El salario mínimo alcanza ya el 70% del sueldo medio en la pequeña empresa

Cuando el Gobierno, en sintonía con los sindicatos UGT y CC OO, decidió en febrero subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo hizo de acuerdo con el compromiso de trasladar al final de la legislatura, en 2023, este suelo retributivo a la altura del 60% de salario medio del país, tal y como recoge la Carta Social Europea a la que se adscribió. Las patronales, CEOE y Cepyme, se descolgaron asegurando que el contexto económico lo desaconsejaba, puesto que las empresas aún se recuperaban del impacto del coronavirus. No era el único motivo, pero sí el principal, para argumentar que un aumento de las rentas podía acabar resultando contraproducente para los negocios.

Este lunes, Cepyme, el organismo que representa a las pequeñas y medianas empresas (las que tienen un máximo de 250 trabajadores) ha presentado un estudio en el que recoge la repercusión que ese aumento ha producido en el corazón del tejido productivo español que conforman las pymes. En sus principales conclusiones, denuncia cómo en la pequeña empresa el porcentaje de representatividad del SMI supera ampliamente ese porcentaje (69,5%), lo que ha provocado que se queden sin margen para negociar futuras subidas salariales.

“La pequeña y mediana empresa es la que más está sufriendo el impacto de la subida del salario mínimo, lo que ha hecho que las pymes se estén quedando sin margen para asumir fuertes subidas salariales en el marco de la negociación colectiva”, señala el informe de 26 páginas. Para sostener esta tesis, el documento apunta que “se ha observado un desplazamiento ascendente en las tablas salariales de muchas empresas, incidiendo en mayor medida en los tramos inferiores. Estos incrementos han influido en la negociación colectiva, dejando obsoletos muchos convenios en vigor e interfiriendo, por tanto, en muchas de las 4.500 mesas de negociación colectiva que están conformadas en España”.

Otro de los impactos del aumento del SMI (se ha retocado tres veces desde la formación del Gobierno de coalición en 2020) está relacionado con la destrucción de empleo que estas alzas han provocado en el mercado laboral. Según el informe, los incrementos implementados entre 2016 y 2019 impulsaron el salario mínimo un 37,4% y, por ello, “la creación de empleos elementales se desaceleró fuertemente”. Para este periodo, Cepyme contabiliza que “de haberse producido una escalada moderada se podrían haber creado 131.600 puestos de trabajo”. Para el siguiente trienio, de 2019 a 2022 (donde pasó de 900 a 1.000 euros al mes) estima que la pérdida ha sido de 29.400 empleos. En total, desde 2016 se habrían perdido 160.000.

Estas contrapartidas tienen, según el informe, un mayor impacto sobre los colectivos más vulnerables, como son las mujeres, los jóvenes y los trabajadores menos cualificados; precisamente aquellos que son beneficiarios principalmente del SMI, y que tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos estiman en más de dos millones de personas.

El grueso del informe desgrana las diferencias de peso del SMI en España con respecto al de otros países europeos. “En ninguno de los grandes países de la Unión Europea el salario mínimo ha subido tanto como en España: un 52,6% desde 2016, frente a menos del 15% en Alemania, Francia y Holanda”. Junto con esta comparativa, el estudio advierte de que “España tiene la segunda relación más alta de la UE entre el SMI y el salario medio (54,1%)”; y que en Alemania, Bélgica y Holanda, entre otros, “esa relación es al menos 10 puntos porcentuales inferior”.