España y otros siete países de la UE reclaman una protección más “ambiciosa” para los trabajadores de las plataformas digitales

La directiva de la Comisión Europea para mejorar las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales, como ya hace la ley de riders (repartidores) en España, debe ser “exigente y ambiciosa” en la defensa de estos empleados, que en muchas partes del continente siguen siendo demasiado precarios. Así lo reclaman ocho Estados miembros, entre ellos España, en una carta enviada al comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, y al viceprimer ministro y ministro de Trabajo checo, Marian Jurecka, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE. El objetivo de la misiva, lanzada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es aumentar la presión de cara al texto legal que Bruselas anunció en diciembre de 2021 y que ahora está en proceso de aprobación ante el Consejo, primero, y el Parlamento Europeo más tarde.

“Tenemos que ser lo más ambicioso posible (…) No podemos dejar que se debiliten los derechos de las personas trabajadoras en este nuevo marco laboral que abren las plataformas digitales”, ha declarado Díaz este lunes en un comunicado. La también ministra de Trabajo ha logrado ya el apoyo de sus colegas de Países Bajos, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Malta, aunque Díaz ha manifestado su esperanza de “recabar más apoyos dentro de la Unión” en las próximas semanas.

La nueva directiva, que la Comisión Europea presentó a finales del año pasado y que, una vez aprobada, afectará a todo tipo de plataformas digitales, busca la “correcta clasificación como trabajadores por cuenta ajena” de los trabajadores en estos servicios digitales, para poner fin a la figura de los falsos autónomos que abundan en estas empresas. Se espera que, una vez aprobada, permita la regularización de más de 4 millones de falsos autónomos.

La misiva busca asegurarse de que la directiva “recoja y afiance los derechos laborales y de protección social” de los trabajadores de las plataformas digitales, así como una “gestión transparente de los algoritmos que definen sus condiciones laborales”, destaca el Ministerio de Trabajo español. La carta llega en plenas negociaciones del texto de la directiva entre los Veintisiete antes de una cita clave: en diciembre, debe recibir el visto bueno en el Consejo de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), antes de ser negociado con el Parlamento Europeo.

Díaz y sus colegas europeos reclaman que el texto mantenga, sin cambios, la “presunción legal de la relación de empleo efectiva y fuerte, pero refutable, que refleje el actual control y dirección ejercido por las plataformas de trabajo digitales”. Una presunción legal que, subrayan, “debería desencadenarse de acuerdo con reglas y mecanismos claros y transparentes compartidos por todos los Estados miembros, sin crear potenciales diferencias entre los países”.

Algunos gobiernos conservadores y liberales, entre ellos el checo que preside este semestre la UE, han intentado debilitar la presunción de laboralidad que para España y los otros países signatarios de la carta es clave que sea mantenida sin enmiendas.

Al respecto, aunque no citan iniciativas concretas, los ministros firmantes advierten de que “establecer restricciones o derogaciones a esta presunción legal solo perpetuaría el desequilibrio existente” entre las plataformas y sus trabajadores, que ha llevado, recuerdan, a la “existencia de miles de falsos autónomos en europa, y a condiciones laborales precarias por el abuso de contratos atípicos”.

La directiva también quiere garantizar la equidad, transparencia y rendición de cuentas de la gestión de los algoritmos. Para ello, se busca que tanto los trabajadores como sus representantes tengan derecho a ser informados sobre los algoritmos empleados en la configuración y organización de su trabajo, así como sobre la toma de decisiones automatizadas de las empresas, destaca por su parte el Ministerio de Trabajo en un comunicado.