Diez comunidades autónomas no promovieron ni un piso protegido para alquiler en 2021

La vivienda protegida en alquiler avanza lentamente en España, pero todavía está muy lejos del objetivo que se ha marcado el Gobierno. Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el año pasado se concedieron 9.957 licencias definitivas de VPO (las siglas con las que genéricamente se conoce la vivienda protegida, aunque las denominaciones varían en cada comunidad). De ellas, 2.422 tenían como finalidad el arrendamiento, un 24,3% del total. Esto significa que menos de una de cada cuatro casas que se construyen con ayudas públicas se destinan al alquiler, cuando la futura ley de vivienda que está tramitando el Congreso prevé que al menos sean un 50%. Por comunidades, Madrid copa más de la mitad (1.396) de todas las licencias de VPO para alquiler, mientras diez territorios (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja) no registraron una sola calificación de este tipo de casas.

El porcentaje del total de VPO destinada al alquiler el año pasado revela una discreta progresión con respecto al de 2020 (22,4%), aunque las cifras absolutas sí que muestran un salto en los dos últimos años con respecto a los precedentes: en 2019 apenas se construyeron 1.000 VPO de alquiler, y en 2017 y 2018 (los años con menor presupuesto público dedicado a vivienda en la historia reciente) no llegaban a las 350.

En Transportes valoran positivamente la evolución general, aunque un portavoz de este ministerio señala que “es difícil prever la fecha en que se alcanzará el porcentaje del 50%” que establece la futura norma. Este se aplicaría tanto sobre los nuevos suelos que se urbanicen (en los que hay que reservar un 30% de edificabilidad a VPO, de la que la mitad debería destinarse a arrendamiento), como en recalificaciones sobre suelo urbano (con una reserva general de vivienda protegida del 10%). La ley se encuentra todavía en una incierta tramitación parlamentaria. Después, explican en el ministerio, el requisito “tendrá que recogerse en la legislación autonómica y en los planes urbanísticos municipales, de manera que el incremento de vivienda protegida en alquiler en las viviendas terminadas se irá observando de manera progresiva en las estadísticas”.

Desde el punto de vista de Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3, las diferencias entre comunidades autónomas tienen menos importancia porque “un objetivo homogéneo del 50% en todo el país no tiene demasiado sentido”. La economista, una de las mayores expertas de España en vivienda social, ya avanza que “seguramente en las zonas metropolitanas haga falta más densidad [de VPO en alquiler]”, y por eso cree que el primer paso debería ser “una reflexión previa” en cada municipio. Para ello propone fomentar “planes locales de vivienda”, a imitación de los que tienen todas las localidades francesas para diagnosticar sus necesidades y planificar su urbanismo.

Un camino con obstáculos

Pero incluso con esas condiciones, hacer alquileres protegidos no es fácil. Trilla cree que hay tres obstáculos: el suelo, las subvenciones y la financiación. El primero, explica, “tendría que ser a coste casi cero” porque “si se realiza sobre suelos de reserva para VPO, el precio es disuasorio”. Es decir, a los promotores no les sale rentable y para ello serían necesarias unas subvenciones que, “pese a los planes europeos Next Generation, están por concretar”. A ello se añade el problema de que “los bancos no quieren financiar vivienda en alquiler”, aunque, según expone la economista, que también forma parte del consejo asesor del ministerio, “se está hablando con el ICO [Instituto de Crédito Oficial] para que abra líneas”. Como resultado, sintetiza Trilla, “evidentemente no se están produciendo las viviendas que hacen falta”.

España acabó de construir el año pasado menos de 10.000 viviendas protegidas, frente a las cerca de 70.000 (casi todas para la venta) que levantaba cada año hasta que el estallido de la Gran Recesión mermó las políticas públicas. “La VPO por definición es cíclica”, sostiene el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, “solo existe cuando el Estado tiene dinero para construir, promover, financiar o adquirir vivienda”. Nasarre, que dirigió la cátedra de Vivienda de la Unesco en la Universitat Rovira i Virgili, es uno de los expertos que el pasado 25 de abril fueron llamados a una comisión parlamentaria para dar su punto de vista sobre la futura ley, con la que se muestra muy crítico en varios aspectos.

Uno de ellos es precisamente la regulación de la VPO. “En España ni siquiera sabemos qué es la vivienda social, el proyecto de ley no lo dice”, asegura Nasarre. Y tampoco se sabe “ni cuánta hay, ni dónde está, ni cómo es, ni quién la gestiona”, prosigue en alusión a la escasez de datos sobre el parque público de vivienda (que la futura norma estima en el 1,6% del total de hogares, muy por detrás de la media europea). El catedrático critica las “políticas a ciegas” y defiende un equilibrio en la acción de las Administraciones que tenga en cuenta los actuales y nuevos regímenes de tenencias en propiedad, y no solo el alquiler. Aunque, a juzgar por sus palabras, que la VPO para alquiler no se acerque al 50% debe ser ahora lo que menos preocupe al Ejecutivo: “La competencia de vivienda es de las comunidades autónomas y la ley marca una política muy concreta, incluso con un porcentaje concreto. Ese artículo es candidato claro a ser anticonstitucional”, concluye.