Escrivá propone subir cada año las bases máximas de las cotizaciones con la inflación más un recargo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha vuelto a defender la subida del 8,6% de las bases máximas de cotización incluida en los Presupuestos Generales del Estado, asegurando que es una medida que se produce “cada año” y con la que se introduce “predictibilidad” en el sistema. A pesar de las quejas de las patronales CEOE y Cepyme, el ministro ha vuelto a recalcar que no se trata de una decisión “sorprendente”, puesto que se sitúa en la línea de las actuaciones pasadas. Escrivá ha defendido que aumentar las bases máximas de cotización es consustancial con el aumento de las pensiones máximas, puesto que así se garantiza la “contributividad” y la “sostenibilidad” del sistema. “Antes de que se fijase una norma para revalorizar las pensiones, esto era como una escopeta de feria”, ha dicho.

“Las bases máximas tiene que subir como suben las pensiones máximas, añadiendo la inflación que haya existido en cada momento. Eso siempre ha sido así. No estamos sorprendiendo a nadie. Estamos incluyendo predictibilidad. Antes, adivinar cuánto subirían era como disparar con una escopeta de feria”, ha indicado Escrivá.

Además, el ministro ha recalcado que su intención de cara al futuro es ligar la subida de las bases máximas con la inflación, y sobre este porcentaje, añadir otro adicional. Este último, que no está definido por el momento, se encuentra en proceso de debate con los agentes sociales. La previsión que maneja el Gobierno es que, una vez que las políticas monetarias europeas surtan efecto y la inflación se neutralice (en el entorno del 2%), se defina un recargo sobre estas bases que impacte durante los próximos 25 años y vaya elevando progresivamente las cotas más elevadas de cotización.

Los salarios más elevados, que son aquellos sobre los que impactan este tipo de alzas, han venido siendo objeto de este tipo de revisiones en los últimos años. Según los datos de Seguridad Social, entre 2018 y 2022, en los últimos cinco años, las bases máximas de cotización se han incrementado en 387,8 euros (de 3.751.2 a 4.139,4 euros al mes). Sin embargo, entre 2019 y 2021 estas se mantuvieron congeladas (4.070 euros), y en 2023 se elevarán hasta su máximo histórico (4.495 euros, 53.940 al año).

Durante un encuentro para presentar el desglose del Presupuesto con el que contará la Seguridad Social en 2023 (de 204.208 millones de euros), el máximo responsable del Ministerio ha justificado la subida de un 8,6% de las bases máximas de cotización —de acuerdo con la subida media estimada de los precios con la que acabará el año—, y la misma cuantía para las pensiones máximas por el buen comportamiento del mercado de trabajo. “El crecimiento del empleo se está materializando con un mejor dinamismo que está llevando a que se creen mejores trabajos”, ha valorado Escrivá. “Los más de 700.000 empleos que hemos añadido en 2022 son empleos de mayor cualificación, productividad, y salario”, ha añadido. En su opinión, los efectos de la reforma laboral se esconden detrás de esta previsión de mejoría de los ingresos del sistema.

En cuanto a la reacción de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en contra de la subida de las bases de cotización, que fue calificada por este organismo de “inadmisible e impresentable”, Escrivá ha asegurado sentirse “sorprendido”, y ha considerado como “injustas” estas críticas. Además, ha negado que la comunicación no sea fluida entre el Ministerio y los agentes sociales. “Estamos hablando casi todos los días. Esa sensación que se da que no se dialoga es falsa”, ha apuntado. El ministro ha valorado esta regla de comportamiento, al señalar que equiparando ambas subidas se rompe “con ese pasado de sorpresas continuadas”, que tenían que ver “con una mala planificación de la sostenibilidad del sistema”.

Automatismo

Sobre el aumento del 8,6% para las bases más elevadas —actualmente en los 4.139,40 euros mensuales—, se sumará también el 0,6% adicional correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entrará en vigor en 2023. Una herramienta que se observa con cierto recelo desde Bruselas, por no estar prevista una actuación automática. “No está en entredicho el 0,6%, sino si hay alguna forma de convertirlo en un mecanismo automático”, ha explicado Escrivá.

Tal y como está diseñada esta herramienta —cuyo objetivo principal es nutrir al Fondo de Reserva para hacer frente a la sobrecarga prevista próximamente con la jubilación de los baby boomers—, se revisará su comportamiento en 2032, dentro de nueve años, y en el caso de necesitar un reacondicionamiento, o la incorporación de otras medidas de recaudación, estas se debatirán en el seno del diálogo social. Es, precisamente, esta negociación necesaria de la que querrían prescindir las organizaciones europeas.