Bruselas quiere sacar a más de 80 millones de personas del riesgo de pobreza en 2030

La Comisión plantea reducir 10 veces el límite de posible exposición al amianto en los puestos de trabajo

Una mujer recibe alimentos de la Fundación Madrina, en diciembre de 2021 en Madrid.
Una mujer recibe alimentos de la Fundación Madrina, en diciembre de 2021 en Madrid.

En el plazo de ocho años, la Unión Europea debería rebajar muy significativamente el número de personas en riesgo de pobreza en los próximos ocho de años: de 95,4 millones a 15. Este es el objetivo que se ha fijado la Comisión Europea y que pretende impulsar con las recomendaciones sobre ingresos mínimos para los Estados miembro que ha aprobado este miércoles, planteadas como una vía para llegar al objetivo de tener un 78% de población de 20 a 64 años en 2030, según se recoge entre las metas del pilar europeo de Derechos Sociales. En la misma carta, se incluye la salud laboral, otro elemento que ha tratado de desarrollar el ejecutivo comunitario al aprobar una enmienda a la directiva sobre amianto de 2005 en la que plantea reducir a una décima parte los límites de exposición actuales a este material cancerígeno tan utilizado hasta hace pocas décadas.

Todos los países de la UE, los Veintisiete tienen algún tipo de ingreso mínimo vital, aunque la disparidad entre todos ellos es grande, como señala el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmidt, en un encuentro con varios medios europeos, entre ellos EL PAÍS. El Ejecutivo comunitario pretende que estas diferencias vayan acercándose, aunque como su competencia en esta materia es escasa ha optado por aprobar una serie de recomendaciones para los Estados miembro. Es decir, ningún texto con fuerza de ley, como una directiva o un reglamento.

Los consejos que plantea Bruselas para aumentar la cobertura de este tipo de salarios sociales pasan por no excluir a determinados colectivos como a los más jóvenes fijando una edad mínima a los 25 o los 30 años, prestando apoyo a los beneficiarios de estas ayudas para su inserción social y laboral, especialmente estas últimas, porque como subraya el luxemburgués Schmidt, la Comisión no plantea un apoyo incondicional sino “un contrato” por el que quien percibe este ingreso se compromete a dar pasos para su inserción. “No es una renta básica universal”, zanja Schmidt.

El planteamiento que hace la Comisión no pasa por fijar cantidades de ayudas ni un porcentaje sobre ingresos medios o medianos en cada país y huye de las comparaciones entre países. No obstante, sí que da dos consejos concretos: el primero es que la respuesta oficial a una petición de ayuda de darse como tarde en 30 días y que a los tres meses debe concretarse un plan de inserción social y laboral para el beneficiario.

“En un momento en que muchas personas tienen dificultades para llegar a fin de mes, será importante que este otoño los Estados miembros modernicen sus redes de seguridad social con un enfoque de inclusión activa para ayudar a los más necesitados. Así es como podemos luchar contra la pobreza y la exclusión social, y ayudar a más personas a trabajar durante este período difícil”, ha añadido el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en la presentación de la iniciativa.

Junto a esta recomendación, el Ejecutivo europeo ha aprobado una propuesta para reformar la directiva de 2005 que prohíbe la utilización del amianto en edificios nuevos y reforma y que limita la exposición a esta sustancia en los puestos de trabajo a 0,1 fibras por centímetro cúbico rebajando esta cantidad a 0,01, es decir, una décima parte. Para poner en contexto la importancia de la medida en la UE, el departamento de Schmidt ha dado varios datos que ayudan a contextualizar: un 78% de los cáncer laborales que se dan en la UE están relacionados con el amianto; 70.000 trabajadores murieron en 2020 por la exposición a esta sustancia; entre 4,1 y 7,3 millones de ocupados están expuestos a ella

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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