Un juzgado cita a testificar a Igea y al exdirector de Industria de Castilla y León por el presunto boicoteo a una biorrefinería en Zamora

El Juzgado de Instrucción n.º 6 de Zamora ha citado a testificar a varios altos cargos de la política provincial y autonómica por el presunto boicoteo de la Junta de Castilla y León a una biorrefinería planteada para la localidad zamorana de Barcial del Barco, de 240 habitantes. Las figuras políticas convocadas son Francisco Igea, único procurador de Ciudadanos en las Cortes y vicepresidente en el momento de los hechos; Alberto Burgos, exdirector general de Industria en la comunidad, y Francisco José Requejo, presidente de la Diputación de Zamora. También han sido citados Jorge García Gutiérrez, directivo de la empresa Acciona, y Silverio Mayendía, administrador de la biorrefinería. La jueza que dirige el caso ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJCyL) que, dada la condición de aforado de Igea, se encargue de esa instrucción.

Los citados deberán intervenir el próximo 20 de diciembre, según cuentan fuentes del caso a EL PAÍS, ante la denuncia de los impulsores de la biorrefinería de Barcial, cuyo ingeniero jefe es el zamorano Vicente Merino, responsable de la empresa EA Green Energy, constituida para esta iniciativa. Este ha denunciado recientemente ante la Fiscalía europea que la compañía Acciona habría cometido un supuesto fraude que perjudicó a su iniciativa energética.

Las bases sobre las que los reclamantes acudieron a la justicia radican en unas grabaciones telefónicas, a las que tuvo acceso EL PAÍS el pasado enero, en las que un integrante de una entidad inversora de gran peso internacional afirmaba ante los responsables de la biorrefinería que renunciaba a participar en ella tras reunirse con miembros de la Junta. La multinacional, según documentos en poder de ese diario, iba a dedicar entre 25 y 40 millones de euros como “grupo tractor” y ejercería como aval para atraer un gran préstamo bancario y fondos europeos que se traducirían en más de 200 millones de euros.

El bioetanol que se produciría en esas instalaciones, ubicadas en una zona muy despoblada y que se obtendría de productos de agricultores cercanos, tenía también interesados en su adquisición. Merino y su equipo han expuesto que en noviembre de 2021 el intermediario de los inversores declinó participar: “[la biorrefinería] va a hacer mucho ruido en ciertos sectores de la Junta, tenemos dos cosas en boga, una es relevante y otra son inversiones”.

Esta posible competidora verde supondría un problema para “un montón de inversiones en renovables en Castilla y León”. “El dinero es muy cobarde, no queremos ningún tipo de interferencia de ese ruido en las inversiones que están en proceso”, justificó el potencial socio, que admitió que las demás inversiones pesaban demasiado como para arriesgarse: “Lo que nos jugamos es tan gordo que no queremos el más mínimo ruido”. La presión, sostenía el empresario, “es suficientemente light como para que no puedas decir nada”. “Nadie nos ha dicho ‘no lo hagáis por esto’, pero sí ‘uf, esto es un poco lío”, desarrollaba el representante de la gran entidad interesada. “Hay un ambiente enrarecido con la gente que se ha opuesto a vosotros”, señalaba esta persona a Merino, concretando en el abogado Silverio Mayendía, que además de colaborar con la biorrefinería, está personado como acusación en la Trama Eólica, que investiga a antiguos altos cargos de la Junta por presunta influencia irregular en la concesión de licencias para parques eólicos.

El directivo informó a Merino de que iba a hablar con los cargos, ambos de Ciudadanos, ahora citados a testificar: Alberto Burgos y Francisco Igea, quien según su equipo no ha recibido aún notificación alguna. El presidente de la Diputación, Francisco Requejo, también deberá comparecer. La institución pública compró los terrenos sobre los que se instalaría la biorrefinería por 307.000 euros para cedérselos a los emprendedores, que aspiraban a crear 120 empleos directos y 1.200 indirectos, además de fomentar la economía de esas zonas de Zamora.

Un acta de una reunión previa entre los zamoranos con otro grupo interesado revela que varios miembros de esa entidad admitieron que se dirigieron al área de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), quien les respondió “no lo veo” sobre el proyecto de Zamora.