La gran palanca del empleo

España culminó la Gran Recesión 2008-2011 con un pico de 6,2 millones de parados en el primer trimestre de 2013, un 27,16% de la población activa, según la EPA. Y ahora le ha dado la vuelta a la crisis pandémica de 2020 con 3,1 millones el pasado enero, el 13,3%. Tardó entonces ocho años en volver al desempleo de partida, Ahora, solo un año y medio.

¿Por qué esta diferencia? Porque en aquella crisis se destruyó salvaje e irremisiblemente empleo. Y ahora, en cambio, se ha conservado, congelándolo hasta el despegue de la recuperación gracias a ingentes ayudas públicas hasta que la actividad se reactivase y urgiese trabajo con que nutrirla. El secreto ha sido pasar de los ERE (expedientes de regulación de empleo) —con despidos colectivos masivos—, a los ERTE, regulaciones solo temporales de empleo o con reducción parcial de jornada.

Los ERTE han sido así la gran palanca de este éxito colectivo. En su cénit, 1 de mayo de 2020, refugiaron a 3,5 millones de trabajadores (exactamente, 3.559.580). Al inicio de este 2022 se habían reducido a poco más de cien mil (117.357). Es decir, se habían salvado 3,4 millones de empleos del riesgo cierto de destrucción, como indica el gráfico.

Los datos son incontestables. Se bastan por sí mismos para desacreditar las alegaciones de un exiguo grupo de economistas, con el ultraliberal Daniel Lacalle a la cabeza, según las cuales se intentan “disfrazar mes tras mes las malas cifras de empleo”.

Aquí no hay “paro encubierto”. A 31 de enero, quedaban solo 105.043 en ERTE-covid: de ellos solo poco más de la mitad, 54.294, tenían todo su empleo suspendido; el resto, 50.749, trabajaban a tiempo parcial, como indican los gráficos. En otra variante de ERTE, los ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas) se refugiaban 11.778, vinculados a la crisis de suministros; también en descenso, pues habían sido más del doble en noviembre. Del total de 116.821, los más afectados, a los que costará más volver a sus puestos, son unos 29.600 del sector de la hostelería.

Otra leyenda inversa (pero paradójicamente concomitante) a la del paro encubierto es que las bondades de los ERTE utilizados en masa en la pandemia proceden de la reforma laboral de 2012. “Los ERTE, ¿quién lo puso en marcha?, ¡el Partido Popular!”, dijo en el Congreso (10/11/21) su número dos, García Egea; se los apuntó y relanzó una falsa frase de Pablo Casado (13/8/2020), que ha prodigado en la campaña de Castilla y León.

Lo que hizo aquella reforma fue suprimir la autorización administrativa a esos expedientes. Pero gozaban de apoyo público limitado. Las empresas se lanzaron a lo fácil, despedir mediante ERE. En 2012, los afectados por estos expedientes fueron —no solo despidos— 483.313.

En realidad los ERTE ya los había posibilitado el Estatuto de los Trabajadores (Gobierno Suárez) en 1980. “El contrato podrá ser suspendido temporalmente por causas tecnológicas o económicas o derivadas de fuerza mayor”, rezaba su artículo 47: al cesar estas, el trabajador se reincorporaría. Si no cesaban, se le daba el seguro de desempleo, que entonces se dignificó al pasar a 18 meses, triplicando el semestre establecido por la dictadura, en 1961. Pero no estipulaba apoyos a las empresas. Tampoco las precisiones de la reforma de 1995 estimularon la suspensión temporal.

Fue la primera reforma Zapatero la que en 2009 (RDL 2/2009) había estructurado los ERTE para “favorecer la regulación temporal de empleo en lugar de la extinción de los contratos”. Les otorgó bonificaciones del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, bajo el “requisito necesario” de que el empresario mantuviese el empleo de los afectados al menos durante un año tras finalizar la suspensión temporal.

Los retoques posteriores de 2012 tampoco variaron sustancialmente la tendencia. Hubo que esperar a la asfixia de la crisis pandémica para estimular de verdad la congelación de contratos en vez de su destrucción: esencialmente con la exoneración a las pymes del 100% en su cotización empresarial (75% para la gran empresa, de más de 50 trabajadores) decidida el 17 de marzo de 2020, al poco de explosionar la pandemia (RDL 8/2020).

A los obreros afectados se les dispensó el periodo mínimo de cotización exigible y se les borró el tiempo que recalarían en el desempleo del consumo del periodo máximo computable.

Los cinco subsiguientes decretos Escrivá-Díaz prorrogaron, con mejoras a empresas y trabajadores, esas palancas, que se revelaron como el más poderoso incentivo para evitar la destrucción de empleos. “Hemos ido aprendiendo a mantener la actividad pese a la reducción de la movilidad, y a reactivar la economía en las fases de levantamiento de restricciones”, concluye el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. De hecho, los repuntes de las oleadas de la segunda mitad de 2021 (y sus restricciones) ya no incrementaron el número de trabajadores suspendidos.

A la conservación de puestos y a la vuelta al trabajo contribuyó también el estímulo para activar a los afectados (RDL de 27 de junio), en las distintas prórrogas, mediante la vía de bonificar más las cuotas por los trabajadores que volvían a la actividad (hasta el 60%) que por los suspendidos (35%). O al aumentar la generosidad para los sectores más afectados por la parálisis (RDL de 30 de septiembre). Y a las empresas que más formación prodigan a sus suspendidos (30 / 40 horas), con rebajas del 80% (contra el 40% a las que no reciclen ni formen), que sigue vigente hasta final de este mes.

Otros instrumentos útiles han servido para impulsar la suspensión parcial, que al principio no alcanzaba el 10% de la total y ahora roza el 50% (ver gráfico). O al objeto de agilizar las herramientas para afectar y desafectar a las plantillas según la evolución de la demanda.

Todos estos elementos han sido incorporados como estructurales en la reforma laboral recién aprobada, particularmente en el mecanismo RED, que consagra los ERTE mejorados durante la crisis.