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Energía
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Las debilidades de un tope al gas europeo

Existe un riesgo de fugas hacia Estados no miembros si se extiende la excepción

Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este viernes en Bruselas.OLIVIER HOSLET (EFE)

La Unión Europea se prepara para hacer frente al invierno sin el suministro del gas ruso por primera vez en décadas. Y, para ello, la Comisión está abriendo la puerta a extender en todo el territorio comunitario la compensación ofrecida en España a las centrales que usan gas para la producción de electricidad. Esta compensación hace de tope al precio que pagan los consumidores y, aunque funciona en este cometido, para articular una propuesta europea viable existen tres potenciales problemas señalados explícitamente por la presidenta Ursula Von der Leyen: cómo evitar que aumente el consumo de gas, las posibles fugas a países extracomunitarios debido al alto grado de interconexión y, finalmente, cómo financiar las compensaciones para que todos los países estén en igualdad de condiciones.

Los datos recogidos sugieren que los temores están fundamentados. En la evaluación realizada desde el Centro de Políticas Económicas de Esade, estimamos que, en ausencia de la intervención, las facturas habrían sido un 24% más altas. Esta ganancia está relacionada con el precio del gas y su uso en el sector eléctrico: a mayor precio de este combustible, mayor ahorro para los consumidores en comparación con lo que pagarían sin la excepción ibérica. Si aumenta su uso en la generación, en cambio, menor es el ahorro.

Ocurre que, con la compensación, las centrales quedan menos expuestas a los vaivenes del precio del gas y tienen incentivos para ofertar más en el mercado. Nuestras estimaciones indican un incremento significativo de la producción con gas respecto a la hipotética ausencia de tope. Aunque, debido a la sequía y el calor de este verano, no es posible discernir qué parte de este incremento se debe a la medida, lo que sí parece claro es que este aumento del consumo entra en conflicto directo con el compromiso de ahorro adquirido por todos los socios europeos y, a largo, con los objetivos de transición hacia fuentes energéticas renovables.

Los datos desde España también fundamentan el temor de las fugas a otros países. Y sí: se observa un cambio en el saldo comercial con Francia y Portugal. Nos hemos vuelto exportadores netos y, de seguir esta tendencia, a finales de año las exportaciones duplicarán las de 2021. En condiciones normales esto no supondría ningún problema, pero, dado que los precios son artificialmente más baratos debido a la compensación financiada por los consumidores españoles, se produce una subvención implícita a nuestros vecinos.

Aunque nuestras estimaciones señalan que muy probablemente las exportaciones hubieran aumentado igualmente en ausencia del tope (posiblemente afectado por el parón nuclear francés), no podemos descartar que este haya podido suponer un cambio estratégico en la producción francesa por la existencia de este beneficio económico. Esto muestra el riesgo de fugas hacia Estados no miembros si se llegara a implementar el tope a nivel europeo.

Para terminar, es necesario rebajar expectativas a largo plazo. Los datos analizados corresponden a meses estivales pero, ¿qué volumen alcanzará la compensación una vez entremos en el invierno y el precio del gas aumente con la demanda? Tampoco sabemos hasta qué punto esta brecha entre compensación pagada y ahorro obtenido se repartirá en los diferentes territorios de la UE, con necesidades (y fuentes para cubrirlas) radicalmente distintas. De ahí el (justificado) miedo de la Comisión por las desigualdades entre países.

Hay, pues, un dilema entre tratar de reducir el precio de la electricidad y el gas a corto plazo, mantener los incentivos tanto para su ahorro como para la descarbonización, y asegurar un reparto equitativo de los costes y beneficios de las políticas entre la población. Las nuevas medidas que se adopten en el seno de la Unión Europea deben tener esto en cuenta y partir de un prisma de solidaridad y de cooperación entre estados miembros. Ningún ciudadano europeo debería estar más protegido que otro este invierno por haber nacido en un lugar concreto.

Natalia Collado es economista investigadora en EsadeEcpol

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