El negro futuro de la esperanza verde en Zamora

Las obras habían comenzado. La maquinaria trabajaba sobre unos terrenos de Barcial del Barco (Zamora, 240 habitantes) en los primeros pasos de la construcción de una biorrefinería industrial pionera. Allí se debían producir miles de toneladas de bioetanol, una energía verde procedente de la remolacha, un tubérculo que iban a comprar a los agricultores de las proximidades. El proyecto suponía 120 empleos directos, muchos de alta cualificación, 1.200 indirectos y esperanza para una provincia sin apenas peso industrial y con pésimos saldos demográficos. Pero las obras pararon hace unas semanas. Los inversores se echaron atrás. Vicente Merino, ingeniero agrónomo e impulsor del plan, se desespera y señala a la Junta de Castilla y León como responsable de esta retirada.

Unas grabaciones telefónicas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran a un directivo de la compañía inversora asegurando a los responsables de la biorrefinería que esa apuesta encarrilada, con documentos ya acordados, se echaba atrás tras sentarse con la Junta. Merino explica que las condiciones estaban cerradas en un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con una multinacional. Según ese documento y las condiciones económicas, también en poder de este periódico, la multinacional destinaría entre 25 y 40 millones de euros como “grupo tractor” y serviría como aval para atraer un gran préstamo bancario y fondos europeos hasta alcanzar un total de más de 200 millones de euros para construir las instalaciones. El bioetanol ya contaba con una multinacional interesada en su adquisición. El pasado 4 de noviembre Merino y este directivo cruzaron unos mensajes en los que el representante de la compañía afirmaba que iban a contactar con la Junta: “Tenemos que chequear que no nos estamos metiendo en una vía que va contra un muro, querría hacer ese testeo antes de salir a la luz”. Este hombre le pide a su potencial socio zamorano incluir en el MOU una cláusula para que “si el resultado [del diálogo con el Gobierno autonómico] nos pone los pelos de punta, podamos salir corriendo”.

“El dinero es muy cobarde”

La llamada fatídica llegó el 16 de noviembre. El intermediario con la compañía le comunicó la “decisión de no participar” porque tienen “dos cosas en boga, una es relevante y otras son inversiones”. Según este testimonio, el “tema” de la biorrefinería “va a hacer ruido en algunos sectores de la Junta”, algo que no es positivo para “un montón de inversiones en renovables en Castilla y León”. “El dinero es muy cobarde, no queremos ningún tipo de interferencia de ese ruido en las inversiones que están en proceso”, sentencia el miembro de la empresa inversora. “Lo que nos jugamos es tan gordo que no queremos el más mínimo ruido”, expone. EL PAÍS ha contactado con esta persona, que ha declinado confirmar o desmentir dichas palabras.

Las explicaciones que Merino recibe aluden a un ambiente “enrarecido con la gente que se ha opuesto a vosotros”, en particular hacia miembros del grupo zamorano, como el abogado Silverio Mayendía, personado como acusación en la Trama Eólica, que investiga a antiguos altos cargos de la Junta por presunta influencia irregular en la concesión de licencias para parques eólicos. El ingeniero le insiste a su interlocutor en que esta actitud del Ejecutivo “es un sabotaje” y este, que admite que el proyecto sería muy beneficioso para estas comarcas, contesta que “es suficientemente light como para que no puedas decir nada”. “Nadie nos ha dicho ‘no lo hagáis por esto’, pero sí ‘uf, esto es un poco lío”, desarrolla el empresario. “A veces me gustaría vivir en otro país”, zanja el miembro de la gran corporación, que se ha ofrecido a actuar como constructor, pero ha rechazado involucrarse como inversor, el gran objetivo de Merino.

Estas acusaciones contrastan con la postura pública de la Junta, que en los últimos meses ha apoyado al plan de Barcial del Barco. El directivo informó a Merino de que iba a hablar con Alberto Burgos (C’s), director general de Industria, Francisco Igea (C’s), ex vicepresidente y portavoz, y Carlos Martín Tobalina (PP), viceconsejero de Economía. EL PAÍS ha contactado con Burgos, que asegura que “no desincentivaría ninguna inversión”; con la consejería de Fomento, cuyos portavoces sostienen que “no entran” en inversiones, y de Agricultura, que afirma que su titular, Jesús Julio Carnero (PP), “públicamente nunca ha dicho que no se invierta” y que apoya la iniciativa si es “viable económicamente para los inversores”.

Recelos anteriores a otro inversor

Un acta de una reunión de los impulsores de la biorrefinería con otra corporación interesada en participar en el tratamiento de los gases revela que varios miembros de esta firma admitieron que se dirigieron al departamento de Fomento y Medio Ambiente y al de Agricultura. Según ellos, el responsable de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), les dijo “no lo veo” en referencia al proyecto de Zamora.

Un representante de esa potencial inversora también declina confirmar o desmentir esas acusaciones. Vicente Merino censura que, al igual que la otra compañía, un primer interés firme en invertir unos 30 millones de euros se convierte en una oferta de colaboración que “no tiene nada que ver con lo que nos habían dicho antes de hablar con los consejeros”. Un integrante de esta última empresa menciona “barreras recientes” en un correo electrónico de hace unas semanas dirigido al ingeniero zamorano. La Diputación de Zamora compró los terrenos por 307.000 euros y su presidente, Francisco Requejo (C’s), había mostrado entusiasmo hacia la propuesta, pero ahora se encuentra “desolado” y les ha pedido “temple”, señala Merino. Requejo ha manifestado estas semanas que su organismo se comprometió “solamente a ceder los terrenos” y ha confiado en que el plan avance. En caso contrario, la Diputación podrá recuperar el dinero.

Los defensores de la biorrefinería denuncian que desde que plantearon su idea hace unos años han sufrido injerencias. Roberto Aguilar (PP), exalcalde de Barcial, recibió cartas anónimas con amenazas y advirtiéndole de “con qué gente” se juntaba. “Nos jugamos mucho”, decía la misiva. “La Junta no ha querido saber nada”, critica Aguilar, que llevó a la Junta firmas de alcaldes de la comarca que respaldaban el proyecto, pero nadie del Gobierno le recibió. El regidor actual, Carlos Neches (PP), carga contra su partido porque “hablan mucho de los pueblos y la España vaciada y tenemos que llegar a esto”. La planta de bioetanol “tendría un impacto del que ni somos conscientes en una zona muerta y enterrada”. Los altos cargos acusados de trabar el proyecto, zanja, “están ahí por nuestro apoyo, pero no cuentan con la población”.

Denuncia contra la Junta

Los promotores de la Biorrefinería de Barcial han presentado una denuncia contra la Junta de Castilla y León, a la que acusan de un presunto delito de sabotaje por influir negativamente en los inversores interesados en el proyecto.

Al margen de esa actuación, el ingeniero Vicente Merino también dice que ha recibido ataques personales, como cuando se reunió en 2018 con el alcalde de La Bañeza (León) para valorar ubicar allí las instalaciones. Este le indicó que responsables de La Azucarera, una empresa de gran relevancia en el ámbito agrario y de la remolacha en Castilla y León, le habían acusado ante el regidor de “robar información” cuando trabajaba con ellos. Esto, recalca Merino, es falso porque nunca ha sido su empleado. También vio cómo el procurador del PP en Zamora Óscar Reguera le advirtió a un amigo de Merino que le recomendara a este “que guardara sus espaldas”, un comentario que han denunciado ante la Fiscalía.

El impulsor del proyecto de Barcial, que lo tiene en mente desde 2006, lamenta que esta encrucijada le está generando ansiedad y problemas psicológicos. Los más de 400.000 euros con los que habían comenzado las obras han salido del bolsillo de su familia. Un informe de valoración cifra en 7,5 millones las gestiones efectuadas por los promotores de la biorefinería estos 15 años. “Nuestro objetivo es que el proyecto salga, siempre hemos estado abiertos a soluciones de mercado en vez de que vaya al juzgado y el proyecto muera, aunque los daños y perjuicios sean o puedan ser multimillonarios”, declara Merino.

El ingeniero se muestra compungido, pero confía en que algún día su idea cobre forma: “Es una vergüenza, pero la mayor riqueza se lleva dentro. Y esa no la pierdo”.