Gobierno, sindicatos y patronales, atascados en la negociación del Pacto de Rentas

El calendario no establece futuros encuentros entre unos agentes sociales que se culpan unos a otros de inmovilismo

De izquierda a derecha, los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo; junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un encuentro en Madrid.
De izquierda a derecha, los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo; junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un encuentro en Madrid.Chema Moya (EFE)

Reza el dicho que dos no pelean si uno no quiere y, aunque voluntad no les falta, sindicatos y patronales se encuentran inmersos en un combate tenso, pero sin golpes, desgastados por haber sido incapaces de alcanzar un acuerdo (ni siquiera de enfocarlo) en sus últimas reuniones para definir las próximas subidas salariales con las que contener los efectos de la inflación. Tampoco el Gobierno ha dado con la fórmula para tratar de agilizar unas conversaciones en las que, a pesar de no poder participar directamente (algo que le fue recordado cuando trató de inmiscuirse), resultan fundamentales para la confección de un Pacto de Rentas que corre serio riesgo de convertirse en papel mojado. Dos meses después de ser anunciado, no hay fecha en el calendario para un nuevo encuentro.

“Parado” y “bloqueado” son dos adjetivos a los que recurren con frecuencia quienes participan en la negociación para definir la situación actual. Los planteamientos de UGT y CC OO, que no contemplan una renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ―una especie de piedra de Rosetta para la negociación de los convenios laborales―, sin la presencia de cláusulas que permitan corregir el alza de los precios, chocan frontalmente con la negativa de las patronales CEOE y Cepyme a aceptarlas. Consideran (como el Banco de España) que de reconocerse estas salvaguardas, la inflación y los salarios entrarían en un círculo vicioso de crecimiento imparable (y conjunto) que acabaría resultando perjudicial para la economía.

“No tenemos problemas con los dígitos de subida, pero no admitiremos que no haya una cláusula que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo”, reconoce una fuente sindical que participa en las reuniones. Esos dígitos oscilan entre el 8% y el 9%, repartidos durante un periodo de tres años, pero que serían revisados una vez cumplido el trienio para ajustarlos de acuerdo con las desviaciones del IPC. A pesar del envite, no es la jugada más ambiciosa que hayan presentado los representantes de los trabajadores: en un inicio planteaban que esa revisión fuera anual, lo que elevaba considerablemente el porcentaje de subida final, y cargaba sobre las empresas un peso que estas aseguraban no estar capacitadas para soportar.

“Si la CEOE no entiende que igual que ellos piden indexar sus contratos administrativos ―reajustarlos de acuerdo con el encarecimiento de los precios―, y que los propietarios de alquileres puedan actualizarlos sobre el IPC, los trabajadores esperan que no sean los salarios los que se vean otra vez devaluados, y acaben siendo los únicos que paguen el efecto perverso de la inflación”, añade esta misma fuente.

Fuentes del Ministerio de Trabajo defienden que su posición desde el comienzo de la negociación “siempre ha sido que los trabajadores y trabajadoras no pueden pagar el coste de la crisis y esta subida de precios”, y que, “no puede aplicarse de nuevo una política equivocada, la devaluación salarial, que se ha seguido durante años en nuestro país y no podemos volver a caer en el mismo error”. Al mismo tiempo, estas mismas fuentes aseguran también que “el Gobierno respeta el diálogo bipartito entre sindicatos y empresarios”.

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Desde el lado de los empresarios, el argumentario para mantenerse firmes en su rechazo a las cláusulas salariales (que no a los porcentajes de subida, con los que sintonizan) sigue pivotando alrededor de que esta solución sobreexpondría a las empresas, y desequilibraría el reparto de los esfuerzos para hacer frente a la inflación. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha mostrado siempre férreo en esta negativa, y en su última referencia al bloqueo actual quiso marcar los tiempos, y adelantó que no volverían a hablar, como mínimo, hasta que pase el Primero de Mayo. “Soy muy respetuoso con las reivindicaciones sindicales”, aseguró el jueves, abriendo la puerta a un posible encuentro el próximo lunes, no sin antes dejar claro (nuevamente) que su posición en la mesa de negociación seguiría siendo la misma. “Lo que se está planteando, nosotros no lo vemos. Lo digo con toda claridad”, añadió el presidente de la patronal.

Las manifestaciones organizadas por las centrales de UGT y CC OO que recorrieron el país este domingo en el Primero de Mayo han servido para presionar todavía más a favor de un AENC que establezca mecanismos que impidan una devaluación salarial. “Es fundamental incluir en los convenios colectivos las cláusulas de revisión salarial, que permitan proteger los sueldos ante incrementos desmesurados de los precios. Rechazar estas cláusulas, como están haciendo las asociaciones empresariales, es una forma muy oportunista de intentar hacer caja de una manera irresponsable”, rezaba el manifiesto elaborado por ambos sindicatos. “No podemos consentir que se pretenda salir de esta crisis, a costa de devaluar los salarios, degenerar más pobreza laboral y mayor desigualdad social”, concluía el texto.

Con el AENC calado, el Pacto de Rentas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de marzo, ha pasado a convertirse en una quimera. “Ni está, ni se le espera, pero por incomparecencia del resto de las partes, sobre todo desde el Gobierno. Yo estoy perplejo”, lamentó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, el pasado lunes. Por el momento no hay ninguna reunión convocada, y, ante el distanciamiento entre sindicatos y patronales, su posible desarrollo durante el segundo trimestre empieza a estar en cuestión.

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Sobre la firma

Gorka R. Pérez

Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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