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Solo Repsol, Cepsa y BP tendrán que completar con cinco céntimos por litro la ayuda del Estado a los carburantes

El erario público sufragará la subvención de 20 céntimos en el resto de estaciones de servicio

Ignacio Fariza
Un operario hace mediciones y llena los depósitos de carburante desde un camión cisterna en una gasolinera de Sevilla.
Un operario hace mediciones y llena los depósitos de carburante desde un camión cisterna en una gasolinera de Sevilla.PACO PUENTES (EL PAIS)

Únicamente tres petroleras —Repsol, Cepsa y BP— tendrán que complementar con cinco céntimos por litro la ayuda del Estado para rebajar el coste de los carburantes. El real decreto publicado este miércoles, que recoge las medidas urgentes de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania, limita la obligatoriedad de aportar ese complemento a los operadores “con capacidad de refino en España y una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros”. Una condición que solo cumplen las tres compañías anteriormente citadas. La portuguesa Galp —el otro gran grupo internacional con gasolineras en España— y Disa —propietaria de las gasolineras Shell— se verán exentas de aportar ese descuento.

Que lo sufrague o no la empresa no quiere decir, en ningún caso, que el descuento que reciba el consumidor al repostar vaya a ser menor: será, en todos los casos, de 20 céntimos por litro. La diferencia es que, cuando llene el depósito en una gasolinera de titularidad familiar, de marca blanca o propiedad de algún grupo de distribución —Carrefour, Alcampo y Eroski, entre otros—, será el erario público el que sufrague íntegramente esta ayuda de 20 céntimos. “En ningún caso quiere decir que la ayuda que reciba el consumidor sea menor”, remarcan fuentes oficiales.

Hace una semana, las tres petroleras que sí estarán sujetas a estos cinco céntimos de aportación adicional —Repsol, Cepsa y BP, que cuentan con una cuota conjunta de mercado del 47%, según los datos de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC)— anunciaron un descuento directo de 10 céntimos, por lo que, en la práctica, ya cumplen la exigencia de cinco céntimos de descuento a su cargo. Sin embargo, esas rebajas estaban condicionadas a la participación de los clientes en programas de fidelidad y desde mañana, al menos los cinco céntimos legalmente exigidos, tendrán que aplicarse con carácter general. El decreto establece la subvención y la aportación de las gasolineras hasta el próximo 30 de junio, pero el Gobierno ha abierto la puerta a prorrogar la medida si el precio del petróleo sigue disparado en los próximos meses.

Aunque la rebaja será efectiva a partir de este viernes, todas las gasolineras tendrán 15 días para reflejar el descuento (a cargo del Estado o a cargo del Estado y de la estación de servicio) en la factura que entregan a los clientes tras el repostaje. Este requisito es relativamente fácil de cumplir para las grandes enseñas, como Repsol, Cepsa, BP o Galp, pero mucho más complicado para las de menor tamaño, que cuentan con sistemas informáticos menos ágiles. En el sector se teme, además, la desconfianza de los clientes que en esas dos semanas no vean reflejada la minoración en el tique de caja, a pesar de que se les haya aplicado el descuento.

Queja de las pequeñas gasolineras por la liquidez

A pesar de estar exentas de ese descuento de cinco céntimos, Aesae, la patronal de las estaciones de servicio automáticas (las que no cuentan con personal o en las que este es muy reducido), ha elevado este miércoles una queja por un decreto que, consideran, “tendrá consecuencias nefastas para el sector”. La asociación cree que la medida “asfixiará a los pequeños y medianos empresarios, ya que no podrán hacer frente al adelanto del importe necesario para acometer el descuento [los 20 céntimos que pone Hacienda, pero que ellos tienen que anticipar]”, a pesar del adelanto de liquidez comprometido por el Ejecutivo que habilita la petición de un anticipo por la rebaja a aplicar.

Los plazos dados por el Gobierno, apunta Aesae en un comunicado, “no son reales”. “Así, muchas estaciones de servicio tendrán que cerrar antes de recuperar los fondos del Ministerio de Hacienda”, advierte. “Este decreto pone en peligro el negocio del que viven miles de familias”, sentencian al tiempo que urgen al Gobierno a canalizar los descuentos a los carburantes vía impuestos.

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Sobre la firma

Ignacio Fariza
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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