Fiscales federales investigan la presunta financiación irregular de demócratas y republicanos por FTX

La detención de Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de la firma de criptomonedas FTX, amenaza con ser el prólogo de un escándalo de financiación de campañas electorales que salpicaría tanto a demócratas como a republicanos. Fiscales federales de Manhattan investigan posibles delitos de financiación irregular cometidos por SBF y otros ejecutivos de la compañía, para lo que han solicitado información a comités de recaudación de fondos de ambos partidos en los días siguientes a la detención de SBF, como se le conoce, en Nassau (Bahamas) a petición de EE UU. El fundador de FTX tiene previsto declarar este lunes para revocar su decisión inicial de oponerse a ser extraditado a EE UU, según la agencia Reuters.

Entre los cargos que se imputan al financiero, de 30 años, figuran irregularidades en la financiación de campañas, por lo que los fiscales se pusieron en contacto con representantes y comités que han recibido millones de dólares de SBF, sus colegas y sus empresas. Entre los beneficiarios estaría el congresista demócrata Hakeem Jeffries, figura emergente del partido y sucesor de Nancy Pelosi como líder de su formación en la Cámara de Representantes, según el diario The New York Times.

Un fiscal no identificado de la oficina del fiscal federal para el distrito sur de Nueva York contactó esta semana con una firma de abogados que representa a varias organizaciones demócratas, incluidos los órganos oficiales de la campaña del partido, grandes super PAC (siglas inglesas de Comité de Acción Política, grupos de recaudación) y las campañas de políticos de alto perfil como Jeffries, con el objetivo de recabar información sobre donaciones de SBF y sus colegas y empresas.

El magnate caído en desgracia fue acusado este martes en un tribunal federal de Manhattan de participar en un esquema para defraudar unos 10.000 millones de dólares a clientes e inversores de FTX mediante depósitos desviados para pagar gastos y deudas y para invertir en su fondo de cobertura cripto, Alameda Research, la matriz de FTX. Si como apunta la exclusiva de Reuters, basada en fuentes cercanas al ejecutivo, su propósito de consentir la extradición se confirma, SBF comparecería ante el tribunal de Manhattan por fraude electrónico, blanqueo de dinero y campaña y financiación irregular de campañas.

Mientras SBF beneficiaba al Partido Demócrata, su colega y codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, de 29 años, es un conocido donante republicano, además de empresario de la restauración. Según el diario sensacionalista The New York Post, el joven donó 20 millones de dólares a los republicanos para las elecciones de medio mandato de 2022; en noviembre, fue ensalzado como “megadonante republicano en ciernes” por el Washington Examiner, que rebaja su contribución a 15 millones de dólares a sendos candidatos republicanos mediante un super PAC de nueva creación. El joven Salame es pieza clave de la investigación al volverse contra SBF y revelar que la empresa estaba malversando miles de millones de fondos de clientes e inversores para apuntalar Alameda Research. El citado diario de Washington asegura que los demócratas devolverán el dinero recibido de SBF.

SBF sigue detenido desde el lunes en las Bahamas, donde la empresa tenía su sede, y a su llegada a EE UU será probablemente ingresado en el correccional metropolitano de Brooklyn, una cárcel atestada de internos y plagada de celebridades, como la socialité británica Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años como cómplice y colaboradora del pedófilo Jeffrey Epstein. En el centro de detención de Brooklyn también purgan sus condenas varios capos del narcotráfico internacional. Dado el hacinamiento de los presos, apuntó su abogada defensora, SBF podría ser derivado a otra cárcel a las afueras de la ciudad. Está previsto que en la vista preliminar del caso ante el tribunal de Manhattan, SBF se declare culpable y que el juez decida sobre una eventual fianza, aunque la opinión mayoritaria se inclina por la prisión preventiva dado el riesgo de fuga y el monto del dinero defraudado. No se espera la celebración del juicio hasta dentro de un año como mínimo.

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