Villarejo: verdades y mentiras de un adicto a las grabaciones
EL PAÍS analiza las pruebas acumuladas en distintos sumarios para intentar determinar qué parte del relato del comisario jubilado es falso y qué auténtico
El comisario José Manuel Villarejo Pérez fue detenido el 3 de noviembre de 2017 tras una investigación secreta iniciada por la Fiscalía Anticorrupción unos meses antes. El registro judicial de sus casas y empresas destapó un escándalo que salpica a varias instituciones del Estado, al PP de Mariano Rajoy, al Ministerio del Interior, al rey Juan Carlos I, al Centro Nacional de Inteligencia, a media docena de comisarios, a periodistas y a algunas de las principales empresas del Ibex 35.
La policía halló en el registro grandes cantidades de dinero en efectivo —producto de una herencia y de la desconfianza hacia los bancos, según la versión del comisario—, relojes y bolsos de lujo, varios lingotes de oro, dos decenas de discos duros donde se almacenaban grabaciones de conversaciones con periodistas, políticos y empresarios, agendas donde anotaba sus citas y escribía reflexiones sobre sus contactos, contratos de sus empresas privadas con numerosos clientes, e informes de inteligencia basados en espionajes ilegales. Todo ese material reunía cientos de pruebas de los delitos supuestamente cometidos por el comisario durante más de 20 años de actividad profesional: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales...
El juez Manuel García Castellón, que inició la causa por los negocios de Villarejo con un empresario vinculado a Guinea Ecuatorial, abrió en cuatro años de instrucción hasta 30 piezas distintas por las actividades del comisario, jubilado en 2016.
Villarejo ha comenzado a defenderse ahora en el primero de los juicios que le esperan. La Fiscalía Anticorrupción le acusa como jefe de una trama empresarial dedicada a espiar y extorsionar a los adversarios de sus clientes a cambio de grandes cantidades de dinero. El comisario jubilado ha aprovechado la ocasión para deslizar desde el banquillo graves insinuaciones sobre diversas instituciones del Estado, fundamentalmente el CNI, y ha intentado ensuciar la imagen de personalidades relevantes, involucrándolas directa o indirectamente en sus gestiones delictivas para clientes privados.
Sus confesiones como principal acusado en este juicio, con derecho a mentir para defenderse, han trasladado la idea de que las andanzas del comisario Villarejo están basadas en una gran falacia.
EL PAÍS ha analizado las pruebas acumuladas en distintos sumarios durante los cuatro años de investigación judicial para intentar determinar qué parte del relato de Villarejo es falso y qué parte es auténtico.
La extorsión como arma política. Primer objetivo: Ignacio González
Villarejo facilitó en marzo de 2015 a varios medios de comunicación una parte de la conversación grabada a Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, durante una reunión celebrada el 29 de noviembre de 2011 en una cafetería próxima a la Puerta del Sol.
El comisario sostiene que esa reunión era una misión policial encomendada por su jefe, el entonces director adjunto operativo, ya fallecido. Sin embargo, otro comisario, su examigo Enrique García Castaño, asegura que la reunión la organizó él para hacer un favor a Ignacio González.
El político pidió ayuda en esa cita a Villarejo para enterrar la polémica sobre un ático en Estepona que tenía alquilado. La policía investigaba si el inmueble era en realidad el pago a González de una comisión ilegal por una adjudicación corrupta.
La publicación de esa grabación, más de tres años después de la cita, dio la puntilla política a Ignacio González. El PP de Mariano Rajoy lo borró como candidato en las elecciones autonómicas que se celebraron dos meses después. Un juzgado imputó a González y a su esposa por las sospechas sobre el ático. Hace sólo unos meses la causa fue archivada por falta de pruebas.
Villarejo presumió con sus amigos de aquella gestión: “Les llamé [a los dirigentes del PP] y les dije: ‘Oye, que estoy intentando parar la grabación pero no sé si va a ser posible’. Y me dicen ya que siga, porque está muy cabreado. Se le pega el estocazo”. En las agendas personales de Villarejo, el comisario apuntó varias veces entre 2012 y 2015 el interés del PP por desacreditar a Ignacio González.
Chivatazos al PP para evitar daños en el ‘caso Gürtel’
Las grabaciones de Villarejo a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, revelan la información que el comisario facilitó sobre investigaciones policiales secretas. Entre ellas, las referidas al caso Gürtel, con chivatazos para que dirigentes del PP implicados en las mismas pudieran destruir pruebas antes de que se ejecutarán diversos registros. “Yo hablé con Cotino hace unos días”, le cuenta en una de sus conversaciones al marido de Cospedal el 9 de septiembre de 2009. “Le dije que le dijera a su sobrino que limpiara los papeles y que tuviera cuidado con una adjudicación porque estaban al loro. Y le dije que había una investigación abierta al presidente de la Diputación Provincial de Alicante y entraba mucho Zaplana”. Unos meses después de aquella conversación, la policía detuvo dentro de la Operación Brugal al presidente de la Diputación de Alicante.
Aunque Villarejo nunca formó parte de las investigaciones del caso Gürtel, su cercanía al jefe de la unidad policial encargada del caso le hizo conocedor de múltiples aspectos de la causa.
El CNI como chivo expiatorio para justificar las grabaciones
José Manuel Villarejo sostiene que las grabaciones que le incriminan en múltiples delitos y que ha desencadenado la imputación de empresarios, policías, periodistas y políticos, fueron ejecutadas por el CNI. “Me tenían monitorizado aunque me entregaban las grabaciones por mi seguridad”, declaró en el juicio. Las grabaciones —muchas de conversaciones telefónicas, otras realizadas en restaurantes, despachos o incluso en el interior de coches— solo las podía hacer él directamente. Las pruebas recabadas durante la investigación judicial no apuntan en ningún caso al CNI. Villarejo lo explicó así a EL PAÍS: “La inmensa mayoría de las grabaciones no son mías, son del CNI. En 2001 empecé a mantener relaciones con países árabes cuando el CNI decidió que era mejor mantenerme monitorizado las 24 horas, cosa que yo acepté porque pensé que nunca iban a ser tan locos…”.
Y sin embargo, en la misma entrevista con EL PAÍS declaró: “Yo he grabado en ocasiones (…)”. Y explicó que guardaba en su casa todo ese material con un objetivo: “Era mi archivo personal, yo pensaba que cuando tuviera 80 años tranquilamente escribir unas memorias, escribir lo que era realmente la historia de España y en cualquier caso ya tenía hablado a una serie de personas de empezar a escribir mis memorias una vez jubilado siempre que no se publicaran antes de 2040 como mínimo”.
Febrero de 2017, ocho meses antes de su detención. “Si me registran, les tengo preparada la declaración jurada de Corinna”
El policía jubilado hablaba ocho meses antes de su detención con un periodista: “En cualquier momento”, contaba Villarejo, “se buscarán a un juez para justificar un registro en mi casa. A ver qué encuentran. Hombre, dos o tres cosas para que las encuentren y no las tengan que buscar yo las tengo preparadas, ¿no? Eh, para que… además, le diré al secretario [judicial], tome nota, tome nota que se lleven esto, eh, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna no sé qué dice esto, aquí esta. Tome usted nota que se lleven esto, ¿eh? Y no se preocupe que la rompan porque tengo muchas copias”.
En aquella charla grabada, el policía resumía su estrategia ante al acoso judicial que empezaba a sufrir y ante una posible detención, que se produciría meses después. Si alguien le amenazaba, Villarejo destaparía información sensible que ponía en peligro a altas instituciones del Estado. Esa maniobra, pensó, sería su principal blindaje y le convertiría en intocable.
Al menos, así lo contaba un año antes su compañero Enrique García Castaño, comisario de policía como él, a una periodista del diario Público. “Entonces, siguiente paso, todo esto de las cuentas de Corinna; una cuenta que hay en Turquia, una cuenta que hay en Suiza, las comisiones, los pagos, los billetes, los cuadros, el no sé qué… no sé cuántos. Todo lo tiene Cerdán [periodista de Ok Diario]. Y en el momento en que a Villarejo se le cruce la locura o vea que le entra la paranoia de “van a por mí”, ¡pum! (…) Y esa es la jugada”.
Siete meses después de que Villarejo entrase en prisión, Ok Diario y El Español publicaron parte de la grabación de una de las reuniones entre el comisario de policía y Corinna Larsen, donde la examante de Juan Carlos I detalla los negocios opacos del rey y su fortuna oculta en Suiza.
Aquellas confidencias destapadas por Villarejo tras grabar a Corinna concluyeron con varias investigaciones en España y en Suiza que acreditaron la existencia de una fortuna multimillonaria que el emérito ocultó en Suiza y que nunca declaró a la hacienda española. Como Villarejo estaba en la cárcel cuando se produjo la publicación de aquella conversación, el comisario acusó de la filtración a los fiscales anticorrupción que llevaban el caso: “Hay 20 sujetos en la Fiscalía Anticorrupción que son podemitas declarados y radicales y que son ellos quienes filtran el tema de Corinna”. No hay ni una sola prueba en el sumario que acredite esa circunstancia y sin embargo hay múltiples indicios de que Villarejo tenía la intención, reconocida por él mismo, de hacer pública esa información si se veía en dificultades.
Las insinuaciones falsas sobre los atentados de Barcelona
Villarejo mantiene una guerra particular contra el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldan, al que acusa de todos los males que le amenazan. Sin que viniera a cuenta ni estuviera relacionado con los hechos que se le atribuyen, el comisario jubilado deslizó en el juicio la idea de que el servicio de inteligencia español tenía controlado a uno de los supuestos cerebros de los atentados de Barcelona y, pese a ello, le dejo seguir con los preparativos de la masacre para desestabilizar al Gobierno catalán, metido de lleno en el desafío independentista. “Al final fue un error grave del señor Sánz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña”, declaró el comisario.
Cuando ocurrieron aquellos hechos, Villarejo era ya un policía jubilado, no participó en la investigación del atentado y, por tanto, nunca tuvo información directa para insinuar algo tan grave. Pero el Gobierno catalán aprovechó la insinuación del comisario para reclamar una investigación urgente de los hechos dejando en el aire la idea de que el Gobierno español permitió el atentado de Las Ramblas.
El Parlamento catalán investigó ya aquellos hechos y la supuesta teoría de la conspiración, según la cual, el CNI tenía controlado al terrorista que ideó los atentados y no hizo nada para evitar la tragedia.
Los hechos probados cuentan que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, había estado cuatro años preso (2010-2014) por tráfico de drogas y el CNI se entrevistó con él unos meses antes de quedar libre. Tres años después de salir de prisión se cometieron los atentados de Barcelona y Cambrils donde murieron 16 personas. Es Satty, considerado cerebro de aquellos atentados, falleció un día antes de la masacre en la explosión de la casa de Alcanar, donde se escondía el comando terrorista para preparar el ataque.
La tesis conspiratoria señalaba que la Policía hizo desaparecer la ficha de Es Satty para que nadie supiera que había sido confidente de este cuerpo de seguridad. Pero la premisa era falsa: nunca se destruyeron esas fichas. También se llegó a sugerir que el CNI intervino los teléfonos de los terroristas cinco días antes de los atentados, cuando en realidad lo que se hizo fue rastrear todas las llamadas del comando en los cinco días siguientes al del atentado.
Filtraciones desde la cárcel para enredar en el proceso
Villarejo acusó en reiteradas ocasiones a la Fiscalía y al CNI de filtrar el material del que se le incautó en sus casas y en sus empresas durante los registros. Sin embargo, la investigación judicial (pieza número 28 del caso Tandem) ha acreditado lo contrario. Villarejo siguió controlando desde la prisión de Estremera una “ingente documentación” que ofreció a periodistas, políticos y abogados a través de otros presos que salían de permiso. Parte de esa documentación estaba incluida dentro del sumario abierto en la Audiencia Nacional, pero otra parte (entre ella, algunas grabaciones) no estaban accesibles para los personados en la causa. Los archivos que Villarejo puso en circulación a través de otros presos tenían relación con la Operación Cataluña —gestiones policiales contra el independentismo—, con el extesorero del PP, Luis Bárcenas; o con la examante del rey, Corinna Larsen, entre otros.
