El Gobierno aprueba el plan de ayudas para el sector aeroespacial, con una inversión de 4.500 millones
Más de la mitad de la financiación prevista en el PERTE, que prevé la creación de la Agencia Espacial Española, será privada
![Instalaciones de Hispasat en Arganda del Rey (Madrid), en una imagen de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/U5PRYKDODZKH6TMBFWZDUNL5AQ.jpg?auth=1cc3b6f817a38780d7819bf03b55c772c1be4e0beda147858397ad475677c8ee&width=414)
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) aeroespacial, un esquema de ayudas públicas para impulsar la ciencia y la innovación en ese ámbito con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos del sector como el cambio climático, la seguridad global y la transición digital. El proyecto, creado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, prevé movilizar cerca de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones. “Hoy mirar al futuro pasa también por mirar al cielo”, ha señalado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien ha destacado se trata de un espacio “estratégico” e “imprescindible” para servicios tan cotidianos como la telefonía móvil, el GPS, la información sobre meteorología o el suministro de alimentos.
El futuro PERTE contribuirá a superar los principales desafíos a los que se enfrenta la industria aeroespacial en relación con los procesos de transformación económica, social, medioambiental y de política internacional que determinan en buena medida el futuro del sector. Gracias al proyecto estratégico, Administraciones Públicas, empresas y centros de I+D+I trabajarán en coordinación para reforzar las capacidades de la industria aeronáutica y del espacio, impulsando el desarrollo y la implantación de tecnologías innovadoras, entre las que se incluye el desarrollo del avión de cero emisiones. El proyecto se articula en tres pilares: aeronáutico, espacial y transversal.
El plan pretende asimismo reforzar la posición de España en el sector del espacio con iniciativas como la creación de la Agencia Espacial Española, que establecerá nuevos mecanismos para coordinar las actividades espaciales a nivel nacional y la participación de España en programas internacionales. La creación de este ente, que también está prevista en la reforma de la Ley de la Ciencia y en la Estrategia de Seguridad Nacional, pretende paliar la anomalía de que España sea “el único país europeo sin agencia espacial propia”, ha remarcado Morant.
Así pues, se trata de uno de los PERTE que prepara el Gobierno (la semana pasada se convocó el primero: el del coche eléctrico) con más carácter internacional. El proyecto plantea la colaboración con Portugal en iniciativas como el desarrollo de la Constelación Atlántica, un programa satelital para monitorizar fenómenos como el cambio climático. Mediante esa colaboración con el país vecino, este será el primer PERTE que incluya financiación de los planes de recuperación de otro país. Y también integrará la cuota española en la Agencia Espacial Europea, cuyos retornos son una fuente de ingresos fundamental para la industria espacial.
El proyecto contempla la participación no solo de las grandes empresas multinacionales que dominan el sector, sino también de empresas emergentes especializadas en tecnologías aeroespaciales, que según el Ministerio de Ciencia e Innovación, están experimentando una evolución “muy prometedora en años recientes” en España. Para la coordinación del PERTE aeroespacial se establece un grupo de trabajo interministerial, presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, que contará con representación de otros 10 ministerios (Hacienda, Educación, Trabajo, Defensa, Asuntos Económicos, Transportes, Transición Ecológica, Industria, Agricultura y Universidades). Además, para contar con todos los actores relevantes y garantizar un diálogo permanente, integrando la colaboración público-privada, se crea una alianza que integrará a los miembros del órgano interministerial, a las comunidades autónomas, a organismos públicos de investigación (OPI), a asociaciones empresariales y sindicales con relevancia en el sector, a plataformas tecnológicas y a comunidades de usuarios.
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