Pensiones, salud y desigualdad

El sistema de pensiones públicas es un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar. Las pensiones son un derecho que ha dignificado la vida de millones de ciudadanos. Además, constituyen el mayor factor de reducción de la desigualdad que en nuestro país es todavía mayor que en la mayoría de países de la Unión Europea. Las pensiones son importantes para quienes las reciben, que en muchos casos las redistribuyen entre hijos y nietos. En su desarrollo han sido decisivos los sindicatos.

La revalorización de 2023 del 8,5%, de acuerdo con la inflación media del año pasado, garantiza a los pensionistas el mantenimiento de su poder adquisitivo. El gasto total crecerá hasta 190.000 millones de euros, (un 11%) debido al aumento del número de beneficiarios y al efecto sustitutivo de las pensiones nuevas más elevadas. El mayor coste comporta más aportación del Estado y más endeudamiento. La reforma pendiente que ultima el Gobierno para afrontar este aumento del gasto baraja elevar las cotizaciones y ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión de 25 a 30 años, con eliminación de los dos peores.

El Banco de España ha advertido de un mayor aumento del gasto en pensiones en relación al PIB (12,7% en 2019) en los próximos años debido a que el proceso de envejecimiento se encuentra retrasado. También indica que el número de prestaciones de jubilación y viudedad recibidas por mujeres en relación con las mayores de 65 años es un 26% menos que la media de la UE. Igualmente el número de prestaciones de invalidez, en relación con la población de entre 16 y 64 años, es también un 26% más pequeño que la media europea.

Las cifras muestran que queda bastante trecho para alcanzar el nivel de derechos de la UE. Los datos sobre las cuantías también son relevantes. En diciembre de 2022 en España había 9.994.836 pensionistas —jubilación, 6.302.297; viudedad, 2.356.613; incapacidad permanente 949.781; orfandad, 341.311 y favor familiar, 44.834—, según la Seguridad Social. Un 60% de todas las pensiones es inferior a 1.000 euros mensuales. En el caso de las de viudedad, un 64% es inferior a 800 euros. No se puede hablar de un sistema muy generoso. Además, el gasto en pensiones es de una probada eficiencia: el Informe EAPN indica que la tasa de riesgo de pobreza es del 17,5% para los mayores de 65 años, frente a un 21,7% del conjunto de la población.

El análisis de las pensiones es más amplio que el macroeconómico. El envejecimiento es un problema si se considera la sociedad desde un punto de vista estrictamente contable. Por el contrario, significa un progreso si se ve como resultado de los avances científicos y mejora de derechos. En España la esperanza de vida (83,07 años en 2021) es 10 años mayor que en 1975 (73,44 años). Mantener las prestaciones para personas que viven más años exige, lógicamente, mayor gasto en relación al PIB. No es aceptable que una mejora de la salud comporte un recorte de las pensiones. Hará falta un nuevo acuerdo social, que incluya potenciar el empleo, para mejorar unos derechos cuyos resultados han sido tan positivos.