Los supermercados piden reducir el IVA de los alimentos para contener los precios

El encarecimiento de la energía, los combustibles y las materias primas ha sacudido al sector de la alimentación. La asociación empresarial Asedas, que agrupa a supermercados como Mercadona, Lidl, Dia, AhorraMas y Consum, ha elaborado un documento que está presentando estos días al Gobierno con medidas urgentes para paliar los efectos de las subidas de precios y evitar posibles problemas futuros de escasez. Entre las propuestas, reducir el IVA de los alimentos y dar ventajas a las empresas del sector para negociar los contratos con las eléctricas.

En el sector se habla de “una situación sin precedentes en años, con subidas de precios récord en bienes básicos”. Por una parte, las empresas temen que la escalada de precios repercuta sobre el consumo de las familias —se hundió un 3,7% trimestral entre enero y marzo, según el INE— e indirectamente sobre sus resultados empresariales. Por otra parte, si bien las compañías han estado jugando con los márgenes para repercutir lo menos posible las subidas para evitar perder clientes, esta estrategia está cada vez más limitada. Hasta ahora, la inflación general ha subido por encima de los precios de los alimentos (un 9,8% frente a un 6,9% en marzo, último mes con los datos completos), pero las subidas son persistentes.

Con el objetivo de paliar la situación, Asedas propone varias medidas relacionadas con la energía, el transporte y los impuestos. La asociación, que agrupa a una veintena de empresas con un total de 19.000 tiendas y 282.600 empleados, pide una rebaja del IVA en productos de alimentación y gran consumo para ayudar a contener los precios. También pide que se aplique una moratoria en los impuestos especiales como el de gases fluorados y el nuevo impuesto al plástico de un solo uso.

La consideración del sector alimentario como esencial, al igual que sucedió en la pandemia, es otra de las peticiones. A efectos prácticos se trataría de dar un marco legal que permita a las empresas adoptar, durante situaciones de riesgo de desabastecimiento, las medidas comerciales necesarias para garantizar la oferta. Una medida en este sentido ya fue tomada en el real decreto aprobado en abril por el Gobierno para permitir a las tiendas racionar la venta de productos en situaciones de emergencia, como ha pasado con el aceite de girasol. Pero también están sobre la mesa nuevas medidas, como garantizar el transporte para todos los eslabones de la cadena alimentaria en casos de huelgas o paros patronales, como el convocado por el transporte hace unas semanas que provocó problemas de suministro, con el establecimiento por ejemplo de servicios mínimos obligatorios.

En cuanto a la energía, el principal factor detrás de la subida de costes, Asedas aboga por que se aplique cuanto antes el nuevo sistema de fijación precios que desagrega el efecto del gas de otras fuentes, algo que ya está aprobado por el Gobierno pero aún no se ha detallado. También piden que se desarrolle el concepto de “gran consumidor esencial” que permita el acceso a contratos más flexibles y ventajosos con las eléctricas, entre otras medidas.

Sobre las materias primas, la asociación pide que se flexibilicen las medidas regulatorias para permitir alternativas con los proveedores cuando escasee un producto.

La escalada de la inflación empezó a notarse de forma importante en septiembre y aceleró a finales de 2021. La guerra de Ucrania, donde se producen cereales importantes para la economía española, intensificó el proceso. En marzo empezó a verse escasez de aceite de girasol (más del 60% del que importa España viene de la zona) y la huelga de transporte de semanas después empeoró la situación.