Bruselas se plantea forzar el despliegue de redes energéticas transfronterizas

Bruselas está dispuesta a jugar fuerte para impulsar la construcción de tendidos eléctricos o hidroductos por Europa: “La Comisión también estudiará más vías, incluida la posible acción legislativa, para asegurarse de que los Estados miembros desarrollen las infraestructuras energéticas transfronterizas necesarias, de manera que no se produzcan retrasos en el despliegue de esta infraestructura estratégica”. La frase puede leerse en el plan para impulsar la industria verde y no perder competitividad que el Ejecutivo europeo ha presentado este mes. El objetivo es vencer las resistencias que se encuentran en algunos países para desplegar infraestructuras energéticas continentales, algo que lastra el mercado único en este capítulo.

Desde España esto se entiende con mucha facilidad: los habituales obstáculos que suele poner Francia cada vez que se plantean interconexiones tienen como consecuencia que la península Ibérica siga siendo una isla energética. Esta afirmación se traduce en números. En 2020, las redes eléctricas entre España y Francia debían tener una capacidad de interconexión del 10%; diez años después debía llegar al 15%. En 2022, apenas llegaba al 3% y el nuevo tendido eléctrico que se está desplegando en el golfo de Vizcaya va con retraso. Esta situación fue clave la primavera pasada para que, ante la cotización disparada de la luz y el gas, la UE diera el visto bueno a la excepción ibérica a la hora de fijar los precios de la electricidad en España y Portugal.

¿Qué vías se plantea la Comisión? La explicación que dan las fuentes oficiales de estas palabras es que el texto plantea el objetivo de acelerar el desarrollo de estas infraestructuras entre países con las normas que ya hay: “Existen posibilidades gracias a las orientaciones del reglamento TEN-E, y se trata de ver si hay también otras opciones”. Es decir, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen está dispuesto a explorar nuevas normas o nuevos mecanismos que permitan alcanzar ese objetivo, que han revitalizado la necesidad de reducir al máximo la dependencia de los combustibles rusos y el impacto de la invasión de Ucrania, un golpe que podría haber sido menor de tener desplegadas más infraestructuras de este tipo.

Otras fuentes apuntan que Bruselas con estas palabras estaría lanzando una señal política, ya que no está claro que tenga capacidad jurídica para obligar a los Estados a aceptar infraestructuras que no quieren. Así lo ven en el Gobierno de España, que lo interpreta como una señal de apoyo a la tradicional posición española de demandar el desarrollo de redes energéticas que conecten la Península con el resto del continente. En Madrid tampoco creen que la Comisión pueda forzar solamente con la redacción de una norma el despliegue de un tendido eléctrico o un tubo, pero sí piensan que puede darle un impulso fuerte con su reconocimiento como algo necesario.

De la misma forma lo lee Nicolás González Casares, eurodiputado español del grupo socialdemócrata centrado en los temas energéticos. “La Comisión puede generar el marco y el escenario que favorezca la instalación de estas infraestructuras”, explica.

Un ejemplo de esto vuelve a encontrarse en la península Ibérica. El año pasado Alemania, Portugal y España pusieron sobre la mesa la necesidad de que se construyera un gasoducto hacia el centro de Europa. Esa instalación debería tener la capacidad para transportar hidrógeno verde cuando la tecnología lo permitiera si quería tener financiación comunitaria. Se barajó seriamente la opción de recuperar la conexión gasista abandonada sin finalizar que cruza la frontera por los Pirineos catalanes, algo a lo que Francia siempre ha sido reacia. Para sortear el obstáculo, Bruselas señaló en mayo en la presentación el plan RepowerEU la necesidad de construir un gasoducto entre Barcelona y Livorno. Al final, París cedió y se sumó al proyecto de construir un tubo que lleve hidrógeno entre la capital catalana y Marsella, algo que ahora está sujeto a fuertes tensiones por la exigencia francesa de que se incluya la posibilidad de que esta infraestructura transporte hidrógeno producido con energía nuclear.

La regulación actual de la UE para impulsar este tipo de infraestructuras se asienta en un reglamento de 2013. Este fija los criterios para designar una infraestructura como un “proyecto de interés común” y también si se concede o no la financiación comunitaria. Para lograrlo, se abre una convocatoria cada dos años a la que pueden presentarse proyectos de iniciativa pública y/o privada. La última se abrió el pasado octubre y se cerró en diciembre. Ahora, el proceso se encuentra en un periodo de consultas que se prolongará hasta el próximo marzo.

Todo este camino está regulado por ese reglamento de hace 10 años, modificado en junio, que actualiza los 11 corredores prioritarios para estas infraestructuras. Dos de ellos tienen una importancia capital para Madrid y Lisboa. Uno apunta a “un eje norte-sur de Europa Occidental” con “interconexiones entre Estados miembros de la región y con el área mediterránea, incluida la península Ibérica, en particular para integrar la electricidad obtenida a partir de fuentes de energía renovables”. El otro es la conexión de “hidrógeno en Europa Occidental”.

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