a los de 2020. El gas y la electricidad también bajan actualmente un 12% y 62%, pero siguen un 556% y 121% más caros con respecto a los de 2020. De esta forma, Seopan se une a la reivindicación de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal del sector, que estima que al menos 1.455 obras públicas han quedado desiertas entre enero y septiembre de 2022.

Según los datos de Seopan, la Oficina Nacional de Inversiones (ONE), adscrita al Ministerio de Hacienda, ha rechazado proyectos de inversión a través de modelos concesionales por valor de más 3.000 millones de euros debido a la negativa del Gobierno a actualizar la ley de desindexación de la economía, que impide que este tipo de proyectos basados en la gestión privada de infraestructuras, se encuentren razonablemente remunerados. “Siete de cada 10 expediente han sido rechazados”, asegura Núñez.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal