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Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra, condenado a dos años de cárcel

El expolítico otorgó una subvención de 86.000 euros para unas obras en un campo de fútbol que ya estaban realizadas

Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, el 21 de noviembre durante el juicio.
Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, el 21 de noviembre durante el juicio.OSCAR CORRAL

Rafael Louzán, que presidió la Diputación de Pontevedra y el PP provincial durante casi dos décadas, ha sido condenado a dos años de cárcel por ordenar la concesión de una subvención irregular de 86.311 euros cuando ocupaba el cargo. La sentencia concluye que Louzán —actual presidente de la Federación Gallega de Futbol— incurrió en un delito de cohecho y otro de fraude al autorizar dicha subvención, que se destinó a realizar unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña cuando en su mayor parte ya estaban ejecutadas.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra considera probado que la constructora a la que la Diputación había adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación. Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, por lo que, según la sentencia, “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba”.

En 2013, para hacer frente a ese pago, con el acuerdo de los ahora condenados, se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma constructora por ese importe (mejoras en el vestuario y las gradas del campo de fútbol), a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas. Una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales, “se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de futbol”, indica el fallo.

El entonces presidente de la Diputación, afirma la sentencia, “sabía de primera mano, por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado por la Diputación, que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas”.

El fallo, recurrible ante la Audiencia de Pontevedra, también conlleva una condena de 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exbarón del PP. “La conducta del expresidente de la Diputación evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho”, incide el fallo.

Idéntica condena recibe Luisa Piñeiro, actual delegada territorial de la Xunta de Galicia y alcaldesa de Moraña cuando se produjeron los hechos, y el entonces director de Infraestructuras de la Diputación. El tribunal los considera cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude. Piñeiro presentó este viernes su dimisión.

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A la misma pena de prisión de dos años ha sido sentenciado el administrador y un empleado de la adjudicataria del proyecto, Eiriña Construcciones, así como el arquitecto que lo firmó, a quienes la sentencia también ha inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años.

Por último, el fallo impone un año de prisión y dos años de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad sabiendo que se trataba “de un mero trámite” para adjudicar la obra a una determinada empresa. Se trata de Eiriña Construcciones y Construcciones y Canalizaciones Salnés.

El caso se enmarca en la Operación Patos desplegada en 2013 por presunta corrupción e irregularidades de contratos públicos que tuvo en el punto de mira a varios políticos imputados, entre ellos el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Cuatro años después, el caso se desinfló por falta de pruebas y la instructora decretó el archivo de prácticamente todo lo instruido que afectaba a 23 implicados, dejando abierta la pieza de Louzán. Este abandonó la política en 2016 inmerso en otro asunto judicial del que finalmente salió absuelto.

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