Un juzgado procesa a ocho británicos por la estafa masiva de las falsas intoxicaciones de turistas en Mallorca

La magistrada les acusa de crear una banda organizada para cobrar indemnizaciones y estafar más de 200.000 euros a hoteles y turoperadores con falsas denuncias por el denominado “fraude de las diarreas”

Turistas en una terraza en Palma de Mallorca.
Turistas en una terraza en Palma de Mallorca.Reuters

La magistrada del juzgado de instrucción número dos de Palma ha procesado a ocho ciudadanos británicos por la estafa masiva de las falsas intoxicaciones de turistas en Mallorca. La jueza les acusa de presuntos delitos de estafa agravada y organización criminal al considerar que los investigados crearon una banda organizada que convencía a turistas para reclamar indemnizaciones a hoteles y turoperadores inventando intoxicaciones alimentarias. La jueza cifra en “una cantidad que superó notablemente los 200.000 euros” la cuantía de las indemnizaciones obtenidas en el Reino Unido, provocando a su vez un perjuicio a turoperadores y hoteles.

En un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la jueza enmarca los hechos entre los años 2016 y 2017 cuando los hermanos Laura y Marc Edward Cameron formaron una banda organizada dedicada a recabar datos de turistas británicos que se alojaban en régimen de todo incluido en diversos hoteles de la isla de Mallorca. La magistrada expone que los investigados convencían a los turistas para hacer constar “falsariamente” en un formulario que ellos mismos habían elaborado que habían estado enfermos durante su estancia en los hoteles “para poder reclamar una indemnización económica en Reino Unido”. Los hermanos constituyeron una entidad con la finalidad de remitir los datos obtenidos a despachos de abogados en Reino Unido con los que mantenían una estrecha relación.

”Los hermanos Cameron contrataron a varias personas para el desplazamiento a diversos hoteles y la captación de los datos personales de los turistas, entre los que debían hacer constar datos que permitieran vincular la ingesta alimentaria en los hoteles y la supuesta intoxicación derivada de la misma, así como los pasos que debían seguir una vez regresaran a Reino Unido”. De hecho, estas personas cobraban un porcentaje del dinero obtenido mediante la reclamación. Entre 2016 y 2017 la cuantía de las indemnizaciones obtenidas en Reino Unido “superó notablemente” los 200.000 euros, según expone la magistrada.

En base a las investigaciones realizadas desde que se inició el procedimiento, la jueza sostiene que existen numerosos indicios de criminalidad contra los ocho investigados. Así, destaca que en los hoteles gestionados por la empresa Club MAC Alcúdia, de las casi 800 personas que reclamaron tan solo consta que 38 solicitaron atención médica. “Los hoteles en cuestión habían pasado todas las inspecciones de salud satisfactoriamente, incluso la de los propios turoperadores quienes, pese a las reclamaciones efectuadas, seguían contratando con los mismos hoteles en los años sucesivos” sostiene el auto. Para la jueza, otro de los indicios relevantes es que varias páginas web ofertaban la posibilidad de obtener hasta 40.000 libras de indemnización con un 98% de probabilidades de éxito y sin coste para el cliente. También señala que se han encontrado evidencias de cómo los investigados se organizaban para tratar de captar clientes, efectuarles la propuesta de reclamación y cómo realizaban el posterior seguimiento, unos hechos que se recogen en los informes realizados por varios detectives contratados por turoperadores y hoteles que han sido aportados a la causa.

La principal investigada admitió en su declaración en el juzgado que recopilaban los nombres y números de teléfono de turistas británicos que pasaban sus vacaciones en Mallorca y luego los vendían a empresas especializadas en reclamaciones y marketing de Reino Unido. Sin embargo, negó que ella o sus empleados intentaran convencer a los viajeros para que pidieran indemnizaciones a los establecimientos inventándose enfermedades. Laura Cameron aseguró que los datos se vendían a sociedades de marketing que compraban los nombres y números de los viajeros “por si les pasa alguna incidencia”. Dijo que a través de su sociedad vendía los datos a tres empresas diferentes, todas radicadas en Reino Unido y especializadas en marketing y reclamaciones e insistió entonces en que nunca se indujo a los turistas a reclamar. Cameron admitió que obtenía beneficios por entregar los datos, por los que ingresaba alrededor de 5.600 euros por entregar aproximadamente mil nombres y números de teléfono.

La jueza ha dictado el sobreseimiento de la causa para una mujer, sobre la que no hay indicios suficientes para continuar con el procedimiento, y para otras tres personas que permanecen en paradero desconocido. Como acusación particular está personada la Federación Hotelera de Mallorca y una cadena hotelera. El caso llevó a Reino Unido a tomar medidas como iniciar los trámites para abaratar la vía judicial para los turoperadores mediante una reforma que limitara y estipulara de antemano las costas del proceso judicial. Además, la Asociación de Viajes ABTA anunció que el Ministerio de Justicia británico ha prohibido a los bufetes de abogados con sede en Reino Unido facturar honorarios “excepcionalmente elevados” por demandas por enfermedad en destinos extranjeros.

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