La Audiencia confirma las multas a exconsejeros del Popular por ocultar información sobre sus pensiones

La Audiencia Nacional ha confirmado las multas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a varios exconsejeros del Banco Popular. Las sanciones, en conjunto, superaban los 1,14 millones de euros entre lo que le correspondía a la entidad y a siete consejeros, entre ellos el expresidente Ángel Ron. Los fallos de la Audiencia, que se acaban de conocer, están fechados el 23 de marzo y resuelven los recursos del secretario del consejo de administración, Francisco Aparicio (multa de 25.000 euros), y Luis Herrando, consejero miembro de la comisión de retribuciones del Popular (18.000 euros). Estas se añaden a las ya conocidas sobre el que fuera consejero delegado, Francisco Gómez, y la Unión Europea de Inversiones, que tuvo un consejero en la entidad.

La sanción impuesta por la CNMV en julio de 2020 se justificaba por “omitir datos y presentar información engañosa” en los informes anuales de retribuciones correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. La ocultación hace referencia a los sistemas de pensiones y a los pagos por resolución de contrato de los consejeros ejecutivos. Esto es, las indemnizaciones tras salir de la entidad. Todavía no se conocen las sentencias a todos los recursos presentados, aunque el Supremo hace una lectura similar en los casos resueltos hasta la fecha. Por tanto, cabe suponer que estos razonamientos se repetirán para todos los exconsejeros multados, según fuentes jurídicas, ya que son circunstancias muy similares.

“No se explicaba de manera clara, completa y comprensible que, además del cobro de la pensión desde que alcanzasen la edad de jubilación legal a los 65 años, los consejeros ejecutivos tenían también derecho al cobro de esta pensión anual desde la fecha de su cese como consejero y hasta alcanzar la edad legal de jubilación y tampoco se informaba que esta contingencia no estaba cubierta con las aportaciones realizadas por el banco y, por tanto, que existía la posibilidad de realizar aportaciones adicionales. De hecho, el cese anticipado ha generado la necesidad de que el banco haya tenido que realizar aportaciones adicionales de 27,7 millones de euros”, recoge la sentencia.

La defensa, por su parte, alegaba la caducidad del procedimiento sancionador, la procedencia de la calificación de la infracción como leve y la vulneración de los principios tipicidad, culpabilidad, igualdad y proporcionalidad. Sin embargo, los magistrados no comparten esta visión y resuelven el caso desestimando el recurso interpuesto.

Estas dos sanciones a consejeros son a título individual, por lo que el Banco Santander, al que se adjudicó el Popular en junio de 2017 tras haber sido intervenido por el Estado, no tiene que hacer frente al pago. El grupo que preside Ana Botín sí es responsable de la multa de un millón de euros que se le impuso al Popular por esta cuestión, que también está recurrida al entender el Santander que como sucesor no tiene relación con este asunto.

Los afectados por la decisión de la CNMV eran tres ejecutivos, a los que se les impuso una multa de 25.000 euros a cada uno: al expresidente del Popular Ángel Ron, al exconsejero delegado Francisco Gómez y al antiguo secretario del consejo de administración Francisco Aparicio. Por su parte, Luis Herrando y Ana María Molins, en su condición de consejeros miembros de la comisión de retribuciones de Banco Popular, afrontaban una multa por importe de 18.000 euros cada uno. Y Jorge Oroviogoicoechea, en su condición también de consejero miembro de la Comisión de retribuciones, otra de 16.000 euros. La CNMV también multó a Unión Europea de Inversiones, en su condición de consejero miembro de la comisión de retribuciones del Popular en la fecha de aprobación del Informe Anual de Retribuciones de los Consejeros del año 2013, por importe de 14.000 euros.

La decisión del supervisor de los mercados incide en un ámbito, el de los ahorros para pensiones de la antigua cúpula e indemnizaciones, que ya provocó demandas en los tribunales. El Santander reclamó a Ron, con fallo favorable del juzgado de Madrid, la devolución de la indemnización de 12,8 millones que preveían los estatutos de la entidad debido a las millonarias pérdidas del Popular en 2016. Se trata de la primera vez que un juzgado aplicaba la llamada cláusula malus. El dinero de esa prejubilación, que le reconocía el cobro de 1,1 millones anuales hasta que cumpliera los 65 años, se encontraba externalizado en una póliza de la aseguradora Mapfre.