El ex jefe de gabinete de Sánchez Galán afirma que ignoraba que las facturas que visó fueran de Villarejo

Cita judicial de envergadura para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El primer ejecutivo de la eléctrica española tendrá que personarse este martes en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por los encargos formulados al comisario jubilado José Manuel Villarejo. El ejecutivo de la mayor eléctrica española solicitó intervenir por videoconferencia, pero el juez encargado del caso, Manuel García Castellón, rechazó la petición.

24 horas antes de la cita de Sánchez Galán en la Audiencia han prestado declaración dos de sus directivos de máxima confianza durante años: el ex director general de negocios de Iberdrola Francisco Martínez Córcoles, todavía consejero externo, y su ex jefe de Gabinete Rafael Orbegozo, que también había intentado —infructuosamente— declarar vía telemática. Orbegozo ha afirmado que ignoraba que algunas de las facturas que él mismo visó durante el desempeño de su cargo estuvieran relacionadas con encargos a Villarejo y ha expuesto que todas las facturas que autorizó se correspondían con conceptos reales y coincidían con viajes realizados por directivos, según fuentes judiciales consultadas por Efe.

La versión del ex jefe de gabinete de Sánchez Galán contrasta con lo declarado, también en sede judicial, por quien fuera máximo responsable de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, que reconoció haber manipulado las facturas de modo que los conceptos no se correspondían con los servicios prestados. Según el auto de imputación, el objetivo era ocultar la participación en la ejecución de los trabajos de Villarejo cuando este aún se encontraba en situación de servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Por su parte, Martínez Córcoles ha afirmado ante el juez desconocer por qué figura en la causa, a pesar de que su nombre aparece en un documento de diciembre de 2004 en relación con los trabajos de Villarejo. Ese papel fue escrito por el también exdirectivo José Antonio del Olmo, que a su vez figura como querellado en esta misma causa por Iberdrola por falsedad documental.

Entre 2004 y 2012, como ha documentado el juez García Castellón, figuran como recibidas y abonadas 15 facturas emitidas por la empresa del excomisario de policía Villarejo por más de un millón de euros. La causa trata de aclarar si Iberdrola contrató sus servicios para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a accionistas críticos.

Daño reputacional

Además de Sánchez Galán, este martes acudirá a sede judicial el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker. Al igual que Martínez Córcoles y Orbegozo, ambos están imputados en la causa por supuestos delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad documental. En el auto, publicado en 2019, el magistrado apreciaba indicios de “voluntad” por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt. Uno de ellos es el supuesto espionaje al presidente de ACS, Florentino Pérez, para evitar que este asaltase el consejo de la eléctrica. El fin de ese trabajo encargado a Villarejo era “conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola”.

Otro de los proyectos encomendados a través del entonces jefe de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, fue el denominado “Black Board” o “B-B”, desarrollado en 2004 y 2005 y que, según el informe de Cenyt, “tenía por objeto conocer información de naturaleza sensible” acerca del entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro. En aquellos años, Sánchez Galán ocupaba el puesto de vicepresidente y consejero delegado de la compañía, en tanto que Becker, histórico del grupo, era director de recursos humanos y servicios, y Martínez Córcoles ejercía como director de generación.

La llamada a declarar de Sánchez Galán y otros directivos de Iberdrola empieza a tener impacto más allá de lo judicial. En la esfera puramente empresarial ya ha sido esgrimida como uno de los factores clave de la negativa de los reguladores estadounidenses a la compra de PNM Resources, una operación clave en el crecimiento de la española en América del Norte. La eléctrica ha presentado un recurso contra ese fallo y se ha dado de plazo hasta mediados de este año para tratar de reencauzar la transacción.

Tras el no del regulador de Nuevo México a la operación por su implicación en el caso Villarejo, hace poco más de un mes, Iberdrola presentó un escrito en la Audiencia Nacional en el que apremiaba al juez a avanzar en la investigación. En el documento, la eléctrica cargaba contra el magistrado —al que acusaba de traspasar todas “las líneas inimaginables”—, y denunciaba el “daño reputacional” que le estaba causando.