El juez cierra la puerta a interrogar como testigo a Torres por los trabajos de Villarejo para el BBVA

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha dictado este jueves un auto por el que rechaza la petición de una de las acusaciones de llamar a declarar como testigo en la pieza del caso Villarejo en el que se investigan los trabajos que el comisario jubilado hizo para BBVA al actual presidente de esta entidad, Carlos Torres. En su resolución, el magistrado considera, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, que se oponía la citación, que el interrogatorio al máximo responsable del banco no es “ni útil ni necesario” para las pesquisas judiciales. El juez recalca, además, que en la causa tampoco hay indicio alguno de que Torres impartiera “directriz, instrucción u orden alguna para ocultar documentos que afectasen al procedimiento” lo que cierra de modo casi definitivo una citación futura. En julio del año pasado, la fiscalía había presentado un escrito en el que cargaba contra la actual dirección de la entidad financiera, a la que acusaba de falta de colaboración en las pesquisas.

Sin embargo, sí tendrán que comparecer el que fuera consejero delegado de la entidad entre 2004 y 2005 José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Caixabank, y el exdirector de comunicación del banco, el periodista Javier Ayuso, que ya testificó en noviembre de 2019. La declaración de Goirigolzarri se produce a petición de Anticorrupción. La fecha para celebrar ambas aún no ha sido fijada.

En su resolución, el juez Gadea detalla que la declaración de Torres había sido solicitada por la acusación que representa al empresario Luis del Rivero, uno de los espiados por el policía presuntamente por encargo de la entidad. Del Rivero quería saber si Torres había recibido información del director de comunicación del BBVA, Pablo García Tobin, imputado en la causa, sobre la existencia de una carpeta de documentos informáticos alojada en Google Drive (servicio de alojamiento de archivos en una nube) en la que la entidad guardó documentos relacionados con la causa tras estallar el escándalo en 2018. En concreto, quería preguntarle si conocía la existencia en dicha carpeta de un “documento explicativo” elaborado por el que fuera jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, uno de los principales implicados en la investigación.

El magistrado entiende, en línea con lo que defiende la fiscalía, que para conocer si Torres tuvo acceso a esos datos no es necesario llamarle a declarar, ya que no existe “indicio alguno que permita sostener” que el actual presidente de la entidad tuvo acceso a estos archivos informáticos. El juez añade que, durante la investigación, tampoco se han hallado indicios que permitan sostener que Torres “impartió directriz, instrucción u orden alguna para ocultar documentos que afectasen al procedimiento, por lo que no se detecta vinculación alguna, más allá de su posición jerárquica o en la entidad, que justifique el llamamiento”. El BBVA, que se encuentra imputado en la causa como persona jurídica, también se había opuesto a la citación de su presidente al considerar que con ello lo que se pretendía era “crear ruido mediático”.

Por el contrario, el magistrado si considera necesaria para la investigación la petición de Anticorrupción de citar como testigo a Goirigolzarri. En su escrito, la fiscalía destacaba que, del análisis de la documentación interna intervenida en la sede de Cenyt, la empresa utilizada por Villarejo para hacer los trabajos de espionaje, se habían obtenido indicios de que el actual presidente de Caixabank tuvo acceso, mientras fue consejero delegado del BBVA, a algunos de los informes elaborados por el comisario jubilado. En concreto, dos referidos al llamado Proyecto Trampa, la operación urdida por Villarejo a instancias presuntamente del banco para obstaculizar el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA, algo que en la entidad se interpretaba como un asalto a su autonomía.

Villarejo hizo seguimientos y escuchas para controlar las comunicaciones, entre otros, de Del Rivero, presidente de la constructora. Según detallaba en su escrito la Fiscalía, Goirigolzarri pudo tener acceso, en diferentes momentos, a dos de esos informe y que, “aunque le pareció que podía ser delictivo no se atrevió a comentarlo con Francisco González”, entonces presidente de la entidad financiera y que está imputado en la causa. En su auto, el juez también acepta la declaración como testigo del exdirector de Comunicación de BBVA Javier Ayuso, como pedía la acusación particular, a la vista de las supuestas contradicciones existentes entre lo que este exdirectivo declaró en su anterior comparecencia, en noviembre de 2019, y el testimonio por escrito que presentó el pasado octubre el exjefe de seguridad, Julio Corrochano.

La investigación sobre los encargos de la entidad financiera al comisario —en la que están imputadas una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo, Francisco González y el BBVA como persona jurídica— se realiza dentro de una de las piezas abiertas por el juez en macrosumario abierto por las actividades presuntamente delictivas del policía. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos del BBVA al comisario por los que este se embolsó 10.3 millones de euros. El magistrado acordó el pasado enero prorrogar la investigación hasta el próximo 29 de julio para tomar las declaraciones que faltaban y practicar otras diligencias pendientes. Este jueves han declarado como imputados dos directivos de la entidad, además de una antigua trabajadora de las empresas de Villarejo como testigo.