Los recursos que el Estado reparte a las comunidades crecerán a un ritmo récord en 2023

El Estado repartirá un récord de recursos a las comunidades el año que viene: recibirán la friolera de 134.335 millones de euros del sistema de financiación autonómico, la cifra más elevada de siempre, superior en 26.000 millones a la de este ejercicio. “En términos relativos representa un incremento superior al 24%, el mayor de toda la serie histórica”, recoge el Informe Económico Financiero que acompaña el proyecto de Presupuestos Generales del Estado recién aprobado por el Ejecutivo. Las Islas Baleares experimentarán el mayor repunte; Cataluña, Andalucía y Madrid absorberán, por razones de tamaño, más dinero en cifras absolutas.

Cataluña recibirá 25.235 millones del sistema de financiación, un 24% más en comparación con este ejercicio. Este importe supone casi un 19% del total. Andalucía obtendrá 24.385 millones (un 25% más). Madrid percibirá 18.355 millones, el menor incremento porcentual en comparación con el ejercicio en curso, y aun así del 21%, según datos recopilados por EL PAÍS.

Este manguerazo se repartirá en año electoral: en primavera habrá comicios municipales y autonómicos y, en otoño, generales. Y llegará sin que se haya acometido la reforma del sistema de financiación, uno de los grandes rompecabezas del Estado autonómico. La renovación del modelo lleva pendiente desde 2014, y ningún Ejecutivo ha logrado cerrarla. Tampoco el de Pedro Sánchez, que se había comprometido a ello.

En los últimos años, los obstáculos han sido múltiples y de distinta naturaleza: antes fue la Gran Recesión, después la inestabilidad causada por el procés en Cataluña, y ahora la pandemia y la crisis energética. Pero el verdadero escollo no está en la coyuntura ni en el diseño técnico, sino en el consenso político. Ya hay soluciones técnicas sobre la mesa, plasmadas en el informe del comité constituido en 2017 para reformar el sistema de financiación, al que se suman las recomendaciones del Libro Blanco de los expertos para la reforma fiscal, publicado en marzo. Lo que falta es el acuerdo.

Los barones regionales reclaman más recursos y un cambio en los criterios de reparto, pero no hay una posición común, tampoco entre comunidades del mismo color político. Y la única manera para abordar la reforma es contar con una amplia mayoría. En plata: que los dos mayores partidos, PSOE y PP, se pongan de acuerdo, algo que se antoja complicado en el actual contexto político.

Bolsa común

El sistema de financiación está conformado por una bolsa común alimentada por la recaudación de impuestos y aportaciones del Estado, y repartida entre las comunidades de régimen común —en este esquema no están Navarra y País Vasco— a través de un intricado esquema de fondos. Su objetivo final, al menos sobre el papel, es que todas las autonomías reciban dinero suficiente para prestar los servicios públicos en las mismas condiciones, con independencia de que sean ricas o pobres.

En la práctica, el Estado transfiere este dinero a las comunidades poco a poco por adelantado, a través de un mecanismo conocido como entregas a cuenta, cuyos importes se calculan cada año a partir de la previsión de crecimiento para el ejercicio siguiente. Dos años después se echan cuentas. Si la economía ha ido peor de lo esperado, las autonomías deben devolver lo ingresado de más. En caso contrario, se genera una liquidación positiva a favor de los Gobiernos regionales.

Los 134.335 millones que recibirán las comunidades en 2023 incluyen 124.292 millones de entregas a cuenta, un 11% más que los 112.212 de este año, y 10.981 millones de la liquidación positiva de 2021, cuando la recaudación batió todos los récords y previsiones gracias a la mejora de la actividad y una inflación que ya empezaba a repuntar con fuerza. El importe total supone un alza de 26.130 millones en comparación con el ejercicio actual, un 24% más. Este porcentaje de crecimiento, sin embargo, se reduce a cerca de un 10% si tienen en cuenta las transferencias extra comprometidas para este año, un pago de 7.400 millones que no volverá a repetirse en 2023.

Recursos extraordinarios

La inyección adicional de 7.400 millones se suma a las transferencias excepcionales recibidas por las comunidades desde el inicio de la pandemia, en 2020, para apuntalar los servicios públicos que prestan las autonomías. En este caso, llega de dos compartimentos. Por un lado, el Ejecutivo ha decidido perdonar los 4.400 millones de liquidaciones negativas de 2020; por el otro, ha devuelto 3.066 millones que debía a las autonomías por el IVA de 2017, cuando los Gobiernos regionales perdieron una mensualidad de recaudación por la entrada en vigor de un nuevo sistema de gestión del impuesto.

Las liquidaciones negativas de 2020 se generaron porque Hacienda mantuvo las entregas a cuenta calculadas antes de que estallara la crisis sanitaria, sobre una previsión de crecimiento que se quedó en papel mojado. Este 2022, dos ejercicios después, ha llegado la factura: una liquidación negativa para las comunidades de más de 4.400 millones, que, sin embargo, el Estado ha decidido asumir. Más de un tercio de este importe, 1.260 millones, se corresponde a Andalucía, seguida por Cataluña (538 millones) y Madrid (496 millones). A esta factura, además, hay que sumar 936 millones de las liquidaciones negativas que aún se arrastran desde 2008 y 2009. Solo tres comunidades registraron saldos positivos por las entregas a cuenta de 2020: la Valenciana, Baleares y Canarias, con saldos positivos de 146,55 millones, 69,27 millones y 267,27 millones, respectivamente.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) e investigador del CSIC, explica que las liquidaciones positivas de estas tres comunidades se deben a varios factores. Uno es que los fondos de convergencia (cooperación y competitividad) no tienen entregas a cuenta, por lo que aquellas comunidades que reciben más ingresos por esta vía, incluyendo las tres citadas, tienden a tener liquidaciones más favorables. Otro es que los ingresos definitivos de estas tres regiones por el resto de elementos del sistema no se han ido demasiado por encima de las entregas a cuenta. A ello ha ayudado el que los ingresos tributarios hayan caído menos de lo esperado, sobre todo gracias a los ERTE y los detalles del funcionamiento de los fondos de garantía y suficiencia, que han aportado más recursos a estas comunidades de lo inicialmente previsto.

De la Fuente considera que las comunidades han recibido una protección “excesiva” por parte del Estado a raíz de la pandemia, como ya ocurrió con la crisis financiera. Esto traslada “la inevitable caída de ingresos a años posteriores”, explica, y reduce “los incentivos para iniciar los necesarios ajustes”.