Bruselas se resiste a cambiar el mercado mayorista de la luz

El Gobierno español tiene hasta el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo para intentar hacer cambiar de opinión a los países del Norte. Junto a Portugal, Grecia e Italia, defenderá que hay que intervenir el mercado con el objetivo de desacoplar el gas y que este no marque el precio de la electricidad. En reiteradas ocasiones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido que, pese a solo suponer un 15% del suministro, el gas está fijando el precio del total por ser el último que entra. Al tratarse de un sistema marginalista, todos los que han vendido en la subasta se llevan el precio de la última unidad de energía comprada que ha pujado más alto.

La metáfora más manida ahora es que se está comprando un 85% del jamón barato y un 15% del caro, pero todo se paga al precio del cinco jotas. Sin embargo, esa no es la opinión de la Comisión Europea, que en el documento que publicó hace unos 10 días no se mostró dispuesta a tocar el mercado mayorista. Esta comunicación se redactó como una guía para que los países puedan tomar medidas con las que atajar la actual crisis energética. Y en varios puntos chirría con la postura del Gobierno español. El presidente Sánchez tendrá que hacer importantes avances en estos días para conseguir que Europa le permita hacer lo que pretende: intervenir en el mercado mayorista poniendo un tope de 180 euros al precio. Este ya existía hasta mediados de 2021, pero la Comisión insistió en que se suprimiera. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha admitido en público que si no consiguen que la UE lo acepte, entonces tendrán que regular al margen de Europa.

Según reconocen fuentes gubernamentales, el papel de la Comisión se quedó muy por debajo de lo que quería el Ejecutivo español. Parecía que Bruselas iba a dar su brazo a torcer. Pero Berlín intervino a última hora y se diluyó el texto. De ahí la gira del presidente Sánchez para intentar sumar una mayoría suficiente a favor de sus tesis. En la declaración del consejo informal de Versalles de hace una semana, se hizo una mención a la que se agarra el Gobierno español: “Invitamos a la Comisión a presentar para finales de marzo un plan para asegurar la seguridad del suministro y precios de la energía asequibles durante el próximo invierno”. Se está intentando que en este nuevo documento la Comisión abra la puerta a las intenciones de España.

En la comunicación publicada antes del Consejo, la Comisión no se muestra a favor de que se toque la formación de precios en el mercado mayorista. Es más, habla de no distorsionarlo. Lo que sí permite es tocar el mercado minorista estableciendo precios regulados para hogares y pymes, o compensar a hogares vulnerables con medidas como el bono social. Pero insiste en que debe hacerse minimizando los efectos para el mercado mayorista.

Aunque en el papel dice que se podría optimizar el diseño del mercado, se refiere a un informe del regulador europeo que aseguraba que el sistema marginalista era el mejor que cabía usar. La Comisión y los países del Norte son reacios a intervenir en el mercado por diversas razones: consideran que es una señal necesaria para incentivar la inversión que asegure el suministro a medio plazo y la descarbonización. También creen que es una señal para animar a buscar la eficiencia y los ahorros en el consumo de energía. Aunque solo se comercian cantidades limitadas de electricidad entre los países, la Comisión nunca ha querido tocar el sistema marginalista porque es la base para montar un mercado europeo en el que la energía más barata vaya de un país a otro. Por no hablar de que a Bruselas no le agrada que pueda generar distorsiones en la competencia entre industrias de distintos países por la energía.

Por otra parte, el documento de Bruselas sí que respalda que se puedan gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas para compensar a los consumidores. Solo que este impuesto debería durar como máximo hasta el 30 de junio y ceñirse solo a los beneficios que puedan surgir a raíz del conflicto, no por la subida previa que estaba ocurriendo desde el verano. “Debe destacarse que parte del aumento global en los precios del gas tiene un componente estructural (que podría definirse sobre la base de los precios medios) El impuesto no debería tratar con los efectos del componente estructural”, dice la comunicación.

El Gobierno español ya aprobó el año pasado un impuesto a esos beneficios. Sin embargo, tuvo que rehacerlo hasta dos veces y lo dejó muy diluido. Según el papel de la Comisión, ese impuesto que estableció el Ejecutivo no tendría validez en tanto que fue previo a la crisis por la invasión de Ucrania. No obstante, el Gobierno podría argumentar legítimamente que en realidad los precios ya estaban siendo alterados desde septiembre al restringir Rusia su suministro de gas.

Al amparo del documento de la Comisión, el Gobierno podría redefinir y endurecer este impuesto. Una posibilidad sería hacerlo a través de los beneficios del impuesto de sociedades, pero esta opción tiene el inconveniente de que tardaría un año en recaudarse.

Además, la Comisión cita expresamente que se pueden usar los ingresos del sistema de derechos de emisión de carbono, unos 2.000 millones de euros en España, para compensar las subidas a ciudadanos y empresas. Esos 2.000 millones es lo que cuesta en Francia bajar la gasolina 15 céntimos por litro. La UE también volverá a relajar el marco de ayudas de Estado para poder subvencionar a empresas intensivas en energía.

Es decir, la Comisión ofrece todo un paquete para intentar paliar el golpe de la energía con subsidios, bonos y bajadas de impuestos. Pero sin tocar el mayorista. El problema para el Gobierno es que la compensación requiere de mucho músculo fiscal en un momento en el que las finanzas públicas están tensionadas tras la pandemia y cuando el BCE va a dejar de comprar deuda. Al poner un tope, se limitaría el precio y solo habría que gastar dinero en compensar al gas por el coste que no haya sido retribuido. Habría un déficit, pero el ahorro que se conseguiría sería mucho mayor. Serviría para satisfacer las demandas de Podemos de no bajar impuestos. Y se trasladaría la imagen de que se mete mano al mercado eléctrico.

Fuentes del mercado sostienen que el Gobierno tiene razón en que el sistema necesita reformas. Sin embargo, no les gusta el tope al precio por los problemas que pueda generar: a medio plazo, un menor incentivo a la inversión; a corto, el mecanismo de compensación debe diseñarse bien para que no falte gas, porque las empresas lo llevan allá donde puedan ganar más y no donde solo le abonen los costes. Otro problema que señalan es que al haber más oferta que demanda por debajo de ese tope, el precio tenderá hacia los 180 euros.