Residuos en paradero desconocido: por qué las constructoras incumplen la ley

La Unión Europea genera más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año y los derivados de la construcción y la demolición (RCD) ocupan la primera posición en el ranking, según datos de Eurostat. España no es ajena a esta realidad; el sector de la edificación se sitúa también en primer lugar con el 29,8% del total de residuos que se generan en el país. Para poder reducir estas cifras, la nueva Ley de Residuos aprobada el pasado mes de abril obliga a separar los cascotes en obra y establece el objetivo de alcanzar el 70% de valorización de los residuos generados por la construcción. Según los resultados de una encuesta elaborada por el Clúster de la Edificación, el 75% de las constructoras incumplen esta ley.

Beatriz de Diego, experta del Área Técnica de Green Building Council España (GBCe), cree que hay una razón de peso para este incumplimiento: el encarecimiento del coste. “Se complica el proceso y hace falta más espacio en obra para llevar a cabo la separación, que incluye las fracciones de madera, minerales, metales, vidrio, plástico y yeso. Además, se deben separar aquellos productos que pueden ser reutilizados y que por tanto retienen más valor, por ejemplo, tejas, sanitarios o elementos estructurales”, argumenta. Alfons Ventura, experto de GBCe, también apunta que la separación del yeso representa un verdadero reto, en especial en las obras de rehabilitación en las que se encuentra adherido al paramento y para su separación se debería repicar con anterioridad a la demolición de cualquier tabique, “lo cual es probable que tampoco se esté cumpliendo”.

La encuesta del Clúster de la Edificación pone porcentajes a las razones por las que se incumple la nueva normativa: falta de incentivos económicos (61%); ausencia de espacio para la separación de los residuos de construcción y demolición (57%); dificultad con los materiales por su reciclabilidad (44%); falta de concienciación y motivación (24%). Miguel García, colíder del grupo de trabajo de gestión de residuos y economía circular del Clúster de la Edificación y responsable del Departamento de Prescripción de Rockwool, subraya que el cumplimiento de los objetivos marcados por la ley no sólo depende de la constructora, “sino de todos los agentes dentro de la cadena de valor”. Opinión que comparte Juan Diego Berjón, responsable del servicio de tratamiento de residuos en Surge Ambiental, del grupo Sacyr: “Aunque la intención de esta regulación es positiva, la realidad es que los agentes implicados (empresas, administraciones…) no están preparados para tanto volumen de generación documental. Falta digitalización para lograr una trazabilidad adecuada y cumplir con la responsabilidad ampliada del productor del residuo”.

Proceso digitalizado

Es importante tener digitalizado el proceso de la trazabilidad de los materiales. “En el desplazamiento y tratamiento de los residuos hay que generar documentación que certifique dicho proceso. Si esa documentación se sigue emitiendo de forma manual, es muy probable que se cometan errores y que haya campos que no queden debidamente cumplimentados”, opina David Ganuza, también colíder del grupo de trabajo de gestión de residuos y economía circular del Clúster y director de Relaciones Institucionales de Cocircular.

Los expertos creen que el legislador ha perdido la oportunidad de mejorar la situación actual de los residuos. “Muchas de nuestras normativas no contemplan o, en el mejor de los casos, limitan a un porcentaje menor, el empleo de materiales con el adjetivo ‘reciclado’. Debemos desarrollar un contexto normativo donde prime la prestación, es decir, la contribución final del conjunto, sin discriminar si el material de origen es reciclado o no”, explica Ramiro García, responsable de Innovación y Desarrollo de Sika.

Lo cierto es que para una constructora, el coste de reciclaje de los residuos de construcción es elevado. En una edificación de 80 o 90 viviendas, que podría ser la más representativa, supondría unos 600 euros por inmueble, según datos del Clúster de la Edificación. Y esta cifra resulta sin considerar el coste de la gestión de los residuos de tierras que se producen en la excavación. Se recomienda que el coste del reciclaje no supere el 0,2% del presupuesto de ejecución material (PEM), “lo cual indica la baja importancia de este capítulo en la planificación de la obra”, afirma Berjón.

“Esto se debe fundamentalmente a que la fiscalidad de los residuos de construcción no refleja el coste ambiental de su vertido. La nueva Ley de Residuos establece la fiscalidad de los residuos inertes en tres euros por tonelada, frente a los residuos no peligrosos, que será de 15 euros la tonelada. Pero la situación se agrava aún más cuando no existe un control sobre los residuos que se depositan en vasos de vertederos de residuos inertes, siendo estos un lugar muy atractivo donde depositar residuos no peligrosos a una fiscalidad muy baja”, añade el experto del grupo Sacyr.

Berjón recuerda que la Ley de Residuos da a entender que todo lo que no se pueda recuperar o valorizar no está fiscalizado y se puede depositar en un vertedero sin coste alguno, externalizando los costes ambientales que esto tiene en el medio plazo y desincentivándose claramente la separación de residuos en origen. Este contexto hace que la gestión de los RDC sea una partida mínima en el presupuesto de una obra.

La rehabilitación de viviendas tampoco está sacando pecho con el reciclaje. Y ello pese a que las actuaciones procedentes de las ayudas de los fondos Next Generation deberán garantizar que al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición generados se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales. Algo que, aunque no está suponiendo un freno para conceder estas ayudas, sí que es una preocupación extendida en el sector y entre los profesionales, según confirma Juan López-Asiain, director del Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.