Bruselas da luz verde al plan de España y Portugal para rebajar la factura eléctrica

El Gobierno español aprobará el mecanismo hispano-portugués para rebajar la factura eléctrica en el Consejo de Ministros siguiente al de este martes, según han informado fuentes gubernamentales después de conocer la aprobación “preliminar” por parte de la Comisión Europea. El objetivo, explican desde el Ejecutivo español, es que entre en vigor “lo antes posible”. Tanto, que no se descarta la convocatoria de un cónclave ministerial extraordinario para este mismo viernes. La meta inicial era haber podido aprobar la medida en el consejo ordinario de este martes. Según fuentes diplomáticas, la tardanza de Lisboa a la hora de presentar el documento final en el que detalla la operativa técnica del mecanismo ha sido el factor fundamental para este retraso.

Las prisas españolas son lógicas. La energía es, de largo, el principal componente detrás del estallido inflacionario de los últimos meses, que ha llevado el IPC hasta máximos de casi cuatro décadas. Y las familias españolas son las más expuestas al devenir del mercado mayorista. Así que rebajar su precio es un imperativo para que, como ha prometido el propio Gobierno de Pedro Sánchez, la soga de los precios empiece a aflojar en la segunda mitad de este año.

Mucho más prudente que España y Portugal se ha mostrado el Ejecutivo comunitario, que afirma que por ahora ha emitido una “valoración preliminar” y que “todavía queda pendiente cierta información que se espera [que se incluya] en la notificación formal, que sucederá pronto. El objetivo de la Comisión es alcanzar decisiones sólidas y legales lo más pronto posible”, agrega. Según el Gobierno, se trata del procedimiento habitual. Lo recibido, dicen, es una “carta de conformidad”, una “preautorización” sujeta a que la propuesta legislativa que elaboren tanto España como Portugal no se desvíe de lo presentado hasta ahora, añade. Por lo tanto, la norma puede ir ya al Consejo de Ministros.

Cuando entre en vigor, el sistema establecerá un límite sobre el precio del gas natural que alimenta las centrales térmicas, lo que rebajará casi a la mitad la factura eléctrica de los clientes que cuentan con una tarifa regulada, los que más han sufrido el brutal encarecimiento de la electricidad en el último año. El coste de ese combustible para generación eléctrica bajará de los 80 euros a los que cotiza hoy a casi la mitad: 40 euros en el muy corto plazo y 50 euros en la media de los 12 próximos meses.

Con esta rebaja sustancial —que será compensada por los propios usuarios, en un complejo entramado técnico que les garantiza (siempre según las autoridades españolas) salir beneficiados incluso teniendo que abonar esa diferencia—, el precio medio diario del mercado mayorista debería pasar de los cerca de 200 euros por megavatio hora (MWh) actuales al entorno de los 130 o 140 euros, según varios analistas consultados. Otros, como el economista jefe de Repsol, Pedro Antonio Merino, apuntan más bien a 170 euros, tras integrar la compensación a pagar a las centrales térmicas por la brecha entre el precio del gas en el mercado y el tope introducido.

Según los cálculos de José Luis Sancha, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, el recibo de un hogar medio acogido a una tarifa del mercado regulado (también conocida como PVPC), debería pasar de los 100 euros de marzo —cuando se batió un récord histórico— a alrededor de 50 euros en el primer mes completo de aplicación de la medida. Esta cifra, no obstante, está sujeta a un buen número de factores: el precio del gas (del que dependerá la citada compensación) o el porcentaje de generación que cubra la eólica y la fotovoltaica de nuevo cuño (de largo, las tecnologías más baratas).

En el actual mecanismo de fijación de precios, en el que el último megavatio hora que entra en el mercado es el que fija el precio de todos los demás, desligar el precio del gas natural del conjunto del sistema eléctrico es condición sine qua non para iniciar la desescalada en el IPC. El coste de este combustible, que se ha quintuplicado en el último año —una subida que empezó mucho antes de que Rusia invadiese Ucrania— es el principal factor detrás de la escalada de las facturas.

Como cada vez que se aplica cualquier cambio de calado en Bruselas, la aprobación a esta propuesta sin precedentes para rebajar la presión que sufren hogares y empresas ha llegado a rastras y en varios actos. En tres, en este caso, con algunos días de decalaje respecto al calendario inicialmente previsto y con una nebulosa de duda en todos ellos. A finales de marzo, tras una negociación maratoniana, los jefes de Gobierno ibéricos obtuvieron el primer visto bueno del resto de Estados miembro para descolgarse de la normativa general de los Veintisiete, con la excusa de su baja tasa de interconexión con el resto de los socios y la elevada penetración de las renovables.

En los últimos días de abril se produjo el visto bueno político, por boca de la todopoderosa comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Y este lunes, fuera ya del plazo dado inicialmente por el Gobierno español —que quería que el mecanismo entrase en vigor a principios de mayo—, llegaba la que tanto como Madrid como Lisboa consideran como la autorización “final”, a pesar de la apostilla comunitaria.

Pese a las dudas iniciales que despertó en el sector —que desde el minuto cero ha mostrado una oposición frontal a la medida—, el Ejecutivo ha asegurado por activa y por pasiva que la medida no elevará ni el déficit fiscal ni el de tarifa. Y tanto las principales eléctricas como los analistas han descartado que la medida vaya a tener impacto alguno sobre sus cuentas de resultados, hinchadas tras meses de precios de la luz por las nubes.