Louzán afronta tres años de prisión por sobrecostes del campo de fútbol de Moraña

Una escisión de la voluminosa y frustrada Operación Patos sentará este viernes en el banquillo a Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega de Futbol, por supuestos sobrecostes en las obras del estadio de Moraña, que se ejecutaron hace siete años, durante la etapa en la que presidió la Diputación de Pontevedra. La fiscalía pide para él una condena de 3 años de prisión por un presunto delito de prevaricación.

Junto a él también será juzgada la delegada territorial de la Xunta y exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, además de otros seis acusados de supuesto fraude y prevaricación en la contratación y sobrecoste de las obras del campo. La Fiscalía solicitada para ellos condenas de entre dos y cinco años de prisión.

El proyecto se aprobó en diciembre del 2011 para dotar al campo El Buelo de hierba artificial y otras obras en las instalaciones anexas. El presupuesto global, entre la redacción del proyecto y su ejecución, rondó el millón de euros que se costeó a través de una subvención discrecional del presidente Rafael Louzán. Las obras fueron contratadas por la firma Construcciones Eiriña.

En 2013 se aprobó un proyecto modificado para “ajustarse a las nuevas necesidades surgidas durante la ejecución, y ello sin coste adicional sobre el presupuesto inicial”, según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Entonces se aprobó el reconocimiento de pago de la certificación correspondiente, haciendo constar que no quedaba pendiente de ejecutar ninguna obra

Sin embargo, el fiscal sostiene que como la empresa Eiriña había realizado obras no contratadas y fuera del proyecto aprobado a petición del Ayuntamiento de Moraña, esta reclamó el pago de 86.816,47 euros. Por lo que presentó una nueva certificación en la que se aumentaban algunas partidas hasta llegar al importe total que reclamaba la constructora.

Pero al tratarse de una obra ejecutada con subvención no se podía rebasar el importe consignado, por lo que dicha certificación no fue finalmente atendida. Así, según la Fiscalía de Pontevedra, “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado”. Y se hizo, presuntamente, con el acuerdo del presidente de la Diputación, el director de infraestructuras de esta Administración, el representante y el administrado de la empresa Eiriña, la alcaldesa de Moraña y el arquitecto.

En agosto de 2013, Luisa Piñeiro solicitó una nueva subvención a la Diputación de Pontevedra en base a un proyecto técnico de mejoras en el vestuario y gradas del campo de fútbol que fue firmado por el arquitecto y acusado en este proceso, en el que se recogían obras ya ejecutadas. Finalmente la junta de gobierno provincial concedió la ayuda con cargo a la partida de libre disposición del presidente.

Tres empresas optaron a la ejecución de las obras, Eiriña, Construcciones E.C. y Canalizaciones y Construcciones S., aunque el fiscal considera que la invitación a estas dos últimas fue un mero trámite con apariencia de legalidad. “Consta que al menos parte de los obras a que se refiere el proyecto del arquitecto ya habían sido realizadas antes de la presentación de la solicitud de subvención por parte de la acusada Luisa Piñero y, especialmente, antes de que se firmase el acta de comprobación de replanteo”, señala la acusación pública.