La UE suavizará la exigencia de recortar el consumo de gas tras la presión de las capitales

El plan de emergencia de la Comisión Europea para recortar el consumo de gas en previsión de una ruptura energética con Rusia está siendo suavizado y flexibilizado por los gobiernos de la UE, con el de España entre los más beligerantes a favor de matizar el proyecto de Bruselas. El último borrador del Reglamento mantiene el objetivo de un recorte lineal y generalizado del 15%, pero introduce numerosas excepciones y ajustes para adaptar el ahorro a las necesidades energéticas de cada país. La Comisión Europea, además, dejaría de tener la potestad absoluta para declarar el estado de alerta, como contemplaba el proyecto original, y tamaña decisión deberá ser sometida a votación de los 27 Estados miembros.

El Gobierno de la República Checa, país que preside este semestre el Consejo de la UE, trabaja a marchas forzadas desde el pasado miércoles para pulir todas las aristas de la propuesta de la Comisión y lograr un texto que pueda ser aprobado este martes por los ministros de Energía, que se reúnen en sesión extraordinaria en Bruselas. Fuentes diplomáticas consideran alcanzable el acuerdo, aunque el último borrador del Reglamento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, todavía suscita inquietudes en numerosas capitales.

Fuentes diplomáticas insisten en que el objetivo prioritario es mantener la unidad y se intentará por todos los medios lograr un acuerdo que respete las necesidades de cada uno de los Veintisiete. Las mismas fuentes indican que en caso contrario se daría una oportunidad al presidente ruso, Vladímir Putin, para fomentar la división y que cada socio busque su propia vía para mantener el suministro de gas. De momento, Moscú ya ha logrado abrir ese camino alternativo con Hungría, un país que la semana pasada anunció que está negociando con el Kremlin un aumento de las importaciones de gas ruso.

El texto de la Comisión mantiene el objetivo de un recorte voluntario del 15% del consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023. Pero introduce matices que pueden facilitar un recorte menor en varios países, entre ellos, España y Portugal. De entrada, se descontará del cómputo de gas consumido el utilizado para rellenar las reservas, por lo que el porcentaje de reducción se aplicará a un volumen menor. La última propuesta de reglamento busca superar las objeciones de países como España, Portugal o Malta ofreciéndoles un traje a la medida.

Los Estados con una mayor dependencia del gas en su mix energético (en España es aproximadamente del 24%, como en la media de la UE) también podrán reclamar que no se compute el consumo de industrias esenciales a la hora de calcular el recorte obligatorio. Del mismo modo, los países que por razones geográficas no dispongan de una adecuada interconexión con el mercado europeo o cuya producción eléctrica dependa en gran medida del gas, podrán solicitar una exención en la aplicación del recorte.

La versión más reciente del proyecto también recoge la llamada excepción ibérica, que ya aparecía en el texto de la Comisión y que permitiría a España y a Portugal reclamar una rebaja en el esfuerzo de ahorro. Bruselas ofrecía una rebaja del 5%, pero ese porcentaje ha desaparecido, por lo que, previsiblemente, será objeto de negociación antes del acuerdo final.

España, llegado el caso, tendría que demostrar que durante los dos meses previos a la solicitud de la rebaja ha utilizado sus infraestructuras gasísticas hasta un cierto nivel (todavía por determinar) para exportar el hidrocarburo a otros países de la UE. Pero Bruselas no dispondrá de dos meses para emitir su veredicto a favor o en contra de la rebaja, como preveía el proyecto original, sino que deberá contestar en un plazo de 20 días.

La Comisión también pierde en parte el poder absoluto que quería atribuirse para declarar el estado de alerta que desencadenaría el plan de ahorro obligatorio. El proyecto contempla ahora que el organismo comunitario lo proponga, pero la decisión podría ser enmendada por los 27 miembros del Consejo mediante una mayoría cualificada. De facto, Bruselas seguirá disponiendo de mucho margen, porque lograr esa mayoría contra una de sus propuestas suele resultar muy complicado, pero las capitales al menos dispondrían de la oportunidad para intentarlo. La propuesta de declaración de alerta también podrá ser impulsada por cinco países.