La justicia condena a la Diputación de Pontevedra por contratar a 38 falsos becarios

La Diputación de Pontevedra ha sido condenada por el Tribunal Supremo por contratar a 38 falsos becarios. La institución provincial reclutó a los afectados como participantes de programas formativos, pero la justicia considera que la finalidad real de las bolsas era “obtener un servicio” y, por tanto, reconoce la existencia de relación laboral. El auto del alto tribunal, que confirma sendas sentencias anteriores de un juzgado de lo social de Pontevedra y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aduce que los supuestos becarios realizaban su labor “con total autonomía”, “sin la supervisión de un tutor ni de ningún trabajador”, sometidos “a horario y disciplina de entrada y salida” y sin programa de aprendizaje alguno. No había “más formación que realizar las tareas encomendadas”, ratifica el Supremo.

El caso estalló hace tres años tras una visita de oficio a la sede de la Diputación de Pontevedra por parte de la Inspección de Trabajo, después de que CC OO denunciara que la institución pública estaba utilizando a becarios para desempeñar trabajos que le correspondían al personal laboral. El sindicato explica que ya entonces la autoridad laboral dictó un acta sancionadora, en la que se han basado las resoluciones judiciales que han dictaminado que no existía ninguna formación, incluido el auto del Supremo contra el que ya no cabe recurso.

Las falsas prácticas laborales estaban destinadas, entre otros, a maestros composteros, a graduados en Historia y en Información y Documentación y a diversos puestos en varios Ayuntamientos de la provincia. También incluyeron plazas en una estación fitopatológica donde los afectados llevaron a cabo cursos de materias ajenas a su tarea, como fotografía, inglés, lenguaje de signos o cocina. El auto del alto tribunal concluye que la poca oferta formativa que la Diputación de Pontevedra habilitó fue “puramente accesoria dentro de la prestación de servicios” que realizaban los supuestos becarios. No imperó el interés formativo, añade, sino el empresarial.

CC OO sostiene que la Diputación pontevedresa, gobernada por PSOE y BNG, tendrá ahora que crear las 38 plazas que ocupaban los becarios denunciantes, readmitirlos en sus puestos y pagarles el salario que les correspondería como personal indefinido desde que entraron a trabajar y hasta la actualidad. El organismo que preside la socialista Carmela Silva, por su parte, señala que el auto del Supremo no conlleva la readmisión inmediata y dependerá de lo que decidan los juzgados sobre cada una de las demandas que presentaron los 38 falsos becarios. En su defensa, la Diputación esgrime que el plan de prácticas laborales que ha recibido el varapalo judicial fue “ideado, creado y puesto en marcha por el PP”, que gobernó hasta 2015, y ya no está vigente.

El sindicato denuncia que la precariedad laboral en las Administraciones ronda el 25% y, en este caso, las “contrataciones fraudulentas” sobre las que acaba de pronunciarse la justicia afectaron en realidad a unas 200 personas integradas en los supuestos programas de formación de la Diputación de Pontevedra. Sin embargo, solo 38 de ellos accedieron a denunciar “por miedo a represalias” en futuras oposiciones, asegura José Ramón Piñeiro, secretario comarcal de CC OO en Pontevedra. “El equipo de gobierno está haciendo una política de personal nefasta e impropia de un gobierno socialista”, critica Piñeiro.