La UE blinda sus mercados para garantizar la igualdad de condiciones en sus relaciones comerciales

La Unión Europea pretende que las empresas continentales compitan en igualdad de condiciones a las de otros países. Para lograrlo, este lunes y este martes ha dado pasos importantes en esta dirección. Por un lado, ha avanzado significativamente el mecanismo que exige a terceros países que las empresas europeas puedan optar a contrataciones públicas con las mismas condiciones que sus empresas lo hacen en Europa. Por otro, el Ecofin ha llegado a una posición común, aunque no por unanimidad, sobre el instrumento que exigirá que los productos que entren en el mercado europeo cumplen en su proceso de producción con los estándares medioambientales que exige la UE a sus empresas.

La presidencia francesa del Consejo de la UE comienza a dejar su impronta más allá de la oratoria y los escenarios grandiosos. Desde que el Ejecutivo de Emmanuel Macron se hizo cargo de la tarea que le corresponde este primer semestre de 2022, los planes presentados en enero señalaron a estas iniciativas como uno de los objetivos a sacar adelante en este periodo, las señalaban como herramientas útiles para lograr uno de los propósitos que se ha fijado el ya candidato a la Presidencia de Francia: lograr la autonomía y la soberanía económica europea.

París ha sido una de los capitales que más empeño ha puesto en que la UE exija un tratamiento recíproco a las empresas europeas cuando salen fuera a competir en concursos públicos. Esta medida, que se ha acordado por los representantes del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo y ahora debe sancionarse en ambas instituciones comunitarias, apunta a un país concreto sin nombrarlo: China. El mercado europeo asciende a 350.000 millones en contratación pública, según los cálculos de la Comisión cuando puso en marcha el proyecto, Este es un pastel muy grande y atractivo, pero los Estados que quieran que sus empresas opten a comerse una porción, van a tener que permitir lo mismo a las compañías europeas. Y aquí es donde aparece China. El gigante asiático, con un mercado que supera el billón de euros, realiza la mayor parte de sus contrataciones a través de empresas estatales. Pero no es el único, también India o Turquía ponen trabas.

Una vez Los Veintisiete y los eurodiputados den su aprobación al acuerdo alcanzado esta semana la UE concluirá un camino que ha sido largo y, en ocasiones, fallido. De hecho, esta no es la primera vez que la Comisión Europea intenta levantar una legislación como esta: lo hizo en 2012, pero no logró el apoyo del Consejo. Volvió a la carga en enero de 2016 y, sin embargo, no fue hasta junio de 2021 cuando los Estados miembros fijaron una postura para empezar a negociar con la Eurocámara, la otra institución legislativa del entramado comunitario, el reglamento definitivo. Esta larga marcha para poner coto a la creciente presencia china en los mercados de la UE o, al menos, exigir reciprocidad se debe a las reticencias que han evidenciado sobre la iniciativa en los países nórdicos, en Alemania e, incluso, en alguna ocasión, España.

Ese paso, que en el caso de la contratación pública tardó en llegar más de cinco años, se ha dado en solo ocho meses para el llamado mecanismo de ajuste en frontera. Este martes en el Ecofin se ha alcanzado una posición común en esta herramienta que se resume en la fijación de una tasa para la entrada de productos al mercado único en su fabricación no cumplen con los estándares medioambientales sobre emisiones de gases con efecto invernadero y que sí se exigen cuando el proceso se da en la UE.

Lucha contra el cambio climático

Según explican los documentos de la Comisión, la herramienta se ha desarrollado de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y, además de igualar las condiciones de competencia, también pretende luchar contra el cambio climático. El razonamiento de las instituciones comunitarias es el siguiente: la UE tiene las normas medioambientales más exigentes del mundo y, a su vez, uno de los mercados más amplios y con más poder adquisitivo. Por tanto, si una empresa o un país quiere acceder a ese volumen potencial de unos 400 millones de clientes deberá cumplir con unos requisitos pensados para luchar contra el calentamiento global. “El mecanismo de ajuste en frontera por carbono (MAFC) será un elemento fundamental del conjunto de herramientas de que dispone la Unión para cumplir el objetivo de neutralidad climática de la UE de aquí a 2050″, señala la exposición de motivos del proyecto de reglamento aprobado por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

Además de esa anunciada lucha contra el calentamiento global, este mecanismo de ajuste de carbono busca evitar la deslocalización de empresas que huyan del suelo comunitario para instalar su producción en lugares donde las exigencias son menores y tienen menores costes. De ahí que también sea defendido por quienes lo impulsan como una herramienta que “permite proteger a las empresas europeas de países con objetivos climáticos menos ambiciosos”, según ha apuntado Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés y presidente de turno del Ecofin, el órgano que agrupa a todos los responsables de Economía y Finanzas de la UE. También la vicepresidenta española, Nadia Calviño, ha señalado, con los mismos argumentos que Le Maire, que el paso dado este martes es “clave”.

Francia había puesto mucho empeño en impulsar este reglamento durante su presidencia, como apuntan fuentes diplomáticas presentes en las deliberaciones en días previos. Este martes no había unanimidad en el Ecofin, no obstante, ha salido adelante por mayoría, ya que no se requería unanimidad.