La inflación amenaza la convivencia de las comunidades de vecinos: “Hay edificios que han parado el ascensor”
Los administradores de fincas advierten del crecimiento de impagos y del recorte de gastos: menos limpieza de zonas comunes, discusiones sobre cuándo encender la caldera y aplazamiento de obras de rehabilitación
Laura Fernández paga 73 euros de comunidad en su edificio de Torrejón de Ardoz (Madrid). “A partir de este verano nos han dicho que nos tienen que subir las cuotas a 91. Yo lo pagaré, pero sé que hay varios vecinos muy cabreados. No sé si aceptarán la subida”, explica esta torrejonera. “En las reuniones de vecinos se nota que la gente no está contenta”, añade. Los incrementos de los costes están tensionando tanto los ahorros de las comunidades como la relación entre los inquilinos. “Hay vecinos que durante los meses de frío han pedido prescindir de la calefacción central, especialmente los más jóvenes, mientras que la gente mayor no estaba dispuesta a renunciar al servicio. Es un conflicto”, relata Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón. Hay comunidades que han ido más allá: “Algunos portales en los barrios más deprimidos han parado el ascensor y han dejado de pagar el mantenimiento, sobre todo cuando disponen de más de uno”, comenta Miguel Ángel Pastor, director comercial de Fain, empresa de ascensores. La inflación es enemiga de la armonía en la escalera.
Los expertos aseguran que este tipo de conflictos, de momento, son puntuales, pero avisan de que crecen mes a mes al ritmo de la inflación. El IPC interanual escaló hasta el 8,7% en mayo, mientras los costes de las comunidades han aumentado aún más. Esto se debe a que la partida que concentra el gasto, la energía, creció mucho más: un 87% los combustibles líquidos, un 33,9% el gasóleo y un 30% la electricidad, según el Instituto Nacional de Estadística. También han subido considerablemente los precios de los materiales para la conservación de viviendas (10,6%).
Los datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas apuntan a incrementos aún mayores. Desde la organización que agrupa a estos profesionales en España ponen como ejemplo el aumento de costes en una comunidad de unas 75 viviendas: en marzo de 2021 pagó 9.300 euros por 15.000 litros de gasóleo, frente a 18.000 euros por la misma cantidad este año. Respecto al gas, una comunidad similar pagó en enero de 2021 12.684 euros y en 2022, 43.113. El Consejo calcula que los costes en electricidad de las comunidades han aumentado un 77% en los tres primeros meses de 2022 frente a la media mensual de 2021.
Los administradores de fincas andan con pies de plomo al repercutir estos incrementos en las arcas vecinales. “Las subidas siempre molestan. Tengo una comunidad cuyo presidente me ha pedido por favor que no crezcan las cuotas, aunque le hemos dicho que es imposible mantenerlas como están. Prefiere inyectar dotaciones al fondo de reserva de la comunidad mediante derramas que subir la comunidad, para que no se consolide el incremento en el futuro. Tiene la esperanza de que este momento inflacionista pasará”, cuenta Encarnación Ruiz, administradora de fincas colegiada en la Comunidad de Madrid. “Creemos que nos vamos a quedar cortos, pero como muchísimo estamos subiendo las cuotas un 6,5%”. Este es un extracto de los cambios en un presupuesto en vigor por la subida de precios.
Estas correcciones en presupuestos en vigor ayudan a mitigar el impacto de la inflación. Sin embargo, de cara a nuevos presupuestos, los administradores de fincas intentan convencer a los vecinos para estar realmente preparados. “Para los presupuestos que terminan el 30 de junio estamos planteando subidas de entre un 15% y un 20% para algunas comunidades. Si la inflación se está acercando al 10% tenemos que estar listos para lo que venga. Siempre es mejor presupuestar un poco más que luego andar pidiendo suplementos”, añade Cucala.
El aumento de la energía es el que ha hecho que “salte por los aires” la previsión de gasto, explica Lorenzo Viña, gerente del colegio de administradores de Barcelona y Lleida. “Los costes del gas y de la gasolina han crecido en los últimos meses y a medida que han vencido los convenios con las empresas suministradores, las comunidades se han enfrentado a incrementos altísimos”, comenta Viña. Esto se nota especialmente en fincas con calefacción central y calderas comunitarias, que el año pasado sufrieron un cambio regulatorio que, junto a la espiral inflacionista, ha disparado de forma descontrolada el recibo. En octubre entraron en vigor nuevas tarifas de gas que igualan a las grandes comunidades de vecinos con los consumidores industriales, lo que multiplica el precio. “La mayoría de las comunidades se acogen a las tarifas del mercado libre porque las calderas comunitarias que consumen más de 50.000 kWh no están equiparadas a los hogares, sino a una industrial, al ser consideradas grandes consumidores. Este cambio en la tarificación del mercado eléctrico incrementa los gastos”, explica Viña.
Renuncia a servicios y rehabilitaciones
En este escenario, muchos vecinos empeoran los servicios. “Varias comunidades han recortado en limpieza: si antes la tenían tres veces a la semana, ahora la han reducido a una o a dos. Y aquellas que tienen piscina han renunciado hasta al socorrista, porque no se pueden permitir ningún gasto extra”, cuenta Manuel Pérez, administrador de fincas en Málaga. Esta contracción del gasto incluso está costando puestos de trabajo: “Algunas comunidades han rescindido el contrato con un conserje. En otros casos se han reducido horas, recortando sobre todo los turnos por la tarde”, indica Guillermo Burguete, director general de Atysa, empresa de servicios externalizados de limpieza y conserjería. Varios administradores de fincas señalan que los vecinos también están modulando las horas de luz en espacios comunes.
En estas condiciones, cualquier gasto prescindible se evapora. Es el caso de las obras de rehabilitación: “Las comunidades están suspendiendo todas las obras previstas de acondicionamiento que no son necesarias”, explica Pérez. La administradora de fincas en Madrid asegura que los presupuestos de este tipo de intervenciones tienen una validez de unos 15 días, “cuando antes las empresas te daban entre 60 y 90; la volatilidad del precio de los materiales ha cambiado todo”. Ruiz cree que esta coyuntura está orillando proyectos como la instalación de paneles solares: “Se desarrollan obras que afecten a la habitabilidad, lo que sea urgente”. El administrador de fincas en Valencia añade que hay otras comunidades que toman el camino contrario: “Algunas intentan acelerar obras que tenían programadas con la previsión de que con el paso de las semanas van a ser más caras”.
Mientras los costes no paran de subir, los salarios de los vecinos se estancan. Es la combinación perfecta para que crezcan los impagos. Todos los administradores de fincas consultados prevén un aumento de la morosidad, que ya empieza a asomar en algunas comunidades. “Se registra un incremento ligero, pero constante, de impago de las cuotas”, comenta Viña. Cucala considera que, ante estrecheces económicas, la cuota vecinal es carne de cañón: “Creo que el aumento de gastos comunitarios molesta más que los individuales. Hay una concepción de que los elementos comunes son un gasto superfluo”.
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